Con un historial que ya lo puso en el centro de distintas controversias públicas, el apellido Aloi suma un nuevo capítulo judicial. Esta vez, una denuncia judicial vuelve a salpicar a la familia por presunta estafa vinculada a inversiones inmobiliarias en Costa Rica por cerca de 1,45 millones de dólares. La causa ya derivó en medidas como un allanamiento y una cautelar por amenazas.
La querella señala a Lisandro Aloi, operador político con perfil más bajo dentro del entorno familiar, como la figura central del desarrollo ofrecido, junto con Rodrigo Rossetto y Juan Pablo Issel. En el expediente también aparece Damasia Fernández Górgolas, quien figura como fiscal de las sociedades involucradas y cuya eventual responsabilidad forma parte del objeto de investigación.
El origen del vínculo económico que terminó en la denuncia remite a una deuda previa de Emiliano Aloi, que habría sido canalizada hacia los proyectos inmobiliarios en Costa Rica. Su nombre tuvo exposición pública en los últimos años por distintos episodios judiciales y empresariales, entre ellos registros judiciales de Estados Unidos revelan que estuvo al frente de empresas con pasivos millonarios.
A partir de ese esquema, se habrían concretado transferencias por USD 693.400 destinadas a Air Tesoro S.A. y USD 760.000 a Air Homes Dos S.A., montos que en conjunto alcanzan los USD 1,45 millones. Ambas sociedades fueron presentadas como desarrollos inmobiliarios en Tamarindo, uno de los destinos turísticos más demandados de Centroamérica, con propuestas que incluían participación societaria, adjudicación de tierras y proyecciones de rentabilidad asociadas a un supuesto avance de obra.
Según surge del expediente, la captación se apoyó en reuniones, presentaciones técnicas, renders y maquetas digitales que reforzaban la idea de un proyecto en marcha. Sin embargo, el cuadro descripto contrasta con lo que luego se habría verificado en el lugar: terrenos sin construcciones ni infraestructura, sin avances compatibles con lo prometido al momento de la inversión. La denuncia sostiene que no se entregaron acciones ni derechos sobre los desarrollos comprometidos, lo que terminó por configurar el núcleo del conflicto judicial. La falta de concreción del proyecto y la ausencia de respaldo material para la inversión son dos de los puntos que sostienen la hipótesis de una presunta defraudación.
El expediente también vincula a los distintos nombres señalados en la operatoria. Mientras Lisandro Aloi aparece como el articulador del proyecto, Rossetto y Issel son mencionados en el proceso de captación y en la estructura del desarrollo, con participación en reuniones y en la presentación del esquema de inversión. Fernández Górgolas, por su parte, figura dentro del entramado societario como autoridad formal de las compañías involucradas.
La causa incorpora, además, un capítulo posterior marcado por la escalada del conflicto. En una denuncia tramitada en la Justicia de San Isidro, se describen al menos cuatro episodios en los que Rodrigo Rossetto habría increpado a la denunciante y su pareja en espacios comunes y dentro del barrio donde residen, en el marco de las diferencias surgidas a partir de la inversión.
En ese expediente se describen escenas de fuerte tensión. En uno de los episodios, ocurrido en un restaurante del barrio, Rossetto habría increpado a la denunciante por el inicio de acciones judiciales y elevado el tono hasta formular frases de contenido intimidante, como “¿vos sabés lo que les va a pasar si no firman?”. En otro hecho, según la presentación, interceptó el vehículo en el que se trasladaban la denunciante y su pareja, golpeó la ventanilla y les exigió que se detuvieran, mientras que en situaciones posteriores se registraron bloqueos en la circulación, gritos en la vía pública y persecuciones dentro del mismo barrio cerrado, siempre en el contexto del conflicto por la inversión. A partir de esa presentación, la Justicia dispuso una medida cautelar que impone la prohibición absoluta de contacto y el cese de actos de hostigamiento por cualquier vía, lo que agrega un componente penal adicional al caso.
En paralelo, el expediente por la presunta estafa avanzó con una medida de peso: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49 ordenó un allanamiento en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires vinculado a la estructura del emprendimiento, donde funciona la firma SANO-ARA. La medida tuvo como objetivo secuestrar documentación, computadoras, teléfonos y todo tipo de soporte digital relacionado con las sociedades Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A., así como registros de las operaciones vinculadas a la inversión, incluyendo aquellas que remiten al origen de los fondos y al vínculo previo con Emiliano Aloi. Según surge de la resolución, el procedimiento fue dispuesto para “proceder al secuestro de documentación y soportes digitales vinculados a las operaciones investigadas”.
Y allí el apellido Aloi vuelve a cargar peso propio porque este expediente no aparece sobre terreno neutral. Durante 2025 y 2026, medios y portales de Argentina y Uruguay publicaron notas sobre Emiliano Aloi en las que volvió a ser vinculado con el caso vial de Mariano “Tutu” Álvarez y con expresiones como “asesino al volante” o “asesino detrás del volante”. Esas publicaciones no forman parte de esta causa ni equivalen a una sentencia judicial dentro de este expediente, pero sí muestran algo potente: el apellido Aloi arrastra una estela pública de escándalo, conflicto y exposición negativa que ahora vuelve a encenderse con otra denuncia gravísima.
La decisión de avanzar con el allanamiento refleja que el tribunal consideró necesario asegurar prueba relevante en una causa que ya excede el plano de una disputa comercial. Por el momento no hay procesamientos ni definiciones de fondo, pero el volumen de dinero involucrado, la estructura del esquema descripto y las medidas adoptadas por la Justicia configuran un escenario de alta complejidad, donde se entrecruzan una presunta maniobra económica y denuncias por amenazas que elevaron el nivel de conflicto.
Cerrar sesión