En el marco del crimen de Aralí Vivas, la nena de ocho años que fue abusada sexualmente y asesinada en la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, ciertos organismos se encuentran bajo la lupa por su implicancia en la muerte de la niña. Hace algunos días, personal de Informática de la Policía Judicial de Córdoba allanó la sede de la Unidad de Desarrollo Especial de San Francisco y el Hospital de Brinkmann.
Los procedimientos se llevaron a cabo por disposición de la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco. Como resultado, los efectivos lograron secuestrar diversos documentos que podrían resultar fundamentales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de dichos organismos en el brutal crimen de la pequeña. Además, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba también se encuentra en la mira por su accionar que determinó la revinculación familiar previa al hecho.
Aralí fue asesinada cerca de la medianoche del viernes 1° de noviembre, dentro de una vivienda que compartía con sus hermanos más chicos en la ciudad cordobesa. Tras las inspecciones y pesquisas, la investigación determinó que la casa fue incendiada de forma intencional para ocultar el crimen y el cuerpo de la niña. La autopsia reveló que la pequeña sufrió un traumatismo craneal y no se encontraron rastros de que hubiera fallecido producto del incendio.
Los investigadores hallaron material genético masculino del padrastro de la nena, Matías Ezequiel Simone (33) y su amigo Cristian Hernán Varela (40), quienes fueron detenidos e imputados por la Justicia de Córdoba. Luego de los resultados forenses, las autoridades elevaron el delito de "homicidio simple en carácter de coautores" a "homicidio calificado por el vínculo". El caso tiene una tercera persona detenida: la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch (28), quien se encuentra imputada como "partícipe necesaria del crimen", aunque no se la vincula materialmente con el asesinato. De esta manera, en caso de que todos ellos sean condenados por el homicidio, podrían recibir prisión perpetua.
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En la investigación se indica que existieron llamadas telefónicas entre los tres acusados detenidos, tanto antes como después del asesinato, entre la 1 y las 6 de la madrugada. Más allá de esto, no se encontraron mensajes de WhatsApp, ya que los celulares peritados no poseen dicha aplicación de mensajería. Asimismo, al fundamentar la agravación de la imputación de los tres detenidos, el fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, se basó en testimonios de vecinos y familiares; quienes en reiteradas ocasiones sostuvieron que la niña era víctima de repetidos abusos.
Simeone y Varela se negaron a declarar ante la fiscal Di Tocco. Por otro lado, unas semanas atrás, el fiscal Gieco se apartó de la causa y remitió todo el expediente a su par de Morteros, quien retornó de su licencia. Sin embargo, la fiscal podría dejar el caso en 2025, ya que dejará su cargo al estar concursado.
Caso Aralí Vivas: legislador de la UCR pide apartar a la titular de la Senaf
El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mauricio Jaimes, exigió la renuncia de la titular de la Senaf, Julia Rearte, luego de que dos profesionales de una residencia de la Secretaría fueran acusados de abuso sexual tras el crimen de Aralí.
La denuncia fue realizada el pasado 28 de octubre por una profesional del equipo, luego de oír el relato de un chico alojado en dicha residencia, quien manifestó haber visto un video con escenas sexuales en perjuicio de un compañero en el que pudo identificar al encargado de la residencia y a uno de los profesionales. Los denunciados recibieron una suspensión preventiva por el plazo de 90 días, sin goce de haberes, hasta que se resuelva su situación judicial.
En ese marco, Jaimes aseguró que “Senaf no funciona, nunca funcionó” y enfatizó en la necesidad de una “reestructuración completa” del organismo. A su vez, también criticó la falta de capacitación del personal, destacando que “la secretaría de la Senaf dijo que un 40% de los empleados está en condiciones para el cargo, lo que implica que más de la mitad no está preparado para atender a niños y adolescentes”.
Fueron varios los testimonios que dieron cuenta de los malos tratos que se vivían en la familia. Así lo afirmó el abuelo paterno, Omar Rauch, que habló de fiestas "negras" en la casa cuando su hija no estaba; también Betiana Heredia, prima de Rocío (mamá de la niña), que aseguró que "todo el mundo sabía" de las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos antes de la tragedia: "Era un ambiente donde había maltratos, donde había peleas, donde había discusiones, consumo de droga, consumo de alcohol, fiestas".
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