Demasiadas cosas se ponen en juego en muy pocas horas. Javier Milei parece, por momentos, en la bifurcación de dos caminos con finales bien distintos. En el gobierno creen que las turbulencias económicas se terminarán de una vez y para siempre con el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que prometen cuantioso y próximo; que los conflictos políticos van a ordenarse cuando haya dólares en las arcas del Banco Central y que las protestas sociales son un intento de la oposición para desestabilizar antes de que eso suceda. De acuerdo a este pronóstico, todo desemboca en un triunfo electoral del oficialismo que sirve para consolidar el rumbo y demostrar el apoyo masivo al presidente.
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Pero todo puede fallar muy pronto también. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya fue anunciado media docena de veces pero todavía no hay certezas sobre las principales incógnitas: cuándo y cuánto. Mientras tanto, la sangría de dólares tiene un ritmo insostenible y cada vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, sale a aclarar, oscurece. Y ni siquiera es seguro que el auxilio del FMI vaya a calmar a las fieras y no suceda el efecto contrario, como la campana que anuncia, de madrugada, la última ronda en un bar, e invita a los bebedores a abalanzarse todos juntos para aprovechar la oportunidad. En 2018, la última vez que Caputo intentó algo parecido, terminó así.
En un enésimo intento de calmar a los capitales que están cerrando sus posiciones en pesos y saliendo en estampida, el gobierno intentará hoy que los diputados firmen un cheque en blanco que reemplace a la aprobación parlamentaria del acuerdo, que todavía no existe o es público. Como Milei se autorizó a sí mismo a negociar con el FMI utilizando un decreto de necesidad y urgencia, alcanza con que una sola cámara lo ratifique para tener las manos libres. Es un reconocimiento tácito de que no tiene los votos que necesita para seguir el trámite que establecen la Constitución y las leyes vigentes. Todavía cuenta, aparentemente, con las complicidades suficientes para evadir el control parlamentario.
Ayer por la tarde, el bloque de Senadores de Unión por la Patria le envió una carta a Kristalina Georgieva, directora del Fondo, en la que avisa que si se avanza con un nuevo acuerdo a través de un DNU, el peronismo “no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”. El texto además señala que cualquier préstamo otorgado en esas condiciones “podrá ser calificado como deuda odiosa en su más amplia acepción” y por tanto “sujeta a un default selectivo”. En términos menos duros replicó la advertencia el Partido Justicialista a nivel nacional que, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, se reunió ayer por la tarde.
A la misma hora, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunía en Casa Rosada con los gobernadores provenientes del peronismo Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Raúl Jalil, de Catamarca, y el aliado Gustavo Sáenz, de Salta. De la reunión participó el ministro de Economía y hubo un compromiso para avanzar con obra pública en esas provincias. Dado que Milei caracteriza a ese mecanismo como una herramienta de corrupción que utilizan los mandatarios provinciales para enriquecerse y que la promesa llega en vísperas de una votación ajustada en la que el apoyo de los estos gobernadores es indispensable para no sufrir una derrota incapacitante, parece transparente el quid pro quo.
Al gobierno no le sobran votos y hasta espera algunas ausencias estratégicas que le permitan alcanzar las mayorías necesarias en la sesión convocada a partir de las diez de la mañana. La apuesta es que la sesión sea corta, para tener la aprobación abrochada antes de que comience la marcha convocada en las puertas del Congreso a las cinco de la tarde. No quieren que lo que suceda afuera le agregue incertidumbre al desenlace. Juegan al fleje. El objetivo del despliegue de más de 2000 efectivos es que los manifestantes no se acerquen al Palacio. No quieren marcha. Los inhibidores de señal procuran que las imágenes de la represión no se difundan con tanta velocidad. Buscan ganar tiempo hasta aprobar el DNU.
El operativo de seguridad es ilegal desde antes de comenzar. La participación de la cúpula de la SIDE en la reunión donde se planificaron los pormenores contraría la ley de Inteligencia, que prohibe la participación de ese organismo en asuntos de política interior. El encuentro, del que participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, contó con la presencia de Sergio Neiffert y de Diego Kravetz y se celebró en el despacho del monotributista Santiago Caputo, para sumar capas geológicas de ilegalidad. La fuerza que le falta al gobierno liberal en otros campos la buscarán suplir con músculo y fuego estatal.
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