La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal con errores de ortografía por "sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociacion Ilícita Agravada" contra los manifestantes que fueron a la marcha de los jubilados el miércoles pasado. La funcionaria además pidió que se declare "de incompetencia por inhibición” a Karina Andrade, la jueza que liberó a los 114 detenidos.
Bajo el patrocinio del abogado Fernando Soto -abogado de Luis Chocobar- el Ministerio de Seguridad presentó la denuncia que solo identifica como responsables de los delitos al exjefe de Montoneros Mario Firmenich y a los intentedentes de La Matanza, Fernando Espinoza y de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Luego responsabiliza como organizador a "Leandro Capriotti, quien sería un “amigo y protegido” del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo".
Pese a los graves delitos que señala, la denuncia no acusa a ninguna persona con nombre y apellido más allá de aquellos dirigentes políticos. Al respecto, simplemente se denunció al "ejercicio de conductas violentas por grupos organizados de 'barras bravas' de diferentes parcialidades deportivas", señalando a diversas hinchadas como las de "Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes".
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad criticó a la jueza de la causa, Karina Andrade, quien "rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos", por lo que "se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia". En base a ello, la denuncia pidió "la declaración de incompetencia por 'inhibición' a la sra. Jueza Dra. Karina Andrade".
Los delitos denunciados por la cartera de Bullrich, "sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociacion Ilícita Agravada", son de carácter federal, por lo que la investigación recayó directamente en Comodoro Py, más precisamente en el juzgado 11.
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La respuesta de la jueza Andrade a las críticas del Gobierno
La jueza Karina Andrade explicó este viernes la decisión de liberar 114 presos en la marcha de los jubilados frente al Congreso al manifestar que no había delitos denunciados, y sostuvo que si los mantenía privados de su libertad estaría violando derechos básicos. La magistrada le respondió directamente al Gobierno al afirmar que las críticas de parte de funcionarios que recibió por su accionar judicial "afectan la democracia".
La liberación de los detenidos "no fue una decisión espontánea que hice porque sí. Yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver era lo informado por el Ministerio Público Fiscal. No se me informó de alguna investigación delictiva", explicó Andrade en diálogo con El Destape AM 1070.
La magistrada explicó que "para los jueces de turno es una obligación analizar el contexto de la detención, y (en este caso) no se cumplían los requisitos básicos", por lo que tuvo que resolver la liberación "ante el pedido de la defensa".
Por otra parte, Andrade consideró que los cuestionamientos que recibió de parte de funcionarios del gobierno nacional por su decisión de liberar a los detenidos "son desafortunados, porque los jueces debemos poder resolver sin que eso conlleve una crítica por algo que yo llevé adelante en el marco de mis funciones". "Creo que esto afecta la democracia, la dependencia judicial y la división de poderes", cerró.
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