El conflicto en el transporte público nacional también impacta en la provincia de Jujuy. Mientras el paro de colectivos en AMBA terminó de hacer estallar la olla a presión que se había gestado con la disminución de la frecuencia decidida por las empresas, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alerta que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo por la crisis del sistema.
El presidente de la entidad de Transporte provincial, Guillermo Ruíz, remarcó que las empresas comenzaron con la reducción de servicios, suprimen horarios y ponen en riesgo la continuidad de algunas líneas debido a la imposibilidad de cubrir erogaciones disparadas.
Las medidas adoptadas no son aisladas, sino que se enmarcan en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.
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En diálogo con Radio 2, Ruíz remarcó que la tarifa no puede subir significativamente porque el público no puede pagarla, lo que determina incrementos pequeños que no compensan la caída de pasajeros desde 2024. A fines de enero, los usuarios del transporte urbano de la capital jujeña se encontraron con un nuevo aumento en el precio del boleto, en un contexto de subas generalizadas y pérdida del poder adquisitivo. Con esta nueva escala, el boleto mínimo pasó a costar $1.226,27 y la tarifa para los trayectos más largos alcanza los $1.951,81.
En este marco, el representante del sector consideró inútil buscar apoyo en el gobierno de Javier Milei, ya que el territorio jujeño no recibió fondos del último reparto federal. Pese a la desidia por parte de la Casa Rosada, reclamó un "'paquete de medidas" que incluya una ley de emergencia y un control más estricto sobre el transporte informal.
Tras días de conflicto, el Gobierno gira subsidios y empresas prometen mejorar frecuencias
Las cámaras empresariales acordaron con el Gobierno el giro de los subsidios adeudados, lo que permitiría pagar los salarios restantes y normalizar la frecuencia del servicio. Luego de tres días de tensión por la reducción de las frecuencias, este jueves a media mañana los empresarios del sector se reunieron con el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, para buscar una solución tanto a la retención de tareas lanzada por la UTA a partir de la medianoche de hoy como a la baja en las frecuencias resuelta por las propias cámaras.
Estas últimas señalaron a El Destape, en la previa del encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, que su expectativa era que la Secretaría de Transporte "al menos nos cancele la deuda en subsidios". De ese modo, agregaron, alcanzaría "en lo inmediato" para que las empresas que todavía adeudan los salarios de marzo puedan pagarlos y se levantara la medida de fuerza.
Efectivamente, tras la reunión, los representantes de las cámaras dieron a conocer que el Gobierno pagaría los subsidios adeudados. "Se van a ir cancelando las deudas que hay a la fecha, por unos 150.000 millones de pesos, a partir de mañana", destacó Luciano Fusaro, titular de AAETA, a la prensa a la salida del encuentro. El pago fue confirmado por Transporte en un comunicado.
Fusaro agregó que esos pagos se normalizarán "en los próximos días", por lo que, "en la medida en que eso pase, las empresas pueden subir los niveles de servicio". Y señaló que "a partir de mañana la gente va a notar una mejora gradual de los servicios", pero advirtió que eso "no es inmediato". Este jueves había en circulación unos 12.000 colectivos, frente a los 15.000 de los últimos meses y los 18.000 de años anteriores.
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