El debate sobre la reforma laboral se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero en el Congreso, donde el Gobierno de Javier Milei busca aprobar el proyecto que planea nuevos esquemas laborales que ponen en peligro a mujeres y disidencias con la pérdida de derechos. La iniciativa incluye la creación del Fondo de Cese Laboral, la implementación del banco de horas y la flexibilización de jornadas, medidas que el oficialismo presenta como “modernización” del mercado de trabajo. Sin embargo, el nuevo esquema implica un vaciamiento del sistema de seguridad social y una feminización de la pobreza en la vejez y golpea de lleno a sectores como comercio, servicios y casas particulares, donde la informalidad es crítica. En este contexto, el debate legislativo no solo define el futuro del mercado laboral, sino también el avance de la desigualdad de género.
La reforma laboral en debate fue objeto de análisis en tres informes a los que pudo acceder El Destape: el del Instituto de Estudios y Formación (IEF), Instituto Argentina Grande y el de la organización Promoviendo derechos para la igualdad de género. Todos coinciden en que las modificaciones propuestas no solo desfinancian la seguridad social, sino que además profundizan desigualdades estructurales en el mercado de trabajo ya que el denominador común es claro: las mujeres y disidencias son las principales afectadas por el traslado del ajuste hacia los hogares y por la ausencia de políticas de cuidado.
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Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el impacto a las asignaciones
El informe del IEFTAA, al que accedió este medio, advierte que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implica un cambio estructural en el financiamiento de la seguridad social. El proyecto establece que los empleadores aporten un 3% de la remuneración de cada trabajador a cuentas individuales administradas por fondos de inversión, reduciendo en igual proporción las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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Este traspaso no es neutro: significa una pérdida de recursos para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según datos de ANSES citados en el informe, una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota patronal representa una caída del 30% en la recaudación previsional.
El impacto de género es evidente:
- Las mujeres constituyen el 58% de los beneficiarios del sistema previsional, pero concentran los haberes más bajos debido a trayectorias laborales fragmentadas y salarios menores.
- El 70% de las titulares de AUH son mujeres, lo que significa que el recorte golpea directamente a hogares feminizados.
El informe describe un círculo regresivo: menos ingresos en el sistema, más trabajo de cuidado no remunerado en los hogares, menor participación laboral femenina, jubilaciones más bajas o inexistentes. Según el IEFTAA, “el ajuste previsional se convierte en sobrecarga doméstica y en feminización de la pobreza en la vejez”. Por otra parte, la reforma laboral introduce mecanismos de flexibilización del tiempo de trabajo -como el banco de horas, la negociación individual y la compensación flexible de jornadas- que afecta especialmente a quienes ya enfrentan dobles o triples jornadas. Los sectores más afectados son los servicios, el comercio, los cuidados y las casas particulares, donde la informalidad es mayor y la mayoría de las trabajadoras son mujeres. El informe aporta datos contundentes:
- El 97,3% de quienes trabajan en casas particulares son mujeres.
- El 77,7% lo hace en la informalidad.
- El 40% es el principal sostén económico de su hogar.
En este marco, Julia Campos, del Observatorio de Género y Relaciones Laborales de ATE, dialogó con El Destape y advirtió sobre el sesgo de género en la precarización: “Si bien la precarización es algo transversal que afecta a todos los géneros indistintamente, hay una mayor precarización que recae sobre las mujeres y feminidades. Esto también se ve afectado porque es una ley que lejos de facilitar el contrato formal, lo que hace es eliminar las multas y las consecuencias para aquellos empleadores que decidan contratar informalmente, sin registro.” La consecuencia, según señaló, es que las mujeres tendrán menos posibilidades de acceder a trabajos formales y, por ende, a una jubilación futura. “Si hoy se jubila una de cada diez mujeres sin moratoria, imaginate lo que puede llegar a pasar si favorecemos procesos de informalización laboral”, concluyó.
Reforma laboral y las tareas de cuidado
El tercer informe, elaborado por la organización Promoviendo derechos para la igualdad de género y al que accedió este medio, subraya que la reforma desconoce la transformación social y familiar de las últimas décadas. La Ley de Contrato de Trabajo sigue basada en un modelo de “varón proveedor y mujer ama de casa”, ya inexistente.
Los datos muestran que la participación laboral femenina pasó del 27% en 1980 al 51,6% en 2025, y que el 56,8% de los hogares cuenta hoy con dos proveedores de ingresos. Sin embargo, persisten brechas de participación laboral de entre 20 y 40 puntos porcentuales, especialmente en hogares con niños pequeños, lo que implica la exclusión de 1,8 millones de mujeres del sistema productivo.
El régimen de licencias laborales es otro ejemplo de desconexión:
- Mantiene solo 90 días de licencia por maternidad, por debajo de lo recomendado por la OIT.
- Solo 2 días de licencia por paternidad.
- No contempla adopción, discapacidad, nacimientos múltiples ni trabajadores autónomos.
El informe recuerda que ya existen propuestas legislativas para actualizar este esquema, como el proyecto “Cuidar en Igualdad” presentado en 2022, que planteaba ampliar licencias y crear un Sistema Integral de Cuidados. Sin embargo, la reforma actual ignora estas iniciativas y perpetúa un modelo que excluye a millones de mujeres del mercado laboral. Los tres informes advierten que la reforma laboral debilita la seguridad social y aumenta la feminización de la pobreza, precariza sectores feminizados, reforzando la desigualdad estructura e ignora la crisis del cuidado, perpetuando la exclusión de millones de mujeres del mercado laboral.
Campos señaló que la flexibilización de la jornada y el banco de horas dificultan la organización del trabajo no remunerado, generando incertidumbre sobre tareas cotidianas como el cuidado de hijos o adultos mayores. “Es una ley que lejos de atacar la doble jornada que llevan adelante millones de mujeres, la dificulta sin ofrecer alternativas”, subrayó. Además remarcó que la reforma laboral impacta en la organización familiar y escolar: “Esto se refuerza con el otorgamiento de las vacaciones y su fragmentación, dificultando que las mismas coincidan con los recesos escolares. Las tareas de cuidado se van a seguir haciendo, pero a costa de destinar aún más tiempo, o más dinero.” La imposibilidad de conciliar los ámbitos productivo y reproductivo obliga a tercerizar tareas de cuidado, contratando niñeras o comprando servicios y productos que antes podían resolverse en el hogar. “La pobreza de dinero se profundiza porque vamos a tener que pagar por tareas que antes realizabamos nosotras”, explicó.
En sintonía, Luci Cavallero, referente de Ni Una Menos, afirmó en diálogo con este medio que “la reforma laboral de este gobierno es un ataque contra toda la clase trabajadora: registrada, no registrada, informal y de la economía popular. Busca disciplinar, abaratar y devaluar el trabajo en todas sus formas”. Según remarcó Cavallero, “las mujeres tienen históricamente altos índices de informalidad laboral, y en la población LGBTIQ+ eso se incrementa. Atentar contra la organización colectiva nos deja más vulnerables, obligadas a negociaciones individualizadas”. También enfatizó que “se dificulta la conciliación entre trabajo registrado y tareas de cuidado. El banco de horas elimina las horas extras y abarata aún más el trabajo, mientras el Estado se retira de áreas como salud y educación, lo que incrementa el trabajo no remunerado para las mujeres”. “Los despidos baratos, la desfinanciación del ANSES al bajar aportes patronales, las vacaciones fragmentadas que afectan a quienes tienen responsabilidades de cuidado, y el aumento del período de prueba en el trabajo doméstico, un sector ampliamente feminizado. Todo esto empuja a más personas a la informalidad, legaliza la precarización y refuerza la desprotección”, cerró.
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