Imputaron a Garro por loteos ilegales: lo investigan por administración fraudulenta y asociación ilícita

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó allanamientos en propiedades y oficinas en la causa en la que se investiga al ex intendente macrista de La Plata. El perjuicio a compradores y al municipio ronda los $ 700 mil millones. El hijo de la jueza que lo investiga, Juan Manuel Garmendia, es el presidente del bloque de concejales del PRO en la misma ciudad. 

18 de marzo, 2025 | 15.04
Imputaron a Garro por loteos ilegales: lo investigan por administración fraudulenta y asociación ilícita Imputaron a Garro por loteos ilegales: lo investigan por administración fraudulenta y asociación ilícita

El ex intendente macrista de la ciudad de La Plata, Julio Garro, equedó imputado por la justicia, que lo tiene en la mira por el loteo de cientos de terrenos que se habrían otorgado de manera irregular. En particular, el titular de la fiscalía N° 16, Juan Cruz Condomí Alcorta investiga al ex intendente de La Plata y ex funcionario de Javier Milei, Julio Garro, por “asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de Funcionario publico, falsedad Ideológica de documento público, y administración fraudulenta”, según consta en la IPP-06-00-059219-24/00, a la que accedió El Destape

El fiscal solicitó a la jueza, Marcela Garmendia, a cargo del Juzgado de Garantías N°5, el “levantamiento del secreto fiscal” de la causa, una orden de “allanamiento” en diferentes domicilios para el “registro” y “secuestro” de documentación pertinente a la investigación, y una “medida cautelar”. Respecto de la recusación de la jueza es una incógnita, ya que su hijo, Juan Manuel Garmendia, es el presidente del bloque de concejales del PRO en La Plata. Es decir, el hijo de la jueza milita en la misma ciudad y para la misma fuerza política que Julio Garro, quien actualmente está siendo investigado por la magistrada mencionada. 

El concejal Juan Manuel Garmendia

La investigación

En la investigación que realizó el fiscal se detalla que “de los elementos reunidos se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento”. 

Julio Garro también fue subsecretario de Deportes de la gestión de Javier Milei

De esta manera, “habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas / desarrolladoras intervinientes, un monto aproximado de U$D 1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares), ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en $ 700.000 millones de pesos”.

Para el fiscal Condomí Alcorta, “existen en la presente causa motivos bastantes para sospechar” que el ex intendente, Julio Garro, María José Botta (exsecretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Genoro (exdirector General de Obras Viales), y los empresarios Ariel Fabián Bordigoni (Empresa Bordigoni y Cía S.R.L), Cecila Mayochi (Agrycon SA); y Leandro Arrechea (Agrycon SA), “resultan coautores penalmente responsables de los ilícitos antes descriptos y calificados”.

El modus operandi que descubrió el fiscal

Sobre uno de los desarrollos urbanísticos, en particular el barrio “La Cañada” en 2022 se realizó el expediente 4061-1196218/2022, ante la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata a cargo de María José Bota, para “el pago de plusvalía en concordancia con la Ordenanza 12.031 y el Decreto 66/21 por Agrycon S.A. a través de su presidenta, Cecilia Mayocchi, quien requirió el pago de la plusvalía en cuestión mediante la realización de obras de infraestructura en favor de la sociedad toda”. 

De ese expediente, el fiscal pudo constatar que las fojas 5 hasta la 14 y la foja 28 “fueron reemplazadas” por “al menos una mujer y dos hombres funcionarios de la Municipalidad de La Plata (el Intendente entre ellos), y al menos dos hombres y una mujer que representaban a Agrycon S.A. y Bordigoni SRL”. Así, “en dicho expediente fueron agregados documentos en reemplazo de los originarios que generaron un perjuicio económico para estado Municipal que superó los $30.000.000”. 

En este contexto, y para cumplir las tareas de infraestructura necesarias para dar cumplimiento de las plusvalías la Municipalidad debía abonar “la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos al Barrio Cerrado La Cañada de Chacras, en las intersecciones de las calles 467 y 160 que particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”. La obra “tendría un costo de $39.080.657 debiéndose abonar según convenio de fecha 13 de julio de 2022 de las fojas 7 a 14  ‘originarias’- que fueron firmadas por Cecilia Mayocchi por Agrycon S.A. y Julio Garro - y que la plusvalía total ascendía de $77.459.684, que no se desprendía del expediente originario”. 

Pero, “luego de esto fueron agregadas diferentes actuaciones adulterando el mismo y en la cuales se estimó nuevamente el valor de la misma obra pero esta vez prácticamente duplicando su valor por $63.818.306”, según un Informe incorporado y confeccionado por el Director General de Obras Viales, Marcelo Genoro. Así, “se agregó un acuerdo diferente al originariamente incorporado firmado por Leandro Abel Arrachea en representación de Agrycon S.A. y Julio Garro, con fecha diferente y posterior del 24/8/2022 con el valor de $63.818.306 consignado precedentemente”.

Para Condomí Alcorta, “se puede apreciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente 'inflando' el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo "originario", con tan solo un mes y medio aproximadamente de diferencia entre la firma de ambos -convenios urbanísticos-”. 

De esta manera, el fiscal sostiene que “el ex intendente municipal Julio Garro, sin perjuicio de ser el máximo representante del poder ejecutivo en ese entonces, ha plasmado su conducta mediante firmas en los principales documentos que resultaron sumamente necesarios para la concreción del ilícito aquí investigado”. En igual sentido y como “autora de los hechos”, imputa a la exsecretaria de la secretaría de Planeamiento Urbano del Municipio, María José Botta, quien “ha sido encargada de supervisar y proponer la viabilidad de la ejecución de las obras y convenios urbanísticos”.

En la misma línea, “se ha podido establecer la autoría y participación necesaria del ingeniero Marcelo Genoro quien cumplía un rol jerárquico y decisorio en esta modalidad, siendo el Director General de Obras Viales de la Municipalidad de La Plata, rubricando el presupuesto fechado 18-08-2022 por la suma de $ 63.818.303,00 que dio curso a la Secretaría de Planeamiento Municipal, destacando que dicho presupuesto resulta contener partes y formato de similares características de la misma obra, pero con distintos montos encontrados en la carpeta sin glosar ubicada en el despacho de Botta, presupuesto éste presentado por la Empresa Bordigoni y Cía S.R.L. -firmado por Fabian Bordigoni Socio Gerente- el día 5-08-2022 por la suma de $72.433.777,31”. 

Y respecto a la participación de Ariel Fabian Bordigoni, “el mismo forma parte activa, siendo el actor que ha sugerido el precio y desarrollado posteriormente la obra en cuestión como planta proveedora, siendo además el socio Gerente de la empresa Bordigoni y Cía S.R.L”. Sobre la participación de Cecilia Mayochi y Leandro Arrechea, “resultan pertenecer a la Agrycon S.A, quienes han cumplido el rol de inicio, seguimiento y representación legal de la empresa antes referida, siendo además - en el caso de Mayochi - quien ha celebrado y refrendado junto al ex intendente el convenio urbanístico por la suma de $39.080.657, en la misma linea de acción el señor Leandro Abel Arrechea requirió y firmó en el pedido de medios de pago del tributo, solicitando la ejecución de las obras de infraestructura, como así ha participado en el convenio urbanístico realizado junto al ex-intendente, pero en éste caso por la suma de $ 77.459.684 para la realización de la misma obra”