En medio del deterioro creciente de la red vial y la paralización de obras clave, el gobierno de Javier Milei resolvió delegar en las provincias la concesión y ejecución de trabajos sobre rutas nacionales. La decisión profundiza el retiro del Estado nacional de la infraestructura pública y traslada costos, gestión y responsabilidades a distritos ya golpeados por la caída de recursos.
Con esta decisión, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos. Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
La medida busca descentralizar funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa. La disposición, establecida mediante el Decreto 253/2026, aclara que esta delegación de facultades es de carácter "funcional, limitado, temporal y revocable".
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La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados". Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales "en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación".
Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el "respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero".
La autoridad de aplicación quedó en manos del Ministerio de Economía y la Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos. En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el "decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate".
Deterioro, recortes y falta de mantenimiento
La medida del Ejecutivo cae en medio de una marcada crisis vial por el deterioro de rutas nacionales, recortes presupuestarios y falta de mantenimiento. Informes sindicales y especialistas del sector señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo jurisdicción nacional se encuentra en estado regular o malo.
Uno de los diagnósticos más difundidos fue presentado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), cuyo secretario gremial, Fabián Cattanzaro, sostuvo que “hoy la Red Vial Nacional está en un 70% en estado de regular a malo” y advirtió que la falta de mantenimiento multiplica los costos futuros de reparación. Según ese relevamiento, preservar una ruta a tiempo cuesta entre cinco y siete veces menos que reconstruirla una vez degradada.
La crisis también aparece vinculada al ajuste presupuestario. FEPEVINA denunció que el presupuesto de Dirección Nacional de Vialidad cayó un 75% en términos reales respecto de 2023, afectando tareas de conservación y obras nuevas. En paralelo, el intento de cierre o desmantelamiento de Vialidad Nacional encendió alarmas, aunque no se concretó, suma presión sobre un sector castigado.
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