El ministro de Defensa Luis Petri pasó la noche de año nuevo en la guardia del Regimiento de Artilleria 1 Tomás de Iriarte en Campo de Mayo. Brindó en compañía de uniformados y su pareja, la comunicadora Cristina Pérez, flamante adquisición de la propaladora oficialista LN+.
Como corresponde a un evento gestado para ser difundido, el ministro -que en el gabinete ganó fama de "cosplayer" por su pulsión a disfrazarse de "Top Gun"- se exhibió en sus redes sociales con una leyenda: “Cerramos un año de compromiso total con nuestras Fuerzas Armadas. Seguimos dando pasos firmes para equiparlas, fortalecerlas y devolverles el prestigio que realmente merecen en nuestra Nación”.
El mensaje del ministro ratificó su intención de hacer pie en el territorio natural de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cultivada como mascarón político por el complejo jurídico-económico-militar que ambiciona ampliar posiciones en el poder formal.
A fuerza de contratos y concesiones, Petri se abre paso entre los uniformados y se propone como el mariscal del presidente en la guerra contra su vice. Pero la avanzada no está exenta de polémicas, como ocurrió al cierre del año, con los meteorólogos que cuestionaron la designación de un ex jefe de la Fuerza Aérea al frente del Servicio Meteorológico Nacional.
El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó la designación del licenciado Antonio José Mauad, comodoro retirado y veterano de la guerra de Malvinas, como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo que permanecía acéfalo desde la renuncia de Alejandro de la Torre. Según un comunicado emitido por el CAM, Mauad "no tiene experiencia demostrable de gestión en el ámbito de la meteorología", lo que lo descalifica para ocupar el cargo.
El nombramiento de Mauad se oficializó al filo del 2024 mediante el decreto 1129/2024. La norma, firmada por el Ejecutivo, establece que su gestión comenzó el 4 de diciembre, bajo un carácter "ad honorem", por un período de cuatro años, con posibilidad de renovación consecutiva.
Desde el CAM, conducido por la Dra. Carla Gulizia, señalaron que el comodoro retirado no cumple con los requisitos estipulados por el decreto 1432/2007, que exige al titular del SMN contar con un título universitario y al menos cinco años de experiencia profesional en ciencias de la atmósfera.
“El liderazgo del SMN requiere conocimiento especializado para coordinar con eficacia sistemas de alerta temprana, fortalecer pronósticos meteorológicos y climáticos, definir un rumbo institucional con expertise técnico y representar al país ante organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM)”, subraya el comunicado del CAM.
Mauad desempeñó diversos roles en el ámbito público. Fue gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) durante la década de los ‘90, edecán presidencial de Carlos Menem y, más recientemente, ocupó cargos en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También se desempeñó como Agregado Aéreo en España, Agregado de Defensa en los Países Bajos y director de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina.
El roce internacional y el vínculo con negocios estratégicos -telecomunicaciones y aviación civil- fueron antecedentes de peso en la designación, junto a la pertenencia a la Fuerza escogida por el ministro y el presidente para enfrentar a la vicepresidente en el terreno militar.
Mieli y Petri manifestaron su preferencia por la Fuerza Aérea cuándo, al comienzo de la gestión, alteraron el ciclo de rotación habitual para entronizar al brigadier general Xavier Julián Isaac como jefe del Estado Mayor Conjunto. El ascenso fue leído como una declaración de guerra en las huestes de Villarruel, arraigada por origen familiar y operativo al Ejército.
La desconfianza entre las fuerzas armadas es un clásico que se potenció en la era Milei. Los generales a los que tributa la vicepresidenta -muchos de ellos retirados influyentes que purgan condenas por crímenes de lesa humanidad- todavía resienten que el Ejército sea considerado el principal responsable del genocidio mientras que la Fuerza Aérea goza de reconocimiento y prestigio por su accionar en Malvinas. A ese tradicional recelo se sumaron los primeros movimientos de Petri, que arrancó su mandato anunciando la multimillonaria compra de aviones de combate F16.
El contrato está narrado en el autoelogioso informe de gestión que Petri difundió a cierre del año que pasó.
El documento elaborado por el Ministerio de Defensa, finalizado en las últimas horas del 2024, detalla las acciones realizadas para reequipar a las Fuerzas Armadas. El eje del programa de reequipamiento, cuya implementación comenzó en 2024 y continuará hasta 2025, fue la adquisición de 24 aviones F-16M, comprados a Dinamarca con el aval de Estados Unidos. El primero de estos cazas llegó el mes pasado, mientras se iniciaron obras para acondicionar las bases aéreas de Tandil y Río Cuarto, donde operarán. Junto a estos cazas, se incorporaron dos nuevos IA-63 Pampa III Bloque II, destinados al adiestramiento de pilotos y como paso previo a la transición al sistema F-16.
El informe también resalta la adquisición de un dron Tehuelche de fabricación nacional para entrenar pilotos de aeronaves no tripuladas, y dos aviones Tecnam P2002 para formación. Asimismo, se recuperaron ocho aeronaves: DHC-6 Twin Otter, Bell 412EP, Bell 212 en Chipre, un Learjet LJ-35, PA-25 Puelche y Aero-Boero AB-115. Además, se entregó un simulador de vuelo para aeronaves Pampa III, que será emplazado en Mendoza como parte de la formación de pilotos de combate.
En cuanto al transporte, se adquirió un avión biturbo Embraer 140 con capacidad para 43 pasajeros y cuatro tripulantes. También se incorporó un Hércules C-130H donado por Estados Unidos, dado de alta en la flota de la Fuerza Aérea en abril de 2024. Este avión amplía la capacidad de transporte y apoyo aéreo de la institución.
Otra incorporación significativa fue el primero de los cuatro P-3C Orion adquiridos a Noruega. Este avión, especializado en vigilancia marítima, cumplirá un rol clave en la detección de pesca ilegal y protección del litoral marítimo argentino, la plataforma continental y la Antártida. Equipado con sistemas antisubmarino y antisuperficie, puede volar a baja altura y velocidad, con una autonomía de 12 horas y un alcance de 1500 millas náuticas (2780 kilómetros). Su capacidad de exploración incluye sensores infrarrojos, detectores de anomalías magnéticas y sistemas de aproximación de misiles. Además, cuenta con estaciones de armas distribuidas en sus alas y bahía de bombas, configurables con distintos tipos de armamento para una amplia gama de misiones.
El informe destaca que estas aeronaves pueden desplegar balsas salvavidas completamente equipadas, permitiendo operaciones de rescate en el mar. La combinación de tecnologías avanzadas y versatilidad operativa refuerza el compromiso del Ministerio de Defensa de modernizar la flota aérea.
El despliegue de contratos otorgados a las Fuerza Aérea contrasta con el "reequipamiento" concedido al Ejército y la Armada. Para los soldados se acondicionaron los viejos tanques TAM y se sumaron dos vehículos orugas adquiridos a Estados Unidos. En el caso de la Marina, el documento del Ministerio de Defensa precisó que “se adquirieron dos nuevas lanchas de instrucción de cadetes (LICA)”, y se botaron otras dos lanchas para el Servicio de Hidrografía Naval.
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El evidente vuelco de Petri y Milei por la Fuerza Aérea fue leído en el Ejército como un escarmiento por su cercanía a Villarruel y la temprana negativa a desplegar acciones represivas dentro del territorio nacional. Un ejemplo de esas tensiones se verificó con la renuncia como segundo de Defensa del teniente general retirado Claudio Pasqualini, de estrecho vínculo con la vicepresidenta y su campaña por la liberación de genocidas. La situación de condenados y enjuiciados por crímenes de la dictadura está en la base de las tensiones entre la vice y el ministro. Generales y brigadieres difieren respecto al uso de militares en tareas de Seguridad Interior. Los primeros, como manifestó Villarruel, temen ser el "chivo expiatorio" cuando ocurra el cambio de ciclo y se busquen responsables de la represión en ciernes. Los aéreos ven la posibilidad de conseguir más pertrechos para "combatir el narco-terrorismo" y recuperar algo de los los lucrativos negocios aeroportuarios y aeoronáticos que obtuvieron durante la dictadura cívico-militar.
El pedido de indemnidad por los crímenes que los uniformados pudieran cometer en tareas de seguridad interior es un pre requisito exigido por todas las fuerzas convocadas a operar. En el informe de gestión que difundió a través del portal Infobae, el ministro Petri reafirmó la intención de uso de las Fuerzas para reprimir en el ámbito doméstico, al tiempo que ratificó el compromiso del gobierno contra las políticas tendientes a preservar la Memoria, Verdad y Justicia.
El documento resaltó la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, que permite a partir de ahora “la actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo”. También el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, que “amplía la capacidad de acción, considerando amenazas actuales y agresiones, tanto cibernéticas como de agentes no estatales”. Y la firma por parte del presidente Milei del decreto que habilitó a los militares a participar de la custodia de objetivos estratégicos junto a las Fuerzas de Seguridad Federales.
El comunicado informó además que está en elaboración una nueva Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN) para reflejar “nuevos desafíos geopolíticos y tecnológicos, alineando el accionar del sistema de defensa con los intereses estratégicos de la Nación”. Se trata de una definición clave, por la definición de hipótesis de conflicto y amenazas que amplía hasta límites difusos la incumbencia de las Fuerzas Armadas frente a posibles acciones civiles.
Entre las medidas que puso en marcha, el Ministerio de Defensa destacó “el desmantelamiento del grupo de derechos humanos para investigaciones para-judiciales” que funcionó hasta abril pasado en ese organismo. “Funcionaba como un grupo para-judicial, con acceso a documentos y poderes que, según la normativa, pertenecen exclusivamente a la Justicia” dice el informe que difundió Petri.
El vaciamiento en curso de la Secretaría de Derechos Humanos, el Museo y el Archivo de la Memoria forman parte del mismo proceso preventivo de impunidad.
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