La investigación de uno de los crímenes más impactantes de este año dio un nuevo paso crucial en respaldo a las actuaciones del fiscal Juan Pablo Klinger. Fernando Albareda, hijo de la víctima Susana Beatriz Montoya, continuará preso y el próximo paso será la elevación a juicio de la causa.
El juez José Cafferatta rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de Albareda y confirmó la prisión preventiva del imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia. Según la investigación, el detenido podría haber asesinado a su madre cuando estaba en su domicilio en la provincia de Córdoba y, luego, intentando desviar la pesquisa, dejando mensajes amenazantes en las paredes de la vivienda y realizando llamadas telefónicas falsas.
El 1 de agosto pasado, Albareda denunció haber encontrado muerta a su madre dentro de su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones con signos de violencia y tras haber recibido amenazas negacionistas en la previa del crimen. Susana era esposa de un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, desaparecido en Córdoba en septiembre de 1979, durante la última dictadura cívico-militar. El hecho causó conmoción, pero dio un giro inesperado cuando la Justicia informó que el principal sospechoso era su propio hijo.
La decisión del juez de control allana el camino para que el fiscal Klinger eleve la causa a juicio. “Los elementos probatorios recolectados hasta el momento son suficientes para presumir la participación de Fernando Albareda en los hechos investigados”, afirmó Cafferatta en su resolución.
En su resolución, el juez rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa, que alegaba irregularidades en la recolección de pruebas y en la declaración testimonial inicial de Albareda.
Crimen de Susana Montoya: el juez rechazó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva para Albareda
La defensa había argumentado irregularidades en la firma digital y la validez de ciertas pruebas grafocríticas. Sin embargo, Cafferatta consideró que estas observaciones no implicaron perjuicio concreto para el acusado ni afectaron las garantías del proceso penal.
Además, el juez también respaldó la acusación de Klinger, quien sostuvo que Albareda habría cometido el delito motivado por resentimientos personales y ambiciones económicas relacionadas con un reclamo administrativo. Además, se señaló el alto riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción de la investigación.
Entre las pruebas clave se incluyen registros telefónicos, testimonios de allegados, y la presencia del vehículo de Albareda en las inmediaciones del domicilio de la víctima en el horario del crimen. La participación del hermano del acusado, Ricardo Albareda, fue fundamental para avanzar con la investigación: "Creo que él tuvo mucho que ver. Conozco a Fernando y lo veo capaz de hacer algo así", había expresado sobre la implicancia de su familiar.
Una carta enviada desde la cárcel de Bouwer, donde Albareda solicitó prisión domiciliaria cuando ya se encontraba detenido, resultó ser un elemento clave en su contra. Peritos grafológicos concluyeron que las amenazas que el acusado había denunciado previamente fueron escritas por su propio puño. Según los resultados, tanto las notas escritas en papel como las inscripciones hechas con lápiz labial rojo en la pared del domicilio de Montoya coinciden con la caligrafía del hombre.
El fallo enfatizó que la prisión preventiva es esencial para asegurar el avance del proceso y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento. El juez destacó que los indicios en contra del imputado tienen suficiente peso para sostener la medida cautelar.
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