La Justicia federal en lo contencioso administrativo condenó al Gobierno nacional de Javier Milei a continuar con la entrega de alimentos en comedores y merenderos discontinuada desde el mes de febrero, lo que representa la cuarta derrota judicial para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Por su parte, a través de un comunicado, desde el ministerio señalaron la "legalidad y enfoque progresivo" de la asistencia alimentaria destacada por el propio magistrado, Wálter Lara Correa al emitir su fallo.
Se trata de la causa iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el CELS y con el patrocinio Juan Grabois en su calidad de abogado. De este modo, Pettovello ya perdió en cuatro instancias judiciales consecutivas. Además, los demandantes planean llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este mes.
El fallo del juez Walter Lara Correa da lugar al amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS y reconoce el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos y condena al Gobierno a restablecer la entrega de alimentos para no “incurrir en responsabilidad internacional”.
“El objeto de la presente acción se circunscribe al reconocimiento del derecho a la alimentación, sujeto titulares del derecho son las/los seres humanos —especialmente grupos eternamente desaventajados, especialmente niñas, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, y personas con discapacidad— y que los comedores y/o merenderos constituyen instrumentos para la satisfacción del derecho”, agregó el fallo de Lara Correa.
Asimismo dispone que “el Estado Nacional debe continuar con la ejecución de las políticas públicas vigentes en materia alimentaria de manera progresiva"; idea que es destacada por el propio ministerio como algo a favor de la gestión. "Consolida la continuidad de los procedimientos de asistencia alimentaria que se venían realizando y refuerza el compromiso del Ministerio de gestionar recursos públicos de manera responsable y de garantizar que los programas de asistencia lleguen directamente a quienes más lo necesitan, sin intermediarios, consolidando así una política de equidad y transparencia", indicaron desde Capital Humano.
"La solución se circunscribe al mantenimiento en la ejecución de los planes y programas vigentes e informados por el Ministerio de Capital Humano, la continuación de las políticas públicas que el propio Estado Nacional reconoce que implementa resulta ser beneficio para los grupos desaventajados, habida cuenta de que no representa un privilegio para dichas personas, en cambio resulta una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nación no incurra en responsabilidad internacional”, agregó el juez en su sentencia.
Entre otros puntos, el fallo destaca la importancia de mantener el RENACOM con datos actualizados y vigentes para garantizar el abastecimiento de alimentos en los espacios validados. "La sentencia establece que el Ministerio ha actuado dentro del marco normativo vigente, fomentando la continuidad y el mantenimiento de los programas sociales. El juez convalidó la postura del Ministerio de Capital Humano al cuestionar al RENACOM como una herramienta de política pública fiable a efectos de la asignación de recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria de la población vulnerable", añaden desde el texto de Pettovello. Mientras que sostienen que la sentencia "determina que los titulares del derecho a la asistencia alimentaria son directamente las personas (...) promoviento un acceso directo y transparente".
Actualmente, hay dos procesos judiciales abiertos contra Pettovello a raíz de denuncias realizadas por la UTEP con el patrocinio legal de Juan Grabois. Una de ellas, en el fuero penal, donde la ministra es investigada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad. La otra, en el fuero contencioso administrativo, donde el juez Lara Correa ya había dado lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial.
Por su parte, la UTEP fue convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia que se realizará el 14 de noviembre en Washington para exponer la situación en Argentina a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales, lo que representa una vulneración en los derechos humanos de los trabajadores de la economía popular. Esta audiencia podría derivar en una visita de la CIDH a nuestro país para constatar lo expuesto, tal como lo hicieron en 1979 cuando documentaron las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar.
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