Mientras se cumplen más de 130 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, en la primera mitad del corriente año ya hubo 812 denuncias por trata de personas. La cifra que se registró demuestra la importancia de avanzar en el acompañamiento a las víctimas, pero el gobierno del presidente Javier Milei eligió recortar el presupuesto y personal de las áreas del Estado que se ocupan justamente de eso: en el período que aumentaron las denuncias, hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate, en la Línea 145 y en las representaciones provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata.
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Del informe del Ministerio de Justicia se desprende un dato alarmante: 121 casos fueron por explotación laboral o sexual de niños, niñas o adolescentes, y por material de abuso sexual contra menores. También hubo 276 denuncias por explotación laboral a adultos y 199 por explotación sexual. Otras fueron por posible captación (52), persona desaparecida (48) o reducción a la servidumbre o situaciones análogas (36). Desde la Procuraduría pusieron el ojo específicamente también en cómo se está desarrollando la explotación en estos nuevos espacios digitales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas).
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La aparición de casos tan avasallantes y mediatizados como el de Loan genera mayor conciencia sobre el funcionamiento de las redes de explotación de personas, lo que fomenta también su denuncia. Esta lógica explica, en parte, el aumento en las denuncias de trata: según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el 2023 fue el año con mayor cantidad de denuncias de esta índole desde el 2018: El pasado año se registraron 1.941 denuncias a través de la línea telefónica gratuita 145, de las cuales 66 fueron a causa de privación de la libertad, 23 por “pornografía infantil”, 21 por posible venta de bebés y niños. Por último, se ubican las denuncias por grooming -el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico- con 19 denuncias, abuso sexual con 18, publicidad de oferta sexual con 13 y traslado también con 13. Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.
Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda y ex director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, explicó a El Destape que el crecimiento en las denuncias está vinculado con la intensificación de campañas que promueven la denuncia y la cobertura mediática de la problemática: “Las campañas que se realizaron a nivel federal lograron visibilizar la Línea 145 y generaron un acceso más directo a las denuncias. El impacto de estas campañas ha sido muy positivo, pero también ha puesto en evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los programas de asistencia a las víctimas, que hoy en día son muy insuficientes”.
Sin embargo, el Gobierno de La Libertad Avanza prefiere la motosierra. “Están suspendidos todos los programas de ayuda económica a las víctimas, como el Acompañar, el programa Reparar del Ministerio de Trabajo, inclusive el Potenciar, Ayuda Urgente, ni planes de acceso a soluciones habitacionales. Por eso hoy las víctimas saben que, al momento del rescate, el Estado no tiene mucho para ofrecerles. Así de alarmante es la situación que vivimos”, expuso el presidente de la fundación dedicada a la lucha contra la trata.
Además, el programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que en el mismo período del año pasado, al igual que otros programas de protección a las víctimas.
“La suspensión de programas de asistencia alimentaria a merenderos y comedores del país trae como consecuencia que en las zonas más vulnerables sean aún más vulnerables y que el narcomenudeo, la explotación sexual o la reducción a la servidumbre gane una presencia activa”, comentó Vera. Y completó: “Sin una estructura de contención integral, estas personas corren el riesgo de volver a caer en las redes de trata o de continuar en circuitos de violencia. Es una situación alarmante que requiere medidas urgentes”.
Digitalización: nuevo desafío judicial
El auge de las plataformas digitales ha transformado los mecanismos de captación de víctimas y ha hecho más difícil el rastreo de los tratantes. La pandemia no solo aceleró el uso de tecnologías en la vida cotidiana, sino que también permitió a los explotadores adaptarse rápidamente a estos nuevos entornos.
El abogado penalista Nicolás Mendive alertó, también en diálogo con este medio, que "la Justicia todavía enfrenta serios desafíos para adaptarse a la realidad de la trata digital”. “Las leyes actuales no siempre contemplan la dimensión virtual de estos delitos, y se hace indispensable avanzar en legislaciones que respondan a esta nueva forma de explotación. La falta de regulación adecuada y las dificultades para rastrear a los tratantes en plataformas anónimas complica el acceso a la justicia para las víctimas", explicó.
Aunque ahora es más complejo consumar este tipo de delito vía Internet, porque “las redes sociales están muy monitoreadas y las empresas controlan las conversaciones con menores de edad”, Mendive aseguró que “el anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes íntimas de mujeres o menores de edad”, puntualizó el letrado.
Gustavo Vera coincidió con esta perspectiva y destacó la necesidad de que la Justicia se actualice en términos de tecnología y métodos de investigación digital: “Estamos ante un escenario en el que la trata digital está creciendo a un ritmo preocupante. Las víctimas ya no sólo son sometidas físicamente y este tipo de explotación es mucho más difícil de rastrear y desmantelar”.
La libertad retrocede
El perfil de las víctimas sigue siendo mayormente el de mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas madres solteras, sin acceso a una red de apoyo familiar ni laboral, mujeres jóvenes, migrantes, y personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Las formas de captación más habituales siguen siendo las promesas de trabajo o la manipulación emocional, a través de relaciones de pareja o de confianza que terminan en explotación. Sin embargo, el aumento de la captación digital ha ampliado las modalidades de engaño, incluyendo propuestas de “modelaje” o “trabajo desde casa” que esconden redes de explotación sexual o laboral.
“Muchas de las personas captadas por redes de trata han atravesado experiencias previas de violencia de género, pobreza extrema o desplazamiento forzado. Estas son las historias que escuchamos día a día en las líneas de denuncia, y es por eso que la respuesta del Estado no puede limitarse a lo punitivo; debe haber un abordaje integral y preventivo que ataque las causas de raíz”, remarcó Vera.
Este contexto, además, impacta directamente en la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, que, sin los recursos adecuados, se ven desbordados por la magnitud del problema. A esto, se suma el componente de la corrupción ya que, tal como el presidente de La Alameda aseguró, “la trata y desaparición de personas no es posible sin el aval de funcionarios y gente de poder”. Por esto, es fundamental la implementación de “controles cruzados” y, desde ya, la trabajo de ONGs que no respondan al Estado para rescatar y asistir a las víctimas.
Por otro lado, Mendive también subraya la importancia de destinar más recursos a la capacitación judicial: "Un gran número de funcionarios judiciales aún no tienen las herramientas necesarias para abordar estos casos con la complejidad que merecen. Necesitamos mayor especialización en trata de personas, y sobre todo en sus nuevas formas. Y así comprender que este delito complejo debe ser tratado inmediatamente por la Justicia Federal, que es la que tiene los recursos para actuar rápido y más efectivamente en cuanto desaparece una persona".
Línea 145. Atención telefónica gratuita, que funciona las 24 hs., los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.
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