Comodoro Py en guerra por la reforma que le da más poder a los fiscales

Comodoro Py está en pie de guerra. El gobierno de Javier Milei publicó este viernes en el Boletín Oficial que implementará el sistema acusatorio en los tribunales federales de Retiro a partir del próximo 11 de agosto. Se trata de la reforma que le da más poder a los fiscales, que estarán a cargo de todas las investigaciones, en detrimento de los jueces que pasarán a controlar las garantías del proceso. La novedad causó sorpresa y rechazo por parte de la mayoría de los magistrados y acusadores públicos que integran ese distrito judicial donde tramitan las causas más sensibles del mundo político. Desde la Procuración General de la Nación, que está comandada por el interino Eduardo Casal, vienen advirtiendo al Ejecutivo que no hay recursos para llevar adelante los cambios que se pretenden.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la resolución por la que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, determinó la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Comodoro Py y en los tribunales en lo Penal Económico a partir del 11 de agosto. También puso fecha para la entrada en vigencia de este nuevo código en los tribunales federales de Corrientes y Resistencia: será desde el 1° de diciembre.

Según pudo reconstruir El Destape, Casal se anotició este martes del cambio que hará el gobierno, es decir, dos días antes de que se anunciara públicamente y a tres días de que se publicara la noticia en el Boletín Oficial. Se lo informó el ministro Cúneo Libarona en persona, quien concurrió a la Procuración para reunirse con él. El 7 de febrero pasado, es decir un mes y medio atrás, Casal ya le había advertido al titular de la cartera de Justicia a través de un oficio que se requieren más recursos en el Ministerio Público Fiscal “para la implementación progresiva del sistema acusatorio en los distritos de todo el país”. Por eso el anuncio del gobierno no fue recepcionado de la mejor manera en la procuración.

La ronda de avisos previos que hizo el gobierno alcanzó a la Corte Suprema, a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Cámara Federal porteña –que es el tribunal de alzada de Comodoro Py-. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, pocos días atrás Cúneo Libarona informó de lo que iba a suceder al presidente de la Casación, Daniel Petrone, y al de la cámara porteña, Mariano Llorens. Estos se encargaron de difundir la noticia entre sus pares. Petrone se lo comunicó a los presidentes de las cuatro salas de Casación. Llorens a todos sus colegas de tribunal.

La Acordada 2/2025 de la cámara porteña en la que establece una reorganización interna de cara al cambio que se avecina, rubricada el 12 de marzo, da cuenta de que la información ya circulaba por los pasillos de esos tribunales hace más de una semana. En el punto II de ese documento rubricado por Llorens y los restantes 5 jueces de la cámara (Eduardo Farah, Martín “Doctrina” Irurzun, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico) se estableció: “La urgente necesidad de sentar las bases orgánicas apropiadas frente a la posibilidad de la implementación del sistema normado por el Código Procesal Penal Federal, lo que requiere la pronta adaptación de las prácticas propias de un modelo acusatorio”. Nueve días más tarde, el gobierno publicó en el B.O la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Comodoro Py.

Lo curioso de esta decisión de Milei y su equipo judicial es que avanzan con la implementación de una reforma que empodera a los fiscales cuando todavía no hay designado un Procurador General de la Nación. Casal es interino desde finales de 2017, cuando Alejandra Gils Carbó fue presionada para dejar el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. A la vez, hay una gran cantidad de vacantes y faltan recursos en las fiscalías para implementar estos cambios.

Para nombrar al procurador general se requieren los mismos votos en el Senado que para designar a un juez de la Corte: 2/3 de las voluntades. El gobierno no logró reunir ese número para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Alto Tribunal. ¿Es posible entonces que el gobierno busque generar un nuevo escenario para abrir un diálogo “amplio” con el peronismo donde el cargo de procurador sea una prenda de negociación más junto a otros cargos vacantes en diversas fiscalías en pos de tratar también la llegada de Lijo a la Corte? Aún esa pregunta no tiene respuesta.

Un hecho que alimenta esa posibilidad es que este mismo viernes la Casación decidió rechazar el recurso extraordinario que presentaron Cristina Kirchner y otros condenados del caso Viallidad para que se les habilite llegar a la Corte. Esto dejó a la expresidenta a un paso de quedar detenida en el marco de una causa emblemática del lawfare. Solo podrá ir en queja al Alto Tribunal para requerir que se habilite el recurso rechazado. Si la Corte rechaza la queja –es decir, un trámite formal y no el análisis de la causa-, la sentencia quedará firme y le pena de 6 años de prisión que pesa sobre CFK será ejecutable. Si la Corte abre el recurso, el caso Vialidad llegará al Tribunal Supremo para ser revisado y la dos veces presidenta ganará tiempo. Una lectura posible es que Comodoro Py tomó esta decisión para condicionar el tratamiento del pliego de Lijo para la Corte, cuyos votos dependen en gran medida del bloque de senadores vinculado a Cristina. Hay otras interpretaciones también. Por ejemplo, afirman en tribunales que el fiscal del juicio Vialidad, Diego Luciani, ya podría pedir la detención de la expresidenta porque la sentencia condenatoria ya sería ejecutable. Y que es el tribunal de juicio el que debiera resolver el requerimiento. No hay un criterio jurídico unificado respecto a este último escenario.

Las causas que se investigarán mediante el sistema acusatorio en Comdoro Py serán las que ingresen a partir del 11 de agosto cuando entre en vigencia el nuevo código. Los expedientes abiertos hasta ese momento seguirán tramitando como lo venían haciendo, con el régimen actual. Por ejemplo, el criptoescándalo que involucra a Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, continuará su proceso como en la actualidad, que tiene la supervisión de María Servini y la instrucción delegada en el fiscal Eduardo Taiano, cuyo hijo fue designado en el Ejecutivo el año pasado.

Por el apuro con el que se anunció la reforma en Comodoro Py, no faltan quienes consideran que los cambios se quieren implementar:

• Como represalia al avance del criptoescándalo –este jueves se aceptaron a damnificados como querellantes-, ya que con la reforma se le quita poder a los jueces y se empodera a los fiscales.
   
• Como blindaje a futuras denuncias contra Mieli porque, según fuentes judiciales y académicas, con el sistema acusatorio se podría empantanar la investigación de delitos complejos dada la falta de recursos reinante y la demanda de tiempos cortos para elevar los casos a juicio. Las fiscalías cuentan con menos personal y recursos que los juzgados.
   
• Como el instrumento judicial del aparato represivo. Es imposible disociar este empoderamiento de los fiscales con la connivencia que tuvo el gobierno de parte del fiscal Carlos Stornelli durante la represión que se desató el 12 de junio de 2024 cuando se votaba la Ley Bases. Entonces, Stornelli impulsó una causa por atentado contra el orden democrático como pretendía el Ejecutivo, criminalizando la protesta social. Una denuncia similar hizo el Ejecutivo ahora tras la marcha de los jubilados del 12 de marzo en la que acusó de sedición a los manifestantes. Por ahora, esa segunda causa, que recayó en lo del fiscal Franco Picardi, quien no actúa de acuerdo a los intereses del oficialismo, no tomó impulso.

La repercusión en Comodoro Py

La noticia de que se implementará el sistema acusatorio en Comodoro Py no fue muy bien recibida en los tribunales federales con asiento en Retiro. El Destape se contactó con diversos fiscales y jueces que cumplen funciones allí y la mayoría mostró su descontento.

“La Procuraduría General de la Nación se enteró anteayer que iba a implementar esto. Es todo de una improvisación notable. Sin recursos y sin haber tenido el tiempo necesario para crear las estructuras jurídicas, dentro del MPF, que posibiliten su funcionamiento desde el día uno”, afirmó este viernes un fiscal que trabaja hace años en Comodoro Py. “Por ejemplo ¿quién será el fiscal general de distrito o coordinador de los fiscales de primera instancia, es decir, el que mande? ¿Y cómo será el funcionamiento entre nosotros? ¿Todos los fiscales intervinientes tienen que discutir todo para ver qué curso seguir en cada caso desde el inicio?”, se preguntó. Y hay más interrogantes aún: ¿Qué deberán hacer en este escenario los fiscales ante la Casación, que es el tribunal que revisa lo actuado por todas las cámaras federales? ¿Intervendrán en esas discusiones desde el inicio de las causas o no les darán intervención? No hay respuestas por ahora.

A este se debe agregar que “las fiscalías carecen de los recursos materiales y humanos para llevar adelante todas las investigaciones. El poder judicial los tiene, como viene haciendo hasta hoy, pero no creo que los quiera ceder”, analizó el mismo fiscal.

Otro fiscal, de primera instancia, señaló a este medio: “La verdad fue una sorpresa el anuncio. Las condiciones no están dadas para implementar el sistema acusatorio ahora. Falta presupuesto, organismos técnicos y demás. No obstante, no se qué va a pasar”.

Varios de los jueces consultados también pusieron reparos. Aunque en este caso, el rechazo no fue tan generalizado como entre los fiscales. Entre los magistrados están quienes creen que esta decisión obedece al avance del criptoescándalo y se tomó a modo de disciplinamiento. Un intento de tener un control sobre las causas venideras.

“Todo es pura improvisación, generación de títulos para distraer, no se entiende que el modelo acusatorio no soluciona la inseguridad en Rosario ni puede hacer nada con la Crisis judicial. Que el destino nos proteja”, analizó una de las fuentes consultadas.

A contramano de estas voces, hay jueces que están de acuerdo con la implementación de la reforma. “Hay entusiasmo”, afirmó uno de ellos a El Destape. Ante la consulta de recursos para poner en práctica este nuevo sistema, acotó: “Las condiciones de implementación no dependen de nosotros sino del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Un colega suyo consideró directamente que las condiciones “están dadas” y hasta que “el cambio es necesario”.

El jueves, el día que el gobierno anunció la novedad judicial, Cúneo Libarona tuiteó: “Vamos a implementar el SISTEMA ACUSATORIO en el distrito judicial más importante del país, Comodoro Py. Este sistema, que rige exitosamente en los Estados Unidos y que todos conocemos por las películas, permitirá una justicia mucho más rápida, eficiente y transparente”, promocionó el ministro. Y explicó: “⁠El fiscal investiga y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente. El imputado, con su abogado, se defiende de las acusaciones formuladas por la fiscalía. ⁠El juez es el árbitro, se encarga de que se cumplan las garantías del proceso y resuelve. Todo es oral y con plazos estrictos, para que las causas tengan sentencias rápidas”. No explicó por qué el apuro de implementarlo en breve en el distrito más importante del país, como definió a los tribunales federales de Retiro.

El sistema acusatorio rige en Salta, Jujuy, Mendoza, Rosario, Reconquista (Santa Fe), Viedma, General Roca y Comodoro Rivadavia. En abril próximo comenzará su vigencia en la justifica federal de Mar del Plata y en mayo en la de Bahía Blanca. El 1° de diciembre en Corrientes y Resistencia. Y, como se dijo, desde agosto en Comodoro Py. Ante este cuadro de situación, la pregunta es inevitable: ¿El anuncio del Gobierno provocará una reacción con efectos concretos en los tribunales que manejan las causas más sensibles del mundo político? Pronto lo sabremos.