El caso de Ángel, el niño de cuatro años que murió en circunstancias dudosas en Comodoro Rivadavia, tomó un rumbo judicial determinante. En las últimas horas, Luis López, padre del menor, solicitó a través de su abogado una ampliación de denuncia la penal solicitando la inmediata Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica), ambos sospechados de presunto homicidio agravado de la víctima.
La acusación es por "homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte", informó la agencia Noticias Argentinas. El documento describe un escenario de "producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes". Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de "maltrato físico y desamparo institucional".
De esta manera, en nombre del padre del niño, el abogado Roberto Castillo amplió la denuncia original por considerar que hay "suficientes pruebas" contra la mamá de Ángel, quien al momento de quedar internado se encontraba al cuidado de Altamirano. Ahora, la fiscalía a cargo de la investigación deberá analizar si eleva el requerimiento de detención de los sospechosos.
La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son "incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad". A esto se sumó el testimonio de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde presuntamente la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: "¡Vos le pegás al mío!".
La responsabilidad de los funcionarios
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia Pablo José Pérez, la Asesora de Familia Verónica Roldán y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.
La cronología de la tenencia de Ángel:
- Advertencias ignoradas: la Justicia había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.
- El pedido del niño: en febrero de este año, Pérez y Roldán escucharon personalmente al niño en una audiencia donde el menor habría expresado con claridad que quería permanecer con su madre de crianza y no habría identificado a Altamirano como su núcleo afectivo.
- Aislamiento fatal: en marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño, dejándolo solo con sus presuntos agresores.
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Quema de evidencia y posible peligro de fuga
El abogado del padre del niño fundamentó la solicitud de la detención inmediata de Altamirano y González por riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el mismo día de su muerte para quemar rastros biológicos y signos de violencia.
También señaló que existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, y que habría sido gestionado por Altamirano a través de un familiar. "Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda", sostiene la denuncia.
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