El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la doctrina Franciscana (COPAJU) manifestó su firme rechazo a la represión sufrida por jubiladas y jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación y expresó su respaldo a la jueza Karina Giselle Andrade ante lo que consideraron un "ataque injustificado" contra su accionar. La magistrada, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ordenó la liberación de las personas detenidas por las fuerzas de seguridad durante la protesta.
En un comunicado, COPAJU, que agrupa a magistradas y magistrados de todo el país, denunció que la represión policial no solo impidió una manifestación de protesta social, sino que además incurrió en una "violencia institucional desproporcionada". El Comité advirtió que "ningún acto de violencia injustificado por parte de quienes reclaman puede generar violencia represiva desproporcionada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ese mismo Poder estatal que vulnera el derecho a la seguridad social de jubiladas y jubilados, quienes no pueden vivir con dignidad".
Sobre la actuación de la jueza Andrade, el Comité destacó que su resolución se ajustó a la Constitución Nacional al disponer la libertad de los detenidos, remarcando que en el caso estaban en juego derechos fundamentales como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la posibilidad de peticionar ante las autoridades. También subrayaron que Andrade expuso las irregularidades cometidas en el procedimiento llevado adelante por las fuerzas de seguridad. "El déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad", argumentó la magistrada en su fallo.
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El comunicado también abordó la situación previsional en Argentina, destacando que los haberes jubilatorios son insuficientes para garantizar un nivel de vida digno. "Ser jubilada o jubilado en Argentina, para la mayoría de las personas que cobran prestaciones insuficientes, implica optar entre comer o medicarse", afirmaron los magistrados, señalando que esta situación constituye un "verdadero maltrato institucional".
En este punto, recordaron las palabras del Papa Francisco, quien en septiembre de 2024 destacó el rol de los ancianos como "la memoria de la sociedad" y criticó la represión sufrida por los jubilados en Argentina: "En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta", había expresado el Sumo Pontífice.
La lista Celeste de la Asociación de Magistrados también se pronunció
Por su parte, la lista Celeste de la Asociación de Magistrados salió en defensa de Andrade tras las críticas del ministro de Justicia sobre su actuación. En un comunicado, enfatizaron que la privación de la libertad en el proceso penal solo es procedente cuando resulta "estrictamente necesaria para el éxito de la investigación" y que toda detención debe estar debidamente fundada.
En este sentido, remarcaron que la resolución de la jueza Andrade se ajustó a derecho y que en su decisión se evidenciaron deficiencias en la fundamentación de las detenciones, lo que tornaba su mantenimiento insostenible. Asimismo, recordaron que el sistema judicial penal de CABA es de carácter acusatorio, lo que implica que la investigación corresponde exclusivamente a la fiscalía, mientras que los jueces deben garantizar el respeto a las garantías procesales.
También aclararon que la jueza no cerró la causa ni dictó sobreseimientos, sino que dejó abierta la posibilidad de que las fiscalías continúen con la investigación. "Resulta errónea la afirmación del Ministro al sostener que 'la jueza debió investigar'", subrayaron en el comunicado.
Finalmente, advirtieron que las declaraciones del ministro de Justicia constituyen una "grave injerencia" en otro poder del Estado, lo que genera confusión en la ciudadanía y vulnera el principio de independencia judicial. "Es fundamental preservar la autonomía y el respeto por las instituciones, evitando interferencias indebidas que afecten el correcto funcionamiento del sistema de justicia", concluyeron.
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