La familia de Pablo Grillo se presentó como querellante en la investigación judicial ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 y solicitó medidas de prueba para determinar las responsabilidades penales sobre la represión que desplegó el Gobierno durante la marcha de las y los jubilados del 12 de marzo pasado. La defensa de la familia fue asumida por las abogadas Paula Litvachky y Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, respectivamente. "Señalamos la responsabilidad, por lo que tenemos hasta ahora, del cabo primero Guerrero, en lo que definimos como una tentativa de homicidio agravado", dijo Cesaroni durante la conferencia de prensa que realizaron en la puerta del Hospital Ramos Mejía.
En el escrito de 22 páginas presentado en la mañana de este viernes, la familia de Grillo -madre, padre y hermano- solicitan medidas de prueba, determinar la responsabilidad de las autoridades políticas responsables jerárquicamente “de que una manifestación se lleve a cabo sin violencia por parte de las fuerzas de seguridad”. Además, señalan que “debe ser reforzado de investigar el ataque” contra Grillo, trabajador de prensa en contexto de protesta, a quien consideran “víctima de un delito de acción pública cometido presuntamente por un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina, durante una protesta social en apoyo a las y los jubiladas, el 12 de marzo pasado”.
Aquel día, Pablo -como en tantas otras ocasiones- estaba llevando a cabo una cobertura fotográfica de la movilización en defensa de las y los jubilados, acompañados por hinchas de fútbol, organizaciones políticas, sociales y sindicales. Antes de que llegara el horario de la convocatoria -a las 17- ya se habían empezado a registrar hechos de represión hasta que a las 17.18 el joven fotógrafo del barrio de Lanús recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, que lo dejó inconsciente en medio de la calle Hipólito Yrigoyen, en donde fue auxiliado por militantes hasta que llegó una ambulancia y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, en donde se encuentra hasta ahora.
En la documentación presentada ante la Justicia, entre las responsabilidades a investigar, señalan a: la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; al director nacional de la Gendarmería Nacional (GNA), comandante general Claudio Miguel Brilloni; al jefe del Destacamento Móvil 6 de GNA, comandante mayor Héctor Ferreira; el jefe del comando región I de la Provincia de Buenos Aires, comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian, “y de todas otras aquellas personas que, en virtud de sus deberes y obligaciones funcionales, deban responder por estos hechos”.
Para ello, especificaron Litvatscky y Cesaroni, pidieron: las modulaciones de los equipos del personal que estaba participando del operativo, listado de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y municiones, así como los crudos de los canales de televisión y medios de comunicación y, sobre todo, conocer las órdenes que se le dio al personal que estaba en la calle para que actuara ese día.
En sus medidas de prueba, además, incluyeron la investigación independiente realizada por Mapa de la Policía, que permitió identificar a Guerrero como el autor del disparo. "El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro. Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", señalaron en un comunicado que difundieron al cabo de la conferencia de prensa, mientras que en la presentación apuntan a la injerencia que tiene en este caso el "uso de armas menos letales y su legalidad" -que habían sido prohibidas luego del asesinato del maestro Carlos Fuentealba-.
Dadas las pruebas que existen que apuntan a Guerrero como responsable del disparo, las abogadas también solicitaron que sea llamado a indagatoria.
En tanto, desde la familia de Grillo apuntaron a El Destape que buscan material de los siguientes momentos a fines de presentarlos en la justicia: momento del disparo (desde todos los puntos posibles), de la posta de salud que lo auxilia, momento en que llega la ambulancia (cuando lo asisten, entrada, salida).
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El protocolo anti-piquetes
En el comunicado del CELS, también hacen alusión a la resolución 943/23, conocida como el “Protocolo anti-piquetes”, que se convirtió en la primera medida del Gobierno de Javier Milei, a sólo cuatro días de asumir.
Bajo la justificación de aplicar esa política -que va contra los estándares interamericanos de la protesta- "la decisión de la ministra Patricia Bullrich fue arremeter contra quienes se manifestaban en la Plaza del Congreso para impedir el desarrollo de la protesta", aseveraron y apuntaron que "este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar las manifestaciones cuando el tránsito sea interrumpido u obstaculizado. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas", indicaron y denunciaron que es una medida "inconstitucional".
La causa parada en la Justicia a más de una semana de la represión
El mismo miércoles 12 de marzo la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó dos denuncias por la represión que el Gobierno nacional desplegó durante el miércoles en la zona del Congreso para impedir la marcha de los jubilados, que se centraron en los ataques que sufrieron la jubilada Beatríz Blanco, de 87 años; golpeada por un efectivo de la Policía Federal; y otra por el fotógrafo Pablo Grillo. Aunque pasó más de una semana, la causa todavía no registra medidas de prueba y, como apuntó Litvatscky se encuetra en un "limbo judicial" dado que los jueces federales no se quisieron hacer cargo hasta ahora para tomar la investigación.
La causa ahora irá a sorteo para definir quién de la Justicia Federal deberá tomar este proceso.
Según informó La Nación, la causa principal tramita en el Juzgado Federal N°12, que se encuentra vacante y es subrogado por el juez Ariel Lijo -el magistrado electo por el Ejecutivo nacional para ser parte de la Corte Suprema-. Pasó allí luego de que la jueza María Servini declinara la competencia del suyo, el número °1, en las cuatro causas que se acumularon allí e investigan los hechos ocurridos frente al Congreso, pero este viernes Cesaroni dio a conocer que Servini volvió a rechazarlo, por lo que deberá a ir a sorteo.
Investigación interna en Gendarmería
A pesar de que Bullirch y distintas autoridades del Poder Ejecutivo se encargaron de defender el accionar de la Gendarmería, dentro de la fuerza se abrió una investigación interna que la ministra debió impulsar para determinar responsabilidades en relación al disparo que impactó en la cabeza de Grillo., así lo confirmó La Nación. Según Bullrich, el objetivo de estos expedientes es “responder las preguntas hechas por la Procuvin”.
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