El juez federal Sebastián Casanello procesó a un troll libertario que había enviado mensajes violentos, discriminatorios y amenazas de muerte contra la diputada Natalia Zaracho, referente de los sectores populares y la economía popular. El fallo marca un precedente en el enfrentamiento contra los discursos de odio y las amenazas en redes sociales. El procesado tiene prohibida la salida del país, prohibido acercarse a la legisladora y la Justicia embargó sus bienes.
El dirigente político Juan Grabois señaló al respecto: “Procesaron a otro mercenario del brazo armado libertario. Con la constitución en la mano no les vamos a dejar pasar una. El que las hace las paga. Al fascismo se lo combate. No pasarán”. El fallo judicial establece que los mensajes dirigidos contra Zaracho exceden los límites de la libertad de expresión y constituyen una forma de violencia que debe ser sancionada. La persona procesada enfrentó cargos por amenazas coactivas.
Los argumentos del fallo contra el troll libertario
Sobre la conducta del autor de las amenazas, el fallo expresa: “A la luz de ello, se concluye que el contenido de los mensajes remitidos por el autor reviste la idoneidad suficiente que exige el tipo penal aplicable al caso. Fueron amenazas concretas, futuras, serias, graves y posibles. No sólo demuestran que tuvieron la finalidad de infundir un temor en la diputada, sino que, además, revisten la potencialidad suficiente para amedrentarla y condicionar su actividad –tolerar en términos típicos-, lo que las convierte en coactivas”.
Los mensajes enviados por el procesado incluían discriminación y amenazas. “Dale gorda puta. Cuando te cruce no te quedan más dientes para seguir comiendo. Negra tape de cuarte no te mereces vivir”, decía un mensaje enviado el 11 de enero y el 20 de enero volvió a enviar: “Te vamos a matar puta traidora gorda cerda bastarda atorranta analfabeta ignorante de mierda”.
En reiteradas entrevistas, Zaracho comentó al respecto: “Esto no es un ataque solo contra mí, sino contra todas las personas que representamos las voces de los sectores populares. Buscan disciplinarnos y callarnos. Por eso, es fundamental que la justicia marque un límite claro: la violencia no es libertad de expresión, y quienes difunden estos mensajes tienen que hacerse responsables.”
Desde el Frente Patria Grande, remarcaron: "Este caso es un llamado de atención para quienes, amparados en el anonimato de las redes sociales, difunden discursos de odio y amenazas. Además, visibiliza la urgencia de actuar contra las ideologías peligrosas que, desde espacios de poder, fomentan estas prácticas y estos discursos".
"El contexto social en el que ocurrieron estas amenazas no es menor. Los discursos de odio son impulsados desde espacios políticos, de poder y mediáticos, generando un clima de intolerancia que se traduce en violencia real. Este procesamiento judicial señala un freno necesario a esa escalada", concluyó el comunicado.
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