La situación de la agroexportadora Vicentin es crítica y la nueva medida pone en jaque el futuro de 4 mil trabajadores. Ante la imposibilidad de obtener contratos de fasón “para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”, el directorio de la empresa decidió frenar toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas en la provincia de Santa Fe, ubicadas en Ricardone y Avellaneda.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado emitido este 6 de abril. En él, justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje dejó en claro que no hay caja ni horizonte: los sueldos de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. La empresa se encuentra sin operaciones propias de compraventa de granos, sin ingresos significativos y con deudas impagas.
De esta manera, la paralización de las plantas deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena de proveedores, transportistas y cooperativas. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.
A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas.
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Vicentin entró en cese de pagos a fines de diciembre de 2019, con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares, y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores por el "estrés financiero que le dificultaba cumplir regularmente con sus obligaciones contraídas". Luego, el gobierno de Alberto Fernández intervino la empresa e intentó expropiarla, finalmente sin éxito.
En junio de 2022, había logrado la aceptación de una mayoría de los acreedores para que la empresa pase a manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, el principal acreedor), Bunge y Viterra. Sin embargo, un recurso judicial presentado por un acreedor dilató el proceso y finalmente impidió la homologación, incluso tras ser rechazado por el máximo tribunal provincial.
La apuesta de Vicentin y de las empresas a cargo de la intervención es que el pase del caso a la Justicia nacional destrabe el proceso y permita la homologación de la aceptación que se había logrado de aproximadamente el 70% de los acreedores. “Si esto llega a la Corte Suprema, se podría consolidar el pase de las empresas a Bunge, Viterra y ACA. Hoy la empresa está parada por falta de materia prima”, explicaron.
Reclaman mayores penas de prisión para los directivos de Vicentín y revelan que robaron fondos millonarios
Cuatro ex directivos de Vicentin están en prisión acusados de haber extraído fondos millonarios de la empresa y ahora el pedido de su detención fue ampliada por 120 días. Son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua y su prisión fue solicitada por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, al cabo de dos extensas audiencias en las que se expusieron las maniobras que llevaron adelante para solventar gastos personales, entre ellos, el pago de honorarios a sus abogados. A los otros 15 imputados les pidieron fianzas que suman 150.000.000 de dólares.
Según el detalle que dio el fiscal Narvaja, los cabecillas continuaron con el manejo de la empresa, a pesar de que se habían apartado. Y no sólo eso, sino que sostuvo que los acusados usaron fondos en medio de un complejo concurso de acreedores para costear gastos personales, como el pago de los honorarios de los abogados. Ese dinero salió de las cajas de empresas satélites de Vicentin, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton, entre otras.
Los fiscales también señalaron que los Buyatti, Gazze, Scarel y Macua el dinero también fue utilizado para contratar a Sancor Seguros para pagar el seguro de caución (fianza) así evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se comenzó en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía.
Los fiscales expusieron que la estrategia previo al cese de pagos fue simular una salud financiera inexistente para continuar atrayendo cereal para molienda y obtener créditos bancarios. En tanto, fueron cargando el endeudamiento del grupo sobre una única empresa del pool, Vicentin SAIC.
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