El primer año de Javier Milei al frente del Ejecutivo consolidó un modelo económico que privilegia de forma sistemática a los sectores más ricos, dejando al resto de la población lidiar con los costos del ajuste. En esencia, el proyecto libertario no eliminó al Estado; lo rediseñó como un administrador eficiente de la desigualdad, promoviendo una brutal transferencia regresiva de ingresos.
La distribución durante el primer año de la gestión Milei se inclinó con énfasis a favor del capital. Según datos del INDEC, la participación de los trabajadores en el PBI cayó del 45% al 39%, marcando uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Esta caída del ingreso laboral coincide con un incremento de las ganancias empresarias en sectores clave.
El caso del sector agroexportador es emblemático: la eliminación de retenciones para algunos productos agropecuarios generó una transferencia de recursos estimada en 9.500 millones de dólares a los grandes exportadores. Mientras tanto, las principales cadenas de supermercados y empresas de alimentos registraron márgenes de ganancia que, en algunos casos, superaron el 30%, muy por encima de los promedios históricos.
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Por otro lado, las tarifas de servicios públicos aumentaron entre un 300% y un 500% en promedio, dependiendo del sector, impactando de lleno en los hogares de ingresos bajos y medios. La quita de subsidios directos profundizó esta presión sobre los presupuestos familiares, mientras los proveedores de energía, varios de ellos benefactores económicos del partido de Gobierno, registraron ganancias extraordinarias.
La inflación, que cerró el año en torno al 88%, erosionó los salarios reales, que acumularon una pérdida de poder de compra del 22% respecto al inicio de la gestión Milei. Los trabajadores informales y monotributistas, que representan un porcentaje creciente de la población activa, fueron los más golpeados, con caídas que en algunos casos superaron el 30%.
Los datos de pobreza y desigualdad son contundentes. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de 19 a 25 veces, según el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA). Esto coincide con un aumento de la pobreza, que alcanzó el 44%, y la indigencia, que trepó al 11%.
La brecha económica es un reflejo de la distancia entre relato y realidad. Aunque el gobierno sostiene un discurso de “liberación económica”, los hechos muestran un modelo que consolida el poder de las corporaciones sobre el resto de la economía. El capital financiero se vio beneficiado por la bicicleta de tasas y el atraso cambiario alentó las operaciones especulativas con retornos récord.
La fiesta del capital concentrado tiene como contracara el deterioro en el campo del trabajo. Las reformas laborales, aunque parciales, eliminaron cláusulas de estabilidad en convenios colectivos estratégicos, generando mayor flexibilidad en áreas como la jornada laboral y las condiciones de despido. Esto, sumado a la precarización del empleo público mediante el congelamiento de vacantes, contribuyó a la pérdida de calidad del empleo formal.
El razgo criminal del gobierno en cuerso se verifica con nitidez en la agresión permanente a los jubilados. Los recortes en prestaciones y beneficios, sumados a la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, arrasan con las posibilidades de sobrevida de millares de adultos mayores condenados a morir o mendigar. La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria anterior, reemplazada por un esquema de aumentos discrecionales, resultó en incrementos por debajo del ritmo de la inflación. Según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los haberes mínimos perdieron un 25% de su poder de compra en términos reales, obligando a muchos jubilados a optar entre cubrir sus gastos básicos o comprar medicamentos esenciales.
En paralelo, el PAMI, principal prestador de servicios de salud para jubilados, sufrió recortes presupuestarios que redujeron de manera significativa el alcance del programa de medicamentos gratuitos. Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, un 40% de los afiliados dejó de recibir sus esquemas completos de medicamentos, arrojados a asumir un costo parcial que en muchos casos supera sus ingresos mensuales.
Al drama cotidiano se suma la reducción en la cantidad de prestaciones médicas y terapias cubiertas, como consultas psicológicas, tratamientos odontológicos y servicios de rehabilitación. En regiones del interior, la escasez de recursos médicos se tradujo en una demora significativa en turnos y procedimientos críticos, agravando aún más la situación sanitaria de la población jubilada.
La legitimidad del gobierno se sostiene en su capacidad para garantizar ganancias extraordinarias a los sectores más concentrados mientras utiliza el relato anti “casta” para deslegitimar cualquier oposición. La narrativa oficial promueve la meritocracia y el orden como valores absolutos, reduciendo la política a un espectáculo diseñado para sostener la hegemonía económica. La desorientación opositora y un aceitado dispositivo de comunicación -alimentado con fondos públicos- contribuyen a la festiva narrativa oficial. Milei celebra el primer aniversario de un programa injusto y cruel. El daño que provoca no es colateral.
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