Dueños de medios se unieron contra el estatuto que defiende a sus trabajadores

Los dueños de los principales medios de comunicación de la Argentina se unieron a favor de la derogación del Estatuto del Periodista, el instrumento que protege a los trabajadores de esas empresas y resguarda su tarea de presiones externas e internas. Lo hicieron a través de una nota que cursaron a senadores en la previa del tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral, que incluye la supresión de esa garantía vigente desde hace 80 años. 

El escrito, al que tuvo acceso El Destape, ataca en particular la indemnización especial para periodistas, el período de prueba de un mes y el número de colaboraciones mínimo a partir del cual un trabajador de los medios debe ser efectivizado como permanente. Lo firmaron las asociaciones de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira); de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba), de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA). 

Las entidades se habían reunido el miércoles pasado con la senadora ahora libertaria Patricia Bullrich, cabeza de la estrategia parlamentaria del oficialismo en la Cámara alta, tal como adelantó en exclusiva este medio. En ese encuentro Bullrich buscó asegurarse apoyo editorial para la iniciativa de La Libertad Avanza a cambio de impulso en la derogación del estatuto, un viejo anhelo de empresas como Clarín y Perfil, entre otras. En paralelo, el mismo día los sindicatos de prensa mantuvieron un encuentro con senadores radicales que habían dado garantías de sostener la vigencia del estatuto hasta su posible reemplazo, un compromiso que parecía haber perdido fuerza los últimos días pese a la prédica histórica de la UCR a favor de la libertad de prensa. 

La nota patronal, en línea con el discurso del Gobierno, parte de la tesis de que sólo con una mayor flexibilización de los contratos de trabajo en la actividad habrá más empleo registrado. Lo sostiene sobre la base de un supuesto estudio del Foro de Periodismo Argentino (Fopea, agrupación históricamente transmisora de los intereses de Adepa) según el cual “cerca del 70% de los medios locales del país trabaja sin periodistas en relación de dependencia” y en cambio “se apoyan mayormente en colaboradores independientes o esquemas a comisión, con una precarización más aguda en la mitad de las provincias”. 

“El trabajo advierte que el modelo laboral tradicional se volvió económicamente inaccesible  para gran parte del sector, en especial para redacciones pequeñas y medianas del interior, donde las rigideces contractuales, los costos de desvinculación y la activación automática de relaciones laborales tras un número limitado de colaboraciones funcionan como barreras objetivas para generar empleo formal, lo que empuja el trabajo profesional hacia modelos unipersonales, freelance o informales”, añade la nota patronal. Es una reducción sectorial del argumento según el cual la informalidad laboral no es responsabilidad de los empleadores que contratan de esa manera sino de los trabajadores que se aferran a una legislación protectoria. 

Las empresas que reclaman la derogación del Estatuto alegan que con ese planteo no piden “privilegios” sino “igualdad y reglas previsibles” con la equiparación de los periodistas al resto de los trabajadores contemplados en la ley de Contrato de Trabajo (LCT). Y añaden que la protección contemplada en esa norma se superpone con normas constitucionales e internacionales que salvaguardan la libertad de prensa y de expresión. La nota, sin embargo, omite la existencia de presiones por parte del propio empleador del trabajador de prensa, a las que precisamente apunta la indemnización especial para desalentar los despidos sin causa. 

Además, las entidades cuestionan una eventual “competencia desigual con las plataformas” al señalar que con ellas pujan por las mismas audiencias y publicidad pero “con obligaciones laborales asimétricas”. “Las plataformas monetizan contenidos periodísticos y no asumen vínculos laborales por publicación, periodicidad ni volumen; Los medios, en cambio, quedan obligados a encuadrar como empleado a un colaborador tras un número limitado de publicaciones y asumen costos sin topes y con períodos de prueba muy reducidos”, señalan. 

A última hora del martes el destino del Estatuto era incierto. La aparición de múltiples versiones del proyecto de reforma laboral dio pie a especulaciones sobre la derogación lisa y llana, o bien la alternativa de avanzar en esa línea con un plazo de seis meses para su renegociación entre las empresas de medios y los sindicatos de prensa; también circuló la versión de que el instrumento podría quedar en vigencia y abrirse un plazo de 12 meses para su rediscusión sin la amenaza de que desapareciera mientras tanto la indemnización especial, que le suma unos diez sueldos a los previstos en la LCT para los despidos sin causa.