El recorte de pensiones, los problemas de los prestadores de salud y la actitud discriminatoria del presidente Javier Milei motivaron la convocatoria de las organizaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad a movilizarse por tercera vez en lo que va del año hacia la Quinta de Olivos. La marcha se replicó también en varios puntos del país, como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán.
Ese “daño irreparable”, denuncian las organizaciones, es la consecuencia del recorte de por lo menos 175 mil pensiones que el Gobierno nacional tiene previsto realizar en el futuro inmediato, según las metas del Presupuesto 2025. El decreto 843/24, que endurece los requisitos para acceder a las pensiones, también es un importante retroceso, porque establece que los beneficiarios ya no pueden tener un trabajo en blanco o un auto a su nombre.
En este panorama oscuro, la motosierra de La Libertad Avanza (LLA) también abarca el ajuste en los valores de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, cuyos prestadores "apenas llegan a cubrir la mitad de sus costos operativos", dijo Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en declaraciones para Página/12.
En la ciudad de Santa Fe, la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad le presentarán una nota al gobernador Maximiliano Pullaro. "Somos varias instituciones las que estamos acá que, como Poder Ejecutivo provincial y máximo responsable de implementar políticas públicas con discapacidad, se posicione", sostuvo Evelyn Safón, referente del sector provincial, en diálogo con AIRE de Santa Fe.
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"Esto es básicamente una persecución, una puesta en duda de lo que significa la discapacidad, un retroceso hacia un modelo médico que fija en nuestros cuerpos la cuestión de la discapacidad cuando nosotros pregonamos que la discapacidad es una construcción social que está mediada por barreras", apuntó Safón.
Mientras que en la ciudad de Rosario, una caravana de vehículos de transportistas de personas con discapacidad se movilizó también esta mañana: reclaman desde hace tiempo por los bajos honorarios que reciben y los altos costos para mantener el servicio.
El titular de la Delegación Rosario de la Asociación de Transportistas Especiales, Carlos Caballero, afirmó que "el problema no solo afecta al transporte, sino que involucra a todo el colectivo de la discapacidad". Además, planteó: "Para ponerlos a la altura de como estábamos en diciembre necesitamos un 70 u 80% de aumento. Subió el combustible, los repuestos, es imposible cambiar un vehículo".
La desregulación del Transporte permitió que las empresas nieguen los pasajes gratis para personas con discapacidad
Luego de que en octubre pasado el gobierno nacional decretó la desregulación del servicio de transporte, muchas empresas de micros de media y larga distancia comenzaron a limitar, o directamente negar, la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, que se estableció con dos decretos anteriores del año 2004 y 2006.
Diego Dorta, de la Asamblea de Organizaciones de la Dirección de Discapacidad, explicó que las empresas se amparan en el decreto 883/2024 para negar ese beneficio. “Acá hay una clara vulneración de derechos por parte de las empresas y una falta de control del Estado, que es el que tiene que garantizar que se cumplan las leyes”, cuestionó en diálogo con Rosario/12.
En paralelo a los reclamos en distintos puntos del país, el diputado nacional de Santa Fe Eduardo Toniolli impulsó un pedido de informes en el Congreso por este tema y advirtió que la desregulación genera “un viva la pepa” en materia de transporte, donde el Estado tiene cada vez menos posibilidades de control.
El legislador del peronismo señaló que, además de Rosario, se registraron denuncias en otras ciudades como Paraná, Bariloche, San Juan y Buenos Aires. “Lo que argumentan las empresas del sector es que la desregulación que firmó el Gobierno les habilita a desentenderse de eso que hasta ahora era una obligación", evaluó el dirigente en declaraciones para el mismo medio.
A través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), debió realizar una presentación judicial porque las mismas empresas no cumplen con el viaje gratis. El recurso judicial, impulsado por instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, solicita que la justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad.
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