El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará controles para impedir que personas registradas como deudores alimentarios morosos ingresen a los estadios de fútbol. La medida, enmarcada en la Ley 6.771, tiene como objetivo proteger el derecho a la alimentación y garantizar el bienestar de niños y adolescentes.
De esta manera, el próximo martes en el estadio El Monumental, durante el partido entre la Selección argentina y Brasil, por las Eliminatorias sudamericanas, se realizará el primer control para impedir que personas registradas como deudores alimentarios morosos ingresen a ver el partido. Personal policial verificará aleatoriamente los DNI de los hinchas en los accesos.
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En este marco, si se detecta que una persona está inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se le negará el ingreso y se labrará un acta. Esta acción es impulsada por los ministerios de Seguridad y Justicia porteños.
El domingo pasado, se llevó a cabo una prueba piloto en La Bombonera, en el marco del partido entre Boca y Defensa y Justicia. En ese operativo, cerca de 4.000 hinchas fueron controlados con resultados positivos.
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Según informó el ministro de Justicia, Gabino Tapia, estas iniciativas buscan "reforzar el compromiso con una Ciudad más justa". Por su parte, Horacio Giménez, titular de la cartera de Seguridad, destacó que este control complementa el programa Tribuna Segura.
En qué consiste la medida
La normativa, que será implementada progresivamente en los 18 estadios porteños, afecta a un total de 11.000 deudores alimentarios registrados en el país, de los cuales 2.900 pertenecen a la Ciudad. Además, durante los operativos se brindará asesoramiento por parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones y avanzar hacia una sociedad más equitativa. Se recomienda a los hinchas llegar temprano al estadio para evitar inconvenientes.
Requisito indispensable: Formosa no certificará para ser chofer de UBER a quienes adeuden cuota alimentaria
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa informó que no se concederá la certificación necesaria para desarrollar los servicios de Uber a quienes se encuentren dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Con esta medida, se busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fomentar la responsabilidad de los deudores para con sus hijos.
A propósito de esta resolución, el Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, indicó que cada persona afectada deberá regularizar su situación judicial para, posteriormente, peticionar que se ordene librar un nuevo oficio judicial, donde se informe a la Defensoría que ha dejado de ser un deudor alimentario, y así se lo pueda tachar del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Por otra parte, Gialluca informó que se encuentran trabajando en un nuevo proyecto de ley, debido a que observan un incremento alarmante en el número de padres que no pagan la cuota alimentaria una vez que se separan. "El documento considera necesario que la entrada al Registro se pueda hacer desde el Incumplimiento de los Alimentos Provisorios; esto es, una vez que se inicie una demanda por alimentos y hasta que salga la sentencia definitiva, para así evitar pérdidas de tiempo y mayores gastos", detalló el Defensor del Pueblo.
Además, el proyecto de ley que se está elaborando busca incluir a los empleadores de los deudores: "En muchas ocasiones son cómplices del incumplimiento alimentario, no reteniendo lo que corresponde o poniendo parte de los salarios en negro", remarcó Gialluca.
Según indicó el Defensor del Pueblo, a estas medidas se sumaría la inscripción en la Central de Deudores del Sistema Financiero, que funciona bajo la órbita del BCRA, y que posibilitará que los deudores de cuotas alimentarias no puedan operar dentro del sistema financiero nacional. Esto implicará que no puedan contratar servicios, ni puedan obtener préstamos, cheques, créditos y tarjetas de crédito, exponiéndolos como deudores frente al sistema, con el objetivo de prevenir a las entidades financieras de su comportamiento.
Todas estas medidas, indicó Gialluca, buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fomentar la responsabilidad de los deudores. "Los incumplimientos constituyen, en sí mismos, una derivación de violencia económica hacia las mujeres, más allá de que, en los hechos, el control y manejo de los recursos por parte del varón puede estar tan naturalizado que pocas veces se percibe como una forma de disciplinamiento o maltrato", argumentó el Defensor del Pueblo de Formosa, a modo de conclusión.