La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocaron a movilizarse nuevamente el próximo miércoles en defensa de las y los jubilados tras la represión, y exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Es como si hubiera una especie de estado de sitio no escrito vigente en la Argentina", denunció el secretario general de la CTA-T y diputado nacional, Hugo Yasky, en una conferencia de prensa que realizaron junto con integrantes de diversas organizaciones sindicales, populares y miembros de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos.
Yasky apuntó que la represión desatada este miércoles, cuando miles de hinchas de más de 30 clubes de fútbol se sumaron a la marcha de los miércoles de las y los jubilados, "fue al principio de la marcha sin que mediara absolutamente nada que justificara el accionar represivo, simplemente la decisión de impedir que nuestro pueblo se manifestara pacíficamente".
El dirigente sindical y político caracterizó el momento actual como un "momento de debilidad" del Estado de derecho y enumeró las distintas cuestiones que son parte de este escenario: el presidente, Javier Milei, acusado de la estafa cripto, el intento del Congreso por votar la creación para investigar o habilitar el juicio político contra el mandatario que fue abruptamente finalizada por el presidente de la Cámara, Martín Menem; y un "Gobierno que reprime a mansalva". También, hizo alusión a la situación que se dio dentro de la Cámara, en la que diputados oficialistas de La Libertad Avanza se cruzaron fuertemente con aliados y ex aliados terminaron a las trompadas dentro del recinto cuando estaba por tratarse la moratoria cuya fecha límite es el 19 de marzo y que restringirá el acceso a jubilaciones por parte de personas mayores; la vigencia del DNU 70/2023 en donde se proponía retirar las facultades delegadas, entre otras iniciativas.
"Es un cuadro de anomalía, de atropello, de inconstitucionalidad, de represión, de arbitrariedad y de corrupción como la que se expresa en un Presidente que es la principal figura de un grupo que se dedica a delinquir a través de una estafa de criptomonedas", dijo antes de anunciar la nueva convocatoria para continuar con el apoyo a las y los jubilados.
"Exigimos la renuncia de la ministra Bullrich de inmediato", siguió Yasky. Su par, Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA-A, sumó que están al frente de la organización de un plan de lucha en todo el país para exigir al Congreso Nacional el rechazo del acuerdo "a libro cerrado" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Siempre ha sido el instrumento principal para arrasar con los derechos de nuestro pueblo", denunció.
En la misma línea, pidió que el Legislativo rechace el nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel Mansilla en la Corte Suprema de Justicia designados por decreto por Milei y repudió la Ley Antimafias. "Esa ley, que lamentablemente aprobó el Congreso, modifica la Constitución Nacional y modifica la posibilidad de aplicar el estado de sitio sin decisión del Congreso, arrasando con él. Es utilizada para reprimir toda forma de rechazo popular", sostuvo y dijo que es "una vergüenza para la democracia".
Uso abusivo de gases y balas de goma: qué dijo el CNPT
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se encargó de monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta social realizada en las inmediaciones del Congreso de la Nación y siguió la situación de las personas detenidas coordinando con los actores del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura a través de los canales establecidos con los mecanismos locales de prevención y Ministerio Público de la Defensa: "Se relevó un operativo que fue brutalmente represivo con cientos de detenciones arbitrarias", denunciaron.
Desde el organismo, señalaron especialmente: el uso abusivo de gases lacrimógenos y balas de goma "disparadas de forma antirreglamentaria directamente al cuerpo y rostro de los manifestantes a muy poca distancia, provocando lesiones, algunas de ellas de extrema gravedad".
Por otro lado, valoraron de manera positiva los criterios fijados por la jueza Karina Andrade, a cargo del juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que fue quien decidió la liberación inmediata de 114 personas detenidas durante la violenta jornada de este miércoles en función de las imprecisiones que las fuerzas de seguridad otorgaron al momento de llevarlas a cabo.
Sobre el fallo que Andrade emitió, destacaron que “las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”. Además, resaltaron la fundamentación que sustenta su decisión "evidenciando el carácter arbitrario de las detenciones al señalar que 'a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa' y que 'tampoco se lograba informar con relación a qué tipo de delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar dónde serían alojados'".
El CNPT informó que realizará el seguimiento correspondiente de las causas para que se lleven adelante las investigaciones administrativas y judiciales necesarias "para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad en el operativo". Para cerrar, remarcaron que "el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la protesta social y que la actuación de las fuerzas de Seguridad debe ajustarse a la normativa nacional e internacional vigente".
Cerrar sesión