La represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes que se realizó el pasado miércoles fue definida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su despliegue y consecuencias, como “la más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificara el accionar de las fuerzas de seguridad, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también respaldó a los agentes al asegurar que "es muy difícil definir el límite cuando una fuerza es agredida, golpeada o insultada”.
Hinchas de a pie que tenían un bien común salieron juntos. La respuesta del Ejecutivo fue decir que eran “barras” y desatar una brutal represión: disparos a discreción, detenciones arbitrarias y casi dos centenares de heridos –entre ellos el fotógrafo y periodista Pablo Grillo, quien pelea por su vida– marcaron un cambio de fase en la estrategia represiva del Ejecutivo. La feroz avanzada sobre manifestantes, que incluía jubilados y agrupaciones sociales, no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un esquema cuidadosamente planificado para criminalizar la protesta social y garantizar la aplicación de un modelo de ajuste y transferencia de recursos sin resistencia en las calles.
Días después de los ataques a los manifestantes, Pullaro afirmó que, por lo que pudo "ver en las imágenes, hubo desmanes". "Participaron barras y personas que no eran jubilados, quienes llevaron acciones violentas en las calles y hubo reacción de las fuerzas de seguridad", sostuvo el mandatario radical. No obstante, quienes formaron parte de la lucha que jubilados encabezan hace un año fueron hinchas de a pie que tenían un bien común.
En ese sentido, el gobernador santafesino señaló que el operativo "debió tener un control mucho mayor", y que el diseño establecido por la ministra "subestimó lo que iba a suceder”. Sin embargo, remarcó que vio "excesos por parte de las fuerzas de seguridad", y puso como ejemplo “cuando se dispara un gas lacrimógeno de manera horizontal”.
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La realidad marca que no fueron excesos, sino que hubo una actitud recurrente y claramente planificada de ir a detener manifestantes de manera violenta y sin motivo real alguno. Según las presentaciones judiciales, el procedimiento conjunto de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad, que comenzó a reprimir antes del horario formal del comienzo de la movilización dejó un saldo de 672 heridos, según precisó la CPM. Además de Grillo, también fueron agredidas Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos, entre otros casos.
A su vez, hubo 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas. La inmensa mayoría de esas aprehensiones –sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que se conocieron y que fueron relevados por quienes investigan la violencia institucional.
A esto se suma que las cámaras de C5N registraron cómo un policía dejó caer un arma de fuego durante la manifestación para que quede en medio de la plaza. Mientras que manifestantes grabaron cómo se dejó un móvil de la Policía de la Ciudad en medio de la calle con las puertas abiertas como invitación para ser vandalizado, cual carnada. El vehículo terminó incendiado, pero nadie detenido por eso.
Nuevo papelón: es psiquiatra, no va a la cancha y Bullrich le puso derecho de admisión
El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó, a través del Boletín Oficial, una resolución en la que anunció que hubo 26 "barras" a los que se les dispuso el derecho de admisión. Todos ellos, según Bullrich, no podrán ingresar a los estadios porque son hinchas peligrosos, pero ahora se supo que hay personas sancionadas que ni siquiera eran hinchas, sino trabajadores de otros entes agredidos por el ajuste de Javier Milei.
En ese listado figura, en primer lugar, el nombre de Alejandro Antonio Todaro Kicyila quien fue detenido en la manifestación y que, además, está marcado como uno de los "barras" quien tiene prohibido el ingreso a los estadios. En charla con SAD, en El Destape Radio, el propio Alejandro reveló: "Un montón de amigos cuando vieron la resolución se reían porque yo no voy nunca a la cancha. No soy hincha de ningún club. No me importa el fútbol hace años". Si bien, de chico, era hincha de Boca su recuerdo tiene que ver con un partido que se jugó en la década del 90.
Todaro es psiquiatra y trabajador del Hospital Laura Bonaparte. Fue a la manifestación del último miércoles sin camiseta de fútbol y acompañando a los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, que sufre la desfinanciación del Gobierno de Javier Milei y que está en una larga lucha. "Yo fui solo a buscar a mis compañeros, pero yo no soy hincha de fútbo. La última vez hace cinco años porque me invitó un amigo, pero nada que ver. No voy a la cancha y no me gusta el fútbol ni nada".
Este nuevo bochorno de la cartera de Seguridad, por ejemplo, se da en el marco de la presentación del proyecto de Ley Antibarras. En horas de la tarde, en una conferencia de prensa, Bullrich explicó que este proyecto: "La ley amplía el alcance de los delitos, incluyendo los mecanismos que generan financiamiento para las barras y castigando a los dirigentes que les facilitan entradas, micros o el ingreso de armas a los estadios".
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