La histórica y persistente contaminación del arroyo Ludueña sumó un capítulo clave en los tribunales rosarinos. Vecinos del barrio Fisherton, agrupaciones sociales y el concejal Julián Ferrero. presidente de la Comisión de Ecología del Concejo Municipal, se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para radicar una denuncia penal que exige investigar el volcado sistemático de residuos peligrosos y efluentes sin tratar en un tramo crítico del curso de agua.
Con el patrocinio legal de la abogada Gabriela Durruty, la presentación judicial apunta específicamente al área delimitada entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. En ese sector del noroeste de Rosario, los habitantes de la zona registran una alarmante y repetitiva alteración del ecosistema.
"El arroyo hace meses que amanece completamente contaminado. Abajo del caño está todo manchado, se forma una capa blanquecina con sustancias nauseabundas. Después, al mediodía, el arroyo lava y se va. Y al otro día vuelve a suceder lo mismo", describió el concejal Ferrero, para luego señalar que la información reunida evidencia un patrón que ocurre "todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora".
La investigación penal buscará determinar la procedencia exacta de las descargas. Los caños que dispararon las alarmas vecinales se localizan en las inmediaciones de Ingeniero León Miglierini y calle República, una zona lindera al barrio privado Los Pasos del Jockey y a escasos 350 metros de una estación elevadora de Aguas Santafesinas.
A través de inspecciones visuales y tomas aéreas, los denunciantes identificaron un conducto que formalmente debería funcionar como un desagüe pluvial (diseñado exclusivamente para transportar agua de lluvia). Sin embargo, la evidencia recolectada sugiere que el caño se encuentra "pinchado" o clandestinamente conectado a redes cloacales o sumideros de grandes desarrollos inmobiliarios de la cuenca que carecen de la infraestructura sanitaria adecuada. El escrito remarca que este foco permanente comenzó a agravarse en diciembre pasado, aunque se acopla a un historial de denuncias previas (que datan de 2024) un poco más al norte, cerca de las calles Schweitzer y Bello.
Pruebas de laboratorio y rigor científico
A diferencia de reclamos meramente testimoniales del pasado, esta denuncia penal llegó al Centro de Justicia Penal respaldada por un exhaustivo relevamiento ciudadano, registros fílmicos obtenidos mediante drones, geolocalización del foco contaminante e imágenes satelitales.
Sin embargo, el elemento de mayor peso legal es un informe técnico elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a partir de muestras de agua superficial. Los análisis de laboratorio sobre el líquido turbio, blanquecino y a veces verdoso arrojaron resultados contundentes que encendieron las alarmas ambientales:
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Bajísimo nivel de oxígeno disuelto (esencial para la supervivencia de la fauna acuática).
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Elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y alta carga orgánica.
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Presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal (coliformes).
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Alta conductividad eléctrica, lo que confirma el vuelco de sustancias ajenas al curso natural.
Estos parámetros demuestran que las características del líquido residual violan flagrantemente la normativa vigente, en particular la resolución provincial 1089/92 que regula las condiciones de vuelco en cuerpos receptores.
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Un problema estructural sin respuestas oficiales
La decisión de recurrir a los tribunales penales surge tras el persistente "silencio oficial" y la inacción de los organismos de control locales y provinciales. A pesar de las recurrentes denuncias administrativas y de los intentos estatales previos —como el Plan de Abordaje Integral de la Cuenca que en su momento retiró toneladas de residuos superficiales—, la falta de una fiscalización profunda permitió que el arroyo se transformara en un "vertedero" diario.
Al no poder ingresar a predios privados o auditar las conexiones subterráneas, los vecinos y organizaciones delegan ahora en los fiscales de la provincia la tarea de peritar el ducto pluvial, identificar de forma irrefutable a los responsables del volcado ilegal y ordenar el cese inmediato del daño ambiental.
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