Con la habitual alegoría zoológica, el presidente Javier Milei y su cohorte de aduladores mediáticos y digitales le dedicaron el dato a mandriles, ratas y otros animales de la selva imaginaria donde desarrollan su pretendida “batalla cultural”. Pero visto en detalle, el dato tiene más de espejismo estadístico que de espejo de la realidad.
El plan de estabilización por inanición empieza a mostrar sus “frutos”. La caída de la pobreza en las proyecciones del último trimestre del año está directamente vinculada a la desaceleración de la inflación, que pasó de un desbordante 25% mensual en diciembre de 2023 a un 3,5% mensual en septiembre de este año. En ese mismo período, la inflación acumulada alcanzó el 112%, pero con una particularidad: los alimentos, rubro clave para medir la indigencia, subieron un 90%, muy por debajo de la inflación general.
MÁS INFO
“La inflación en alimentos viene en baja desde mayo, lo que amplifica el efecto de la desinflación. Al tratarse de un indicador muy sensible a los ingresos, cuando la inflación baja fuerte, como ahora, la pobreza cae en la misma proporción”, explicó el economista Leo Tornarolli del CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata.
La indigencia, medida a través de quienes no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), mostró una baja aún más pronunciada, pasando del 16% al 8,6%. Pero aquí entra en juego un viejo problema: ¿Cuánto reflejan estas canastas la realidad de los argentinos?
Tras la fallida Encuesta de Hogares 2012/2013, el Indec decidió utilizar la estructura de gastos de consumo y tipos de comercios de 2004/2005, pero con precios actualizados a una base 100 para diciembre de 2016. Los ponderadores actuales subestiman el peso de servicios esenciales —tarifas, transporte y comunicaciones— y no consideran el gasto en alquileres. Este desfase se profundizó con los tarifazos del macrismo, no se corrigió bajo Alberto Fernández y volvió a empeorar con el actual gobierno.
"Hay un problema con los servicios" escasamente ponderados en la canasta del Indec, advirtió Tornarolli. "Hay que reestimar la canasta. Eso va a cambiar los niveles de pobreza" moderando la baja del tercer trimestre, agregó. En líneas generales, alimentos y bebidas tienen una incidencia del 22,6 por ciento; los gastos en electricidad, gas y otros combustibles, de 14,5 por ciento; en transporte, de 14,2 por ciento y comunicaciones, de 5,2 por ciento. Un ejemplo del desfase que altera la estadística: el último informe (a diciembre) del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet da cuenta que la canasta de servicios públicos del AMBA representa el 11,9 por ciento del salario promedio registrado estimado del mes de diciembre, mientras que el peso proporcional del gasto en transporte alcanza el 39 por ciento.
El sociólogo Daniel Schteingart aportó otra observación sobre el "detalle metodológico" que relativiza la fiabilidad de la estadística de pobreza: "Hay un detalle metodológico de la medición de pobreza que históricamente fue poco relevante y ahora se volvió importante” escribió el experto de la ONG Fundar en su cuenta de X. “Cuando el INDEC mide la pobreza, lo que hace es comparar los ingresos contra una canasta básica -explicó-. Pero lo que pocos saben es que se pregunta por los ingresos del mes anterior, y se compara contra la canasta básica del mes actual. Cuando tenés baja inflación, esta brecha es irrelevante. Cuando hay alta inflación, pasa a ser bastante importante. Sin ir más lejos, si midiéramos la pobreza de diciembre pasado, lo haríamos comparando los ingresos de noviembre contra la canasta de diciembre (que subió 25% contra noviembre)”.
“Este desfase temporal entre ingresos e inflación en la medición de pobreza hace que cuando la inflación se acelera, la pobreza sube más, y lo contrario cuando se desacelera", concluyó Schteingart.
En la misma línea, Tornarolli aporta un detalle: “Los ingresos hoy probablemente sean más bajos que un año atrás, en torno al 7% menos”. Esta caída, combinada con la estabilización de precios, deja en evidencia la escena completa: sin crecimiento económico, la pobreza podría perpetuarse en niveles elevados.
La moderación de la inflación en alimentos, acompañado por el sostenido aumento en programas de asistencia alimentaria como la Tarjeta Alimentar y la AUH, explican por qué los bolsillos más vulnerables resistieron mejor las consecuencias del derrumbe de la actividad. Allí radica otra de las intrigas estadísticas que dejó la semana: ¿Cómo es posible que la profunda y sostenida caída de la actividad económica -asimilable a una catástrofe- no espiralizó la desocupación en la misma magnitud?
El economista Federico Pastrana explicó a este medio que, frente al derrumbe de la actividad, la caída del empleo fue moderada por la doble precarización que se expande en el mundo del trabajo: la salarial y la laboral. “En el tercer trimestre, el desempleo dejó de subir respecto al trimestre anterior -la variación interanual es prácticamente la misma que en el 2do trimestre- pero sí sube respecto a un año atrás”, detalló Pastrana. “Esto es coherente con los datos adelantados que mostraban que desde agosto el empleo (registrado sin estacionalidad, SIPA) dejó de caer. Sin embargo, la recuperación del empleo es muy acotada: en 2 meses apenas se crearon 13.000 puestos de los 178.000 perdidos; es decir, solo se recuperó un 7% del empleo que se perdió”.
Los datos recogidos por Pastrana indican que, en contraste con el empleo formal, aumentaron los cuentapropistas y el empleo en negro, que alcanza al 36,7% de los trabajadores. También creció la subocupación demandante —personas que buscan más horas de trabajo—, que trepó de 6,8% a 8,1%.
“Los salarios no alcanzan para cubrir el costo de vida. La gente busca trabajar más, pero la demanda de trabajo sigue debilitada. Esto consolida la precarización laboral y agrava las desigualdades, afectando más a mujeres, jóvenes y trabajadores no calificados”, advirtió el economista, director de la consultora CP. Y detalla: “El desempleo tiene efectos desigualadores. Afecta más a los jóvenes y a las mujeres, así como a los trabajadores con menores ingresos. La tasa de desempleo juvenil es 14,9% y la de las mujeres 7,9%, versus la total, que es de 6,9%. Entre los desocupados, el 87% tiene una calificación baja (operativo o no calificado), en tanto que los profesionales sufren mucho menos el impacto de la crisis”. Así las cosas, concluye Pastrana, “detrás de los cambios en el empleo está la crisis de los ingresos: salarios insuficientes y trabajadores pobres que buscan trabajar más horas y no lo consiguen; y el paso de un empleo registrado a uno precario peor pago”.
MÁS INFO
En su nube megalómana, el presidente celebra al “espejito espejito” estadístico que le dice que es lo más grande que hay. Pero algunos de quienes lo rodean -en especial empresarios de energía que vivieron como funcionarios la década menemista, como José Luis Manzano y Alejandro Mc Farlane- advirtieron al entorno presidencial sobre los riesgos sociales del plan de exclusión en curso. La respuesta que prepara el Gobierno para los millones que envía a la banquina adoptó esta semana forma de decreto ley: reincorporar a las Fuerzas Armadas al aparato represivo del Estado con fines de disciplinamiento y control social.
El decreto 1107/2024 autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior bajo el pretexto de proteger “objetivos de valor estratégico”. Esta medida, que modifica de hecho la Ley de Seguridad Interior, habilita la militarización de zonas como Vaca Muerta, puertos y aeropuertos. Manuel Tufró, del CELS, calificó el decreto como inconstitucional. “Bajo la excusa del terrorismo y el crimen organizado, el Gobierno habilita la intervención militar en conflictos sociales. Es un retroceso peligroso que debe ser impugnado”, advirtió el especialista a El Destape..
En Argentina, la intervención de las FF.AA. se encuentra regulada por la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Allí se establece cómo debería hacerse el procedimiento, por ejemplo, en caso de estado de sitio; el accionar debe estar determinado a través de un comité de crisis.
En el caso de la “modificación de hecho” que hizo a través de un decreto “se agrega una nueva situación”, explicó Tufró. Se trata de los casos en los que las Fuerzas de Seguridad tienen bajo custodia un ‘objetivo de valor estratégico’: ahora, si el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich lo requiere, “puede solicitar ayuda de las Fuerzas Armadas”.
A falta de ideas propias y originales -salvo por las imaginarias recetas austríacas que en el mundo nadie aplica ni le asigna valor-, Milei replica las experiencias neoliberales-conservadoras de Menem, Macri y la dictadura cívico militar. El presidente lo expresó fuerte y claro esta semana en el Colegio Militar, donde participó del acto de entrega de sables y medallas a los egresados: "Estamos reconciliando a las Fuerzas Armadas con la política", dijo.
La frase debería ser tomada más como una advertencia que como confesión.
Cerrar sesión