El gobierno de Javier Milei continúa con su plan motosierra y ahora apuntó contra las políticas de salud mental y derechos humanos. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial eliminó la necesidad de una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para la habilitación y fiscalización de las instituciones vinculadas a la salud mental y tratamientos de adicciones.
La medida fue dispuesta por la administración libertaria a través de la resolución 6155/2024 del Ministerio de Salud- Allí se estableció un cambio en los requisitos necesarios para la apertura de centros de tratamiento de salud mental y adicciones y una de las principales modificaciones es la eliminación de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en el trámite y la supervisión periódica de los servicios de salud mental y consumos problemáticos.
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De esta manera, la norma cambia la anterior resolución 4107/2023 y a partir de ahora se "promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental". Consideran "necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial". y con enfoque de derechos".
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Según un comunicado del Ministerio de Salud, la resolución previa, 4107/23, "provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones", haciendo referencia a que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos se debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos.
"Esta situación no se corresponde con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) 26.657. Por lo tanto la modificación obedece no sólo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 de la LNSM, sino a efectivizar el procedimiento, de forma eficiente y expeditiva", justificó.
Peligros de la habilitación de centros de salud mental
La habilitación y fiscalización de los establecimientos se había establecido con una consulta vinculante obligatoria con la Secretaría de Derechos Humanos con fin de garantizar los derechos humanos de los internados y evitar casos de malos tratos o alojamientos bajo condiciones inhumanas. Un ejemplo fue el caso de "La Razón de Vivir" de Florencio Varela, allanado por maltratos e internados en "condiciones deplorables". Esta medida la permitió la intervención estatal en estos casos
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que "la normativa se adopta en consonancia con los nuevos principios fundamentales del procedimiento administrativo contemplados en la Ley N° 27.742 de Bases y Punto de Partidas para la Libertad de los Argentinos , como lo son la simplificación administrativa y la buena administración, ya que adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente".
"De este modo, se fortalece la red de servicios mediante la creación de los dispositivos comunitarios necesarios para la transformación de la Red Asistencial y para optimizar la definición de los dispositivos incluyendo el abordaje de consumos problemáticos, así como de equipos interdisciplinarios para la continuidad de cuidados y la exteriorización sustentable", agregaron.
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En el Ejecutivo aseguró que "se propicia la accesibilidad, seguridad y calidad en los establecimientos, lo que conlleva una disminución de los riesgos en los tratamientos institucionales ya una mayor calidad de los mismos". Y que la norma "recepta, amplia y garantiza los derechos de los pacientes contemplados en las normativas vigentes tales como el derecho a recibir un trato digno, respetuoso ya la asistencia interdisciplinaria, en un marco de calidad y seguridad”.
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