Este miércoles, desde las 16, habrá una nueva movilización al Congreso para respaldar a los jubilados, después de que la de la semana pasada fuera brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, que detuvieron a más de 100 personas e hirieron de gravedad al fotoperiodista Pablo Grillo. Ante esta nueva movilización, el diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Marino presentó un hábeas corpus para que los agentes no puedan usar el arma que hirió al fotógrafo.
Mientras Grillo tomaba una foto en las inmediaciones del Congreso de la Nación, recibió el impacto de un gas lacrimógeno disparado por un gendarme, que no lo lanzó a 45°, como establece el protocolo. Desde ese día, permanece internado en el hospital Ramos Mejía.
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Este martes, en la previa de la marcha al parlamento, el diputado Juan Marino presentó un hábeas corpus preventivo, al que tuvo acceso El Destape, para intentar evitar que las fuerzas de seguridad usen el arma con la que hirieron al fotoperiodista. Concretamente, Marino pidió al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la Ciudad que "se abstengan de utilizar pistolas lanza gases, así como toda otra arma potencialmente letal (ya sea por su naturaleza o forma de utilización), contra manifestantes y/o personas presentes en la zona donde se desarrolle y/o se desconcentre la manifestación convocada para el día miércoles 19 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso Nacional".
Según pudo saber este portal, en la tarde del martes todavía no había una resolución judicial sobre el hábeas corpus, pero se acumularía en el juzgado 7, junto con otro recurso similar presentado previamente. En el texto, Marino recordó "los hechos ocurridos durante la última manifestación en defensa de los jubilados", así como "diversos actos, medidas y declaraciones de funcionarios del gobierno". Lo que sucedió la semana pasada permite "anticipar con meridiana certeza que las fuerzas de seguridad han sido o serán instruidas para violentar derechos inalienables de las personas que concurran a la manifestación, así como de quienes circunstancialmente se encuentren en el lugar como el derecho protestar, a la integridad física y a la vida", marcó el legislador nacional de Unión por la Patria.
Además, recordó que en la última movilización "un efectivo de las fuerzas de seguridad disparó una pistola lanzagases en forma paralela al piso apuntando donde se encontraba el periodista gráfico Pablo Grillo, hiriéndolo de gravedad ". Y agregó: "Las pistolas lanzagases fueron prohibidas en 2010 a través de la resolución 210/2010 en virtud de su potencialidad letal. Basta recordar el asesinato del maestro Carlos Fuentealba a manos de la Policía de Neuquén. En 2023, con la derogación de la resolución 210/2010, fueron permitidas nuevamente con el resultado que todos vimos el pasado 12 de marzo".
Un juzgado observará la aplicación del protocolo antipiquetes
Más temprano esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) presentaron un pedido de cautelar para que "se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas".
Ante ese pedido, el CELS informó que habrá representantes del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 monitoreando presencialmente la aplicación del protocolo antipiquetes en la marcha de este miércoles. "El protocolo amenaza derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión. Desde que se puso en marcha se redujo el espacio cívico y tenemos menos libertades", indicó el CELS en un comunicado.
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