El debate por el proyecto del presidente Javier Milei que busca establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil está más caliente que nunca. En ese marco, la diputada santafesina del bloque Somos Vida Amalia Granata trajo a la mesa un dramático suceso que podría involucrar al gobernador Maximiliano Pullaro.
En pleno debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, que impulsa el gobierno libertario, Granata aseguró que "el gobernador de la la provincia de Santa Fe, a los 13 años, mató a un chico". "Hoy no sería Gobernador", planteó la legisladora provincial en diálogo con Daniela Ballester en la pantalla de C5N, quien se mostró sorprendida por los dichos y le repreguntó al respecto.
Lejos de corregirse, la diputada conservadora profundizó: "Con un amigo, jugando a la ruleta rusa, le puso un arma en la cabeza, le disparó y lo mató. Hoy (Pullaro) no podría ser gobernador", agregó. Granata se posicionó como la mayor opositora del Gobierno de Unidos: lo acusó de tocarle el "bolsillo a los docentes, los jubilados y los policías para privilegiar las cajas de la política aumentando la planta de empleados públicos partidarios" y su bloque presentó una demanda para pedir que se suspenda la reforma previsional aprobada en septiembre pasado de manera polémica.
Además, lo acusó de “comprar los votos con plata y cargos” para que la reforma constitucional pueda ser sancionada. Durante el proceso legislativo de esta última iniciativa, los legisladores Omar Paredes y Edgardo Porfiri cambiaron su voto y fueron expulsados del bloque tras ir en contra de lo que acordado.
Ahora, con la denuncia de este tema sensible volvió a poner en agenda lo manifestado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Rodolfo Tailhade en el plenario de las Comisiones de Legislación penal y Familia, Niñez y Juventudes realizado en agosto de 2024. En el marco de su exposición, el legislador de UP rechazó la iniciativa y comparó el suceso sufrido por el santafesino en su juventud. En ese sentido, dijo que, si en ese momento hubiera regido el Código Penal, el mandatario provincial tal vez no ocuparía su cargo al frente del Ejecutivo de la Provincia. “¿Saben quién estaría preso? ¿Quién no sería gobernador de Santa Fe? ¿Quién no hubiese bajado el 70 % de los delitos en Rosario? El gobernador Pullaro”, introdujo el legislador opositor.
El mandatario radical hoy defiende el uso de armas y respalda el proyecto de ley de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes impulsan una política de mano dura, sobre todo en la ciudad de Rosario y, ahora, buscan reducir la edad para que los menores puedan ser juzgados hasta los 13 años y sean condenados en caso de cometer delitos tipificados en el Código Penal, donde se prohíbe la pena de reclusión perpetua.
A la hora de girar el proyecto a la Cámara de Diputados en 2024, La Libertad Avanza (LLA) argumentó el pedido de bajar la edad de imputabilidad, justificando que "los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes". Asimismo, sumaron que "esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general" y que "es imperativo que el sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones".
Baja de la edad de imputabilidad: qué dice el proyecto
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del proyecto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años, aunque la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
"En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal", agrega. En ese sentido, apunta que "por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".
En tanto, indica que, desde la sanción de la ley penal juvenil, "el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad".
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