El juez federal Daniel Rafecas ordenó diversas medidas probatorias solicitadas por la Coalición Cívica (CC) en el marco de la causa que investiga a testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero. El reconocido magistrado se encuentra a cargo del caso, al menos de forma provisoria, luego de declararse incompetente pero la Justicia Penal en lo Económico le "devolviera" el expediente.
De esta manera, argumentando que es "necesario avanzar en materia probatoria", Rafecas avanzó sobre las medidas solicitadas en la denuncia -que llevó adelante Elisa Carrió y diversos dirigentes de la CC- contra los apuntados Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL que estarían vinculados a fuertes e importantes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En primer lugar requirió un perfil fiscal completo de Pantano y Conte, como también de la persona jurídica Real Central SRL; mientras que al mismo tiempo solicitó que la Inspección General de Justicia (IGJ) remita toda la información registrada sobre la marca mencionada. Por otra parte, para conocer detalles sobre bienes o inmuebles de los señalados, pidió informes completos y registros de titularidad a los Registros de la Propiedad Inmueble -tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires-, al Registro Nacional de Aeronaves y al Registro de Identificación Equino.
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Rafecas, a su vez, pidió que el Banco Central remita "toda la información vinculada a las cuentas" de Pantano, Conte y Real Central SRL; como también los movimientos de fondos, transferencias y productos y servicios adquiridos. "A los efectos del requerimiento, habré de ordenar el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil conforme a lo normado en el Art. 39 inciso a) de la Ley N° 21.526", añadió.
Por otro lado, también se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para conocer si Conte está o no afiliada a la institución y a la ANSES, la información que posea sobre la apuntada.
"Ordenar directamente un exhaustivo peritaje sobre el inmueble que se individualiza en la denuncia y toda la infraestructura existente en dicho lugar, con el objeto de establecer una valuación económica del mismo, conforme a los valores actuales del mercado inmobiliario", sumó el juez. Para ello, convocó al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.
Por último, requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -entre el 2021 y la actualidad- sobre detalles de todo tipo de ingresos, bienes en el país y en el exterior, vinculación entre sujetos mencionados y personas físicas o jurídicas en relación a los apuntados. A ellos, también se suma la figura de Lucas Labbad.
Qué plantea la denuncia
Según la acusación, Real Central SRL habría adquirido una quinta de más de 105 mil metros cuadrados en Pilar integrada por dos lotes y dotada de infraestructura de lujo. Desde la CC apuntan que la empresa no puede justificar la inversión y señalan que Pantano consolidó importantes lazos con figuras del fútbol -como Lucas Labbad, ex gerente general de Boca durante la gestión de Daniel Angelici; con quien compartió negocios vitivinícolas-. Esta conexión, además, le habría permitido "ingresar al entorno directo de un importante dirigente del fútbol argentino", en alusión al "Chiqui" Tapia.
"Los vínculos y las asociaciones empresariales, hace presumir a los denunciantes que Pantano y Conte (quien según los denunciantes no tendría capacidad económica para adquirir dicho inmueble) habrían actuado como intermediarios de quien sería el verdadero adquirente y propietario del inmueble, ya que la inusual desproporción de sus perfiles fiscales y los ingresos declarados ameritan sean investigados por la adquisición del inmueble en cuestión", explicaron desde el Ministerio Público Fiscal en sus fundamentos para requerir medidas de prueba.
Si bien la propiedad figura como parte de la firma Real Central SRL, vecinos consultados por los denunciantes señalan que “en el barrio todos dicen que esa propiedad es de Tapia o de Pablo Toviggino”, mano derecha del titular de la AFA. Aunque esas afirmaciones no constituyen prueba, sí integran el marco contextual que la denuncia pide investigar.
"Respecto de la medida de prueba solicitada en el día de la fecha por los denunciantes, a partir lo embrionario de la investigación, de momento no se encuentran reunidas la condiciones procesales mínimas para hacer lugar", sentenció el juez Rafecas. Desde la CC habían solicitado que se disponga "de carácter urgente" una consigna policial permanente en las entradas y salidas del inmueble para controlar movimiento de bienes o impedir sustracciones.
Denuncian a fiscal por "Forum Shopping"
En el marco de distintas investigaciones judiciales que sacuden al número 1 de AFA y a su mano derecha, hay una disputa judicial entre la fiscal federal Cecilia Incardona y el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. Esa pelea alcanzó un nuevo capítulo con una denuncia por parte del magistrado a la fiscal por "forum shopping", un intento de manipulación del sistema judicial. La controversia surgió a raíz de una investigación por delitos financieros que involucra a un grupo de personas vinculadas a maniobras irregulares con fideicomisos y fondos vinculados a clubes deportivos.
La fiscal Incardona solicitó que la causa fuera trasladada a otro juzgado, alegando una “conexidad” con un expediente previo que tramita el juez Luis Armella, quien investiga actividades similares. Sin embargo, Villena rechazó este planteo argumentando que no existían elementos suficientes para justificar tal remisión, ya que no se verificó una relación clara entre ambos casos.
El juez criticó duramente la postura de la fiscal, acusándola de intentar influir en la asignación del expediente para que recayera en un juzgado que consideraba más favorable. En su resolución, Villena aseguró que no se suspendería la investigación y que cualquier conflicto de competencia debía resolverse conforme a la ley, sin presiones externas. Además, remitió el caso a la Procuración General de la Nación para que evalúe si la conducta de la fiscal podría constituir un delito.
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