Pese a la cautelar, el Gobierno avanzará en la reglamentación de la reforma laboral

El Gobierno buscará responder con un gesto de autoridad a la cautelar que puso freno a la reforma laboral: avanzará con la reglamentación de la norma, un paso imprescindible para la puesta en vigencia de buena parte de su articulado, más allá de que no tendrá implementación mientras dure la medida aplicada por un juez del Trabajo. Será uno de los pasos de la administración libertaria en una estrategia que contempla hasta un per sáltum a la Corte Suprema para evitar la continuidad de la tramitación en el fuero laboral.

La reglamentación se desarrollará en puntos centrales de la ley 27802 como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la ampliación de los servicios esenciales y la creación de los de “importancia trascendental” destinados a limitar el derecho de huelga y la habilitación de los bancos de horas, entre otros, confiaron a El Destape en las áreas del Ejecutivo a cargo de la aplicación de la norma. De ese modo el oficialismo intentará enviar una señal al juez del Trabajo Raúl Ojeda, responsable de la cautelar que frenó 82 artículos de la norma, a todo el fuero, adonde por ahora tramita la causa, y a la CGT, firmante del pedido a la Justicia.

La reacción inicial en el Gobierno fue airada contra el juez Ojeda por entender que se había extralimitado al anular casi por completo la ley en un todo de acuerdo con el planteo de la central obrera. Así lo hicieron saber desde cuentas en redes sociales atribuidas a Santiago Caputo hasta medios de comunicación paraoficiales que tildaron al magistrado de “kirchnerista” por haber cumplido tareas como asesor de aquella gestión junto al ministro de Trabajo de todo el período, Carlos Tomada.

Ojeda minimizó esas reacciones y en diálogo con El Destape Radio defendió el amparo que otorgó al señalar que son inútiles los esfuerzos del Ejecutivo por limitar el derecho de huelga: “el conflicto es sano; no se puede tapar un chorro de agua con el dedo”, graficó. Además sostuvo que la cautelar tuvo por objeto “defender la paz social” tras destacar que la aplicación de la reforma en su sentido más restrictivo no haría más que azuzar la conflictividad.

El magistrado recordó en ese sentido que la denominada “ley Banelco” de la gestión de la Alianza intentó también forzar la renegociación de todos los convenios colectivos de trabajo al poner fin a la ultraactividad y dijo que con eso sólo logró agregarle un factor de inestabilidad a una sociedad que ya atravesaba tensiones máximas en sectores populares y de la clase media.

Para el Gobierno, en cambio, el juez Ojeda “debió excusarse” por su pasado como funcionario, como le dijo a este medio un funcionario de primera línea. Y también, por existir en paralelo una causa en el fuero Contencioso Administrativo que busca determinar la validez del traspaso de la Justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, antes de acudir a la Corte la expectativa del Ejecutivo pasa por una eventual inhibitoria planteada por el Contencioso a sus pares de Laboral para lograr la derivación de todas las causas a un fuero visualizado como más amable por los libertarios.

Según los funcionarios publicar la reglamentación de varios artículos de la reforma laboral no debería entenderse linealmente como un desafío a la autoridad de Ojeda. Explicaron que en su fallo, de quince carillas, el magistrado no prohibió taxativamente al Gobierno avanzar en esa línea.

Antes de la cautelar el Gobierno había enviado señales de concordia a la CGT. Como publicó El Destape, los funcionarios le habían transmitido al triunvirato que no existía apuro en las áreas técnicas para implementar puntos sensibles de la norma como la prevalencia de los convenios colectivos por empresa por sobre los de orden nacional así como la equiparación de los sindicatos simplemente inscriptos con los poseedores de la personería gremial. Esos tópicos, que hacen al corazón del poderío de los sindicatos tradicionales en la Argentina, coincidieron con la preocupación de varias cámaras empresarias por una eventual espiralización de los conflictos en un escenario de descentralización.