Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto realizó un motín en reclamo contra el cierre de los centros de estudiantes que funcionaban en los penales federales, dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La protesta se llevó a cabo en los pabellones 1 y 5 de la Unidad Penal ubicada en la calle Bermúdez al 2651. Si bien los reclusos quemaron colchones y sábanas, no se registraron heridos. “La universidad es de todos”, se podía leer en una de las banderas desplegadas por los presos. De acuerdo a la información que reveló Agencia Noticias Argentinas, la situación fue normalizada casi dos horas después de los primeros disturbios.
El reclamo se dio a más de una semana de que se conociera la resolución -publicada en el Boletín Oficial- acerca de la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La autoridad que administra los establecimientos penitenciarios del país argumentó la decisión señalando que esta dinámica afecta la principal finalidad que busca la readaptación social. A través de la Resolución 372/2025, en el Boletín Oficial, se informó que no se va a permitir "la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos".
El Ministerio de Seguridad remarcó que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente. “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”, describen desde la cartera.
Asimismo, el documento sostiene que se detectó "que en el ámbito de las cárceles, los miembros de los denominados centros de estudiantes son pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función, permanecen en los centros educativos de lunes a viernes, durante toda la jornada: en el CPFCABA de 9.00 a 18.00 horas; en el CPF I de 9.30 a 17.30 horas y en el CPF IV de 10.00 a 17.00 horas, fuera del horario en que cada uno debe asistir a cursar las materias asignadas".
Pese a estas prohibiciones, en la Resolución se detalla que se continuará con la reglamentación de que todas las personas privadas de la libertad, alojadas en establecimientos federales, tendrán acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades. Las autoridades nacionales sostienen que un centro de estudiantes "no está expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad".
La educación en contexto de encierro es un derecho garantizado a nivel nacional: este beneficio se encuentra amparado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que da lugar a la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.
El primer centro de estudiantes universitario de una cárcel bonaerense de mujeres ya tiene su estatuto
Pese al discurso del Gobierno de Milei contra todo tipo de organización política y social en cualquier ámbito, recientemente, el primer centro universitario de una cárcel femenina de la provincia de Buenos Aires rubricó un estatuto con autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tras un acuerdo marco entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Se trata del Centro de Estudiantes Universitario Juana Azurduy que funciona desde hace casi nueve años en la Unidad 8 Los Hornos, donde en la actualidad 25 mujeres privadas de libertad transitan las carreras de Abogacía, Historia, Sociología o Periodismo.
Con el acta de constitución firmada, el Centro de Estudiantes logra la formalidad requerida para promover, fomentar, mejorar y desarrollar cursos educacionales en contexto de encierro. Cabe destacar que en la actualidad transitan carreras de grado 2.245 personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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