Cuatro ex directivos de la agroexportadora Vicentin están en prisión acusados de haber extraído fondos millonarios de la empresa y ahora el pedido de su detención fue ampliada por 120 días. Son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua y su prisión fue solicitada por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, al cabo de dos extensas audiencias en las que se expusieron las maniobras que llevaron adelante para solventar gastos personales, entre ellos, el pago de honorarios a sus abogados. A los otros 15 imputados les pidieron fianzas que suman 150.000.000 de dólares.
“Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044", aseguró el fiscal Narvaja, parte de la Unidad de Delitos Económicos de la ciudad santafesina que -desde 2020- lleva adelante la investigación por estafa y administración fraudulenta contra la empresa.
Según el detalle que dio, los cabecillas continuaron con el manejo de la empresa, que cayó en default en diciembre de 2019 -con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares-, a pesar de que se habían apartado. Y no sólo eso, sino que sostuvo que los acusados usaron fondos en medio de un complejo concurso de acreedores para costear gastos personales, como el pago de los honorarios de los abogados. Ese dinero salió de las cajas de empresas satélites de Vicentin, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton, entre otras.
Los fiscales también señalaron que los Buyatti, Gazze, Scarel y Macua el dinero también fue utilizado para contratar a Sancor Seguros para pagar el seguro de caución (fianza) así evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se comenzó en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía.
Los fiscales expusieron que la estrategia previo al cese de pagos fue simular una salud financiera inexistente para continuar atrayendo cereal para molienda y obtener créditos bancarios. En tanto, fueron cargando el endeudamiento del grupo sobre una única empresa del pool, Vicentin SAIC. Actualmente, la compañía controla Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Sottano SA, Sir Cotton, Playa Puerto y una minoría en Renova.
Luego del default –precisaron los fiscales– los ex directivos siguieron retirando dinero del grupo para fines personales, por un total de 952 millones de pesos, entre 2019 y 2024. El equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
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"Se les imputa continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentin SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario, con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos —entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores", plantearon.
Quiénes participan de la trama
Los principales en el banquillo de los acusados son los apuntados como jefes de la asociación ilícita para cometer estafas múltiples y administración fraudulenta: Buyatti y Gazze, capturados en un despliegue de 20 allanamientos en diversas ciudades, entre Buenos Aires, Rosario, Funes y Reconquista. A ellos, se suman Scarel y Macua, que se presentaron al día siguiente en la fiscalía. Para los imputados Máximo Padoan y Javier Gazze les impusieron una caución de 15 millones de dólares; y para el resto, 10 millones, además de mantenerse fuera de las empresas del grupo y no salir del país.
En el marco de la causa por estafa y administración fraudulenta, el fiscal también integrante de la Unidad Miguel Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. En mayo de 2023, cuando la Fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.
La información para esta etapa, según se supo, fue aportada por accionistas minoritarios, algunos integrantes de las familias fundadoras de la empresa.
La situación de Vicentin
La situación es crítica: no tiene para pagar los sueldos de más de dos mil empleados que tienen en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, más una deuda postconcursal de 5 mil millones de pesos. Desde el viernes pasado se sumó otro problema: cuatro exdirectivos de la empresa están detenidos.
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