El caso Aralí Vivas, que investiga el abuso y crimen de una nena de ocho años en la localidad de Brinkman en noviembre del 2024, llegó a juicio y ahora la Justicia de Córdoba acaba de condenar a prisión perpetua a Rocío Rauch, la madre de la niña; a su ex pareja, Ezequiel Simeone y a un amigo de él, Cristian Varela.
El tribunal los encontró culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado. La mamá de Aralí fue condenada por mayoría como partícipe necesaria de abuso sexual triplemente agravado y homicidio triplemente calificado.
Tras conocerse el fallo, la mamá de Aralí sufrió una crisis de nervios y apuntó directamente contra su ex pareja: "Drogadicto de mierda. Te odio, todo esto es culpa tuya, hijo de puta".
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Las condenas
Además de la prisión perpetua sobre Rauch, la Justicia determinó por unanimidad que Simeone fue coautor de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado. También fue hallado responsable del incendio de la vivienda donde se perpetró el crimen.
Al padrastro de la nena se le unifica con una condena a dos años y tres meses de ejecución condicional por una sentencia del 7 de septiembre del 2023 en San Francisco.
El amigo de Simeone, Varela resultó por su parte sentenciado por unanimidad como coautor de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado.
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El caso Aralí Vivas
El 2 de noviembre del 2024, Aralí Vivas fue hallada asesinada en su casa de Brinkmann, en el este cordobés, que compartía con sus hermanos más chicos. La autopsia reveló que no hallaron monóxido de carbono en sus pulmones y que presentaba “un traumatismo en la zona craneal”.
Unos días después, se agregó que el inmueble fue incendiado intencionalmente para tapar algo peor: que había sido abusada sexualmente previamente al homicidio.
Tras las inspecciones, la investigación determinó que el cuerpo de la niña presentaba material genético masculino de Matías Ezequiel Simeone, padrastro de la víctima y de Cristian Hernán Varela, su amigo.
En un primer momento, la investigación también se basó en las supuestas responsabilidades de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) y de la Unidad de Desarrollo Especial (Uder) de San Francisco ante la intervención en la situación de vulnerabilidad de la niña y sus hermanos.
Omar Rauch, abuelo de Aralí, había denunciado violencia y abusos contra la niña y sus cinco hermanos, pero la Senaf, la Municipalidad y la Fiscalía defendieron el accionar que llevaron adelante para la revinculación familiar antes del brutal crimen.