Luego de que la empresa Vicentín no cumpliera con el pago de un bono extraordinario, el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOE), de la provincia de Santa Fe, confirmó que los trabajadores realizan "una retención de la fuerza de trabajo" porque las autoridades "no cumplieron con lo acordado".
En el marco de un escenario de ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei, la empresa advirtió que está "muy justa de caja producto" de su situación concursal y explicaron que los compromisos de molienda para enero se redujeron a la mitad, aunque de igual manera se cumplió con el pago del medio aguinaldo y de los sueldos de diciembre. Sin embargo, desde el gremio advierten que la compañía pretende que los empleados "trabajen gratis".
El Secretario Gremial de SOEA de San Lorenzo, Martín Morales, confirmó a El Destape que "hubo un incumplimiento del salario", ya que Vicentín "es la única empresa que tiene firmada la gratificación dentro del contrato laboral". El acuerdo firmado el 20 de diciembre contempla un aumento interanual del 122 por ciento en el bono. En ese momento, el gremio destacó que los aceiteros fueron uno de los pocos rubros que le ganaron a la inflación de 2024 en la negociación paritaria, pero las promesas sobre el pago del extra no se materializaron y, desde el sábado, la planta aceitera de la ciudad se encuentra paralizada por una medida de fuerza que dispuso el SOEA.
Morales aseguró que "había firmada una gratificación ya convenida", donde se encontraba establecido el pago y de qué manera se iba a acreditar: la empresa había prometido dos cuotas, la primera presentaba como fecha límite el 10 de enero, mientras que el segundo pago se iba realizar el 10 de febrero. No obstante, el viernes pasado "a última hora", la compañía "avisó que no lo iba a pagar".
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Si bien el secretario confirmó que los empleados no están de paro, afirmó que los dueños de la compañía fundada en Avellaneda "perforaron los límites". Ante esta panorama, detalló que la medida se aplica en los portones de la planta de Vicentín ubicada en Ricardone, en el puerto de San Lorenzo y en la empresa Renopack, una envasadora perteneciente a la compañía que está por fuera del concurso de acreedores y que "nunca sufrió problemas", pero ahora cayó en la volteada y las autoridades "se tomaron la delicadeza de no pagarle a los compañeros".
Este lunes por la mañana, la empresa hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo provincial y la cartera que conduce Roald Báscolo convocó al gremio para llevar a cabo una audiencia hoy por la tarde. Serán horas claves para que ambas partes encuentren una salida y que no se profundice el conflicto en los primeros días del año.
Vicentín no pagó un bono y el gremio aceitero frenó sus actividades: "Entendimiento nulo"
Desde Vicentin se menciona que la medida de los trabajadores refleja que “la paciencia y el entendimiento es nulo” porque “la verdad es que los trabajadores cobraron todos los aumentos resueltos en paritarias". En ese sentido, justificaron la falta de pago: "La actividad del período no ha sido suficiente para reunir los recursos necesarios para hacer frente al 50% de la Gratificación Extraordinaria No Remunerativa acordada en la última paritaria, y que debió depositarse en el día de ayer", explicó Vicentín en un comunicado.
"La situación de incertidumbre en la que venimos operando en las últimas semanas requiere la máxima prudencia y responsabilidad de todos los involucrados. Necesitamos imperiosamente continuar trabajando para poder cumplir con los compromisos diarios. Actualmente, tenemos contratos de fazón a cumplir que proveerán los recursos para cancelar la obligación impaga, pero no podemos dar precisión de fecha, ya que, cómo hemos explicado recurrentemente, dependemos del funcionamiento para poder facturar y cobrar los servicios", planteó la empresa.
Los manejos financieros de Vicentin se encuentran bajo la lupa desde 2019, cuando inició un proceso de concurso preventivo por deudas millonarias. Desde que se confirmó que el grupo inversor Cima adquirió la deuda que la agroexportadora mantenía con bancos internacionales por unos US$447 millones la atención está puesta en la Corte Suprema de Justicia de esta provincia, que tiene que resolver (después de la feria judicial de enero) si acepta o rechaza la homologación del acuerdo de la agroexportadora con sus acreedores. En este contexto, el nuevo conflicto agudiza las tensiones dentro de la compañía y expone la incertidumbre laboral de los trabajadores. El futuro de la empresa sigue siendo un complicado esquema de posibilidades.
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