La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, realizó un impactante anuncio este miércoles: siete presos habrían estado detrás de una extorsión al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida el pasado 16 de diciembre dentro de la Quinta de Olivos, donde prestaba servicio.
En una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva detalló que los implicados contactaron a la víctima mediante una aplicación de citas, utilizando un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”.
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La operatoria desde la cárcel y la investigación judicial
La jueza Arroyo Salgado, a cargo de la causa, explicó que los siete reclusos operaban desde la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena. La magistrada también repasó ante la prensa otros casos con un modus operandi similar, lo que sugiere una operatoria delictiva coordinada desde dentro del sistema carcelario.
Este anuncio judicial arroja una nueva y grave luz sobre el caso que conmocionó al país a mediados de diciembre, cuando Gómez fue encontrado sin vida.
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Los hechos originales: el hallazgo del soldado en Olivos
Como informó en su momento El Destape, el efectivo militar fue hallado muerto en la madrugada del 16 de diciembre en uno de los puestos internos de seguridad de la Residencia Presidencial. Inmediatamente se activaron los protocolos y se dio intervención al Juzgado Federal a cargo de la jueza Arroyo Salgado.
En un comunicado oficial emitido ese día, la Casa Rosada confirmó el hecho: “Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos”. El texto añadió que, por disposición judicial, se intervino con las fuerzas federales para realizar las pericias y aclarar las circunstancias, dejando todas las hipótesis abiertas.
Una investigación que continúa
Con el anuncio de hoy, la investigación da un giro significativo. Las autoridades sostienen que existió un vínculo delictivo previo entre la víctima y una organización que operaba desde una cárcel, la cual utilizaba perfiles falsos en redes para contactar a sus objetivos.
El caso, que inicialmente se investigaba como una muerte autoinfligida, ahora profundiza en los presuntos delitos de extorsión y asociación ilícita que podrían haber llevado a la tragedia. La justicia federal continúa con las pericias y el análisis para determinar con exactitud el alcance de la red y su responsabilidad en el desenlace fatal.
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