La conflictividad social y laboral que atraviesa el gobierno de Claudio Vidal no para de escalar luego de que la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cuestionara a su administración por no haber sido convocada a una reciente reunión con autoridades provinciales de Santa Cruz.
A través de un comunicado firmado por su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, ASIJEMIN manifestó su preocupación por haber quedado afuera de una instancia en la que, según planteó, se abordaron cuestiones que afectan directamente a los trabajadores de la actividad minera.
Desde el gremio consideraron que su participación era necesaria para poder plantear una serie de reclamos que, según denunciaron, todavía permanecen sin resolución. “Lamentablemente, nuestra ausencia en dicha instancia impidió que se pudieran plantear y discutir temas de suma importancia que continúan pendientes de resolución”, señaló Mena Muñoz en el comunicado.
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Según detalló el medio Data Gremial, las principales demandas sin respuesta que motivan el malestar del sindicato se destacan la discusión por la liquidación y actualización del Bono de Producción para el personal jerárquico y técnico, las condiciones de higiene y seguridad en los yacimientos, y la regularización de encuadramientos convencionales. Asimismo, desde la conducción gremial alertaron sobre presuntas situaciones de persecución sindical y despidos injustificados por parte de empresas contratistas que operan en los proyectos mineros de la provincia.
Desde la organización consideraron que la reunión realizada recientemente podría haber servido como una oportunidad para avanzar en esos reclamos y obtener respuestas que los trabajadores vienen solicitando.
Protestas y conflicto policial en Santa Cruz: impulsan una ley contra las represalias de Vidal
Mientras el gobierno de Vidal y la Policía de Santa Cruz respondieron al conflicto salarial con denuncias penales y medidas de fuerza contra más de 60 efectivos que continuaron con los reclamos, un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que busca establecer una protección especial frente a posibles represalias administrativas derivadas de aquellas manifestaciones.
La propuesta apunta a establecer un régimen excepcional y transitorio durante 18 meses para el personal de la Policía de Santa Cruz, Servicio Penitenciario Provincial, Bomberos y otros organismos provinciales de seguridad pública que haya participado, adherido o acompañado los reclamos laborales y salariales desarrollados durante este año.
La iniciativa fue presentada por José Bodlovic, presidente del bloque Unión por la Patria; Eloy Echazu, Agostina Mora y Carlos Santi, del mismo espacio, y Daniel Peralta, del bloque Santa Cruz Somos Todos.
En su primer artículo se propone declarar la nulidad absoluta de aquellas decisiones administrativas que tengan como causa directa o indirecta la participación del trabajador en el conflicto.
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Entre las medidas alcanzadas aparecen apercibimientos, suspensiones, cesantías, exoneraciones, disponibilidad, traslados, cambios compulsivos de destino, modificaciones de funciones u horarios, recargos de servicio, descuentos salariales, calificaciones desfavorables y perjuicios sobre ascensos o promociones.
De acuerdo a lo detallado por Ahora Calafate, esto no solamente impediría futuras sanciones motivadas por las protestas, sino que permitiría revisar decisiones que ya hubieran sido adoptadas. Si se detectara alguna medida alcanzada por la futura ley, el proyecto establece la restitución de la situación administrativa, funcional, económica y profesional anterior del trabajador.
Esto incluye eliminar antecedentes desfavorables incorporados a los legajos, recomponer calificaciones y situaciones relacionadas con ascensos y reintegrar haberes que hubieran sido descontados como consecuencia de la participación en el conflicto.
Aunque la iniciativa pretende proteger al personal frente a consecuencias administrativas originadas por su participación en las protestas, sus propios fundamentos aclaran que la protección no interfiere con investigaciones penales ni alcanza a posibles delitos u otras conductas ajenas al reclamo salarial.