El 14 de mayo de 2026 fue la fecha elegida por el Gobierno de Santa Fe para enviar a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley para conseguir una reforma penal bajo el nombre de “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”. En búsqueda de consolidar su lema de gobernar a lo Bukele, el gobernador Maximiliano Pullaro apunta al 2027 con el objetivo de lograr una reelección a través de un paquete de reformas que desde la oposición catalogaron como "volver a los '70" por el avasallamiento de garantías constitucionales.
Mientras el oficialismo sostiene que busca darle más herramientas al Estado para enfrentar el delito complejo y el narcotráfico, del otro lado, jueces, abogados penalistas y especialistas advierten que algunas modificaciones alteran principios centrales del sistema acusatorio vigente y podrían representar un cambio profundo en el equilibrio entre seguridad y garantías. El presidente la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, detalló a El Destape y ahondó en la discusión de fondo del proyecto: el avasallamiento de controles institucionales históricos en la provincia y la centralización de poder en el Ejecutivo.
Uno de los ejes más relevantes es el traslado de facultades que hoy tienen control judicial hacia decisiones iniciales del Ministerio Público de la Acusación o directamente de las fuerzas policiales a través de las medidas coercitivas por decreto fiscal. Según explicó Nanni, desde la implementación del sistema acusatorio el 10 de febrero de 2014, Santa Fe avanzó hacia un modelo donde el fiscal investiga pero el juez controla aquellas medidas que afectan derechos fundamentales: "Hoy se pretende volver a darle poder a la fiscalía de la calle. Que se haga un allanamiento sin orden judicial o que tome declaración un imputado sin la presencia de su defensor".
En 2007 se dio la sanción del Código Procesal Penal, y en los años posteriores se decidió quitarle a las fuerzas de seguridad sus facultades autónomas —como interrogar o realizar sumarios sin control— para subordinarlas estrictamente a las directivas de los fiscales. Con esta nueva reforma, el Gobierno provincial pretende dar marcha atrás con aquella sanción que regulaba el poder de la Policía.
Otro de los artículos que más cuestionamientos genera es la recuperación de la declaración informativa y la posibilidad de que la Policía pueda interrogar personas vinculadas a una investigación antes de una definición formal sobre su situación procesal.
El argumento oficial sostiene que se trata de una herramienta útil para momentos iniciales donde todavía no está claro si alguien será imputado o testigo. Sin embargo, Nanni advirtió que esta modificación reabre una discusión histórica del proceso penal argentino: hasta dónde puede intervenir la policía en la obtención de información sin presencia efectiva de la defensa.
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"Hay un artículo que reglamenta espionaje del poder Ejecutivo sin un contralor judicial. Si sospechan que alguna organización delictiva está operando en determinada zona ya no habrá necesidad de un fiscal que dirija la investigación para regular si la policía comete algún exceso. Esto es lo que lo que están lo que están intentando probar", subrayó.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cuestionamiento a la Policía
Otro de los cuestionamientos esgrimidos por Nanni fue la "capacidad de profesionalización de la Policía". En este sentido, recordó el reciente episodio de acuartelamiento de efectivos provinciales a modo de protesta por los salarios: "No estamos hablando de una policía profesionalizada en donde le puedas dar las facultades que se les quiere dar".
En paralelo a la discusión legislativa sobre un proyecto que busca otorgar mayores herramientas operativas a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas, el Poder Judicial ordenó la detención de nueve policías rosarinos acusados de haber incendiado a un hombre durante un procedimiento realizado en mayo de 2024.
El episodio no solo conmocionó por la gravedad de las acusaciones, sino que además reabrió un debate que ya venía generando resistencia entre penalistas, organismos de derechos humanos y algunos sectores políticos: hasta dónde puede ampliarse el margen de actuación policial sin afectar garantías constitucionales.
La investigación judicial sostiene que la víctima sufrió graves quemaduras y permaneció internada durante meses. Según su declaración, prestada por escrito debido a las secuelas que el incendio dejó en sus cuerdas vocales, uno de los efectivos lo habría rociado con alcohol etílico y posteriormente lo habría prendido fuego con un encendedor. Esa versión llevó al fiscal de la causa a apartarse de la hipótesis inicial asentada en el procedimiento policial y avanzar con las detenciones de nueve agentes.
"Con el pretexto de la seguridad meten por abajo de la mesa un montón de violación a garantías constitucionales que en la República Argentina, similar a lo que fue fines de la década del '70. Es una es una barbaridad volver a la década del 70 a cambio de un slogan de campaña", concluyó Nanni.
Así, la discusión sobre la reforma penal dejó de ser exclusivamente técnica y pasó a estar atravesada por un caso concreto que volvió a instalar una pregunta en el centro del debate santafesino: si corresponde otorgar mayores márgenes de actuación a la Policía no capacitada cuando todavía persisten investigaciones por graves hechos de violencia institucional.
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