La Justicia de Santa Fe rechazó la cautelar solicitada por los partidos libertarios provinciales La Libertad Avanza (LLA) y Vida y Familia que buscaba frenar el proyecto que habilita la convocatoria a la reforma constitucional sancionada a comienzos de diciembre de 2024.
El diputado Nicolás Mayoraz fue el principal impulsor del planteo que buscaba declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la norma N.º 14.384 y, al mismo tiempo, pidió suspender cautelarmente sus efectos por constituir "un acto de autoridad pública que de forma inminente lesiona y restringe con ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”. El pedido fue rechazado este martes, aunque adelantaron que el espacio libertario apelará el fallo, según confirmaron medios locales.
En la resolución, el juez de feria Ezequiel Zabale consideró “inconducente” el pedido que planteó la inconstitucionalidad de la ley. A su vez, sostuvo que “resulta plausible suponer que los integrantes de la parte actora tienen un interés razonable en evitar futuros daños” y advierte que “la norma permite que no solo la víctima pueda reclamar los beneficios de la prevención, sino también otros sujetos, terceros, aunque no lo hagan para evitar un perjuicio sufrido como damnificado directo o indirecto”.
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Zabale explicó que, para el despacho de la medida cautelar innovativa, “se requiere la acreditación de ciertos requisitos tales como la verosimilitud del derecho del peticionante, lo que requiere que sumariamente el solicitante acredite prima facie el derecho invocado, apariencia que debe resultar no sólo de sus manifestaciones, sino también mediante el acompañamiento de elementos de juicio que indiquen al Tribunal someramente dicha verosimilitud, requisito que no se encuentra cumplimentado”.
De esta manera, remarcó que “la ley cuestionada ha sido puesta, sancionada, conforme los mecanismos constitucionales vigentes y de las someras consideraciones realizadas no surge ninguna de las afectaciones mencionadas, siendo alguna de ellas meramente conjeturales”. No obstante, el bloque Somos Vida, que encabeza la diputada Amalia Granata, criticó duramente el proceso legislativo que permitió avanzar con la modificación de la Constitución provincial: los diputados Omar Paredes y Edgardo Porfiri fueron acusados de recibir sobornos para cambiar su voto en la Legislatura.
El juez de feria Ezequiel Zabale consideró “inconducente” el pedido que planteó la inconstitucionalidad de la ley aprobada en la Legislatura santafesina
Santa Fe: cómo se definirá la suerte de la reforma constitucional
Santa Fe vivirá un escenario inédito este 2025: por primera vez, se avanzará en la actualización de la Carta Magna vigente desde 1962. En la Casa Gris, remarcan la importancia de reforzar el diseño institucional e incorporar los cambios introducidos en la reforma nacional de 1994.
La norma constitucional actual delega el poder para proceder a su propia reforma en un órgano constituyente complejo que tiene tres instancias: la Legislativa, a través de los diputados y senadores que, con mayorías agravadas, declaran la necesidad de la reforma. En segundo lugar se encuentra el electorado, que deberá elegir representantes que decidirán las reformas, mientras que la convención reformadora será la que finalmente dispondrá las modificaciones o sustituciones al texto actual.
En consecuencia, los integrantes de la Legislatura proponen y habilitan temas y artículos e incluso pueden direccionar el sentido de las modificaciones, pero será la Convención la que procederá a reformar la Constitución, acompañando las propuestas legislativas o desechándolas. Entre las modificaciones más importantes que prevé la reforma es la habilitación a que el gobernador Maximiliano Pullaro pueda competir por un segundo mandato consecutivo, algo que está prohibido también en la provincia de Mendoza.
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