Sin respaldo, la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno quedó sin tratarse y se levantó la sesión en la Cámara de Diputados. El proyecto que obtuvo dictamen de comisión impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas.
La iniciativa fue rechazada de plano por los opositores de Unión por la Patria, de la izquierda y de Provincias Unidas, e incluso recibió cuestionamientos de aliados del PRO y la UCR. En ese contexto, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici pidió el levantamiento de la sesión.
El proyecto fija que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”. Uno de los datos más destacados del proyecto son las sanciones severas que aplica a los funcionarios nacionales.
En ese sentido, el proyecto fija que será reprimido con uno a seis años de prisión al funcionario que viola las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
A lo largo del proyecto se habilita al jefe de Gabinete para poder utilizar un mecanismo de ajuste para evitar poner en riesgo el equilibrio fiscal. Al respecto señala que “si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°, el Jefe de Gabinete de Ministros adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio”.
Además, la iniciativa establece que cualquier ley que “autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.
Determina que quedarán exceptuadas de esa obligación las leyes donde se asegura el financiamiento “mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado”.
También establece que todos los proyectos previos a su tratamiento en comisión deberán tener como un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo que será elaborado en el caso de las iniciativas del Gobierno por el ministerio de Economía y de las legislativas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de iniciativas legislativas. Otro punto es que fija que cualquier norma dictada en violación a las disposiciones previstas en esta ley será declarada nula.
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