A dos días de que el Gobierno nacional publicara un nuevo decreto con modificaciones y límites al acceso a la información pública, la iniciativa ya cosechó un fuerte y diverso rechazo en distintos sectores de la sociedad política y civil. Desde todo el arco político opositor, organizaciones como CELS y FOPEA a periodistas cercanos a la gestión del presidente Javier Milei como Eduardo Feinmann.
"Una burrada ese decreto, no sé quien es el autor intelectual. Algunos dicen que es Santiago Caputo, que detrás de ese decreto limita el acceso a la información", dijo Feinmann durante su programa en Radio Mitre. El periodista y conductor de La Nación+ cuestionó a la también supuesta ideóloga de la medida, la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy. "Qué lindo mamarracho escribiste Mery, qué fenómeno. Menos mal que participás de un gobierno liberal. Deberías leer, ¿no te enseñaron en la facultad? ¿No leíste a Alberdi? Te lo recomiendo", se quejó.
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El lunes pasado, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el DNU 780/2024 con el que modificó el alcance de las definiciones de “información pública” y “documentos” y estableció que no sea obligatorio para el Estado informar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Al conocerse este decreto, casi 70 organizaciones se manifestaron en contra de la medida a través de un comunicado titulado "Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública”. Entre las organizaciones que firmaron el comunicado están la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Directorio Legislativo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano. "Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016", afirmaron.
Por su parte, distintos bloques de la Cámara de Diputados también manifestaron su rechazo al DNU, como fue el caso de Encuentro Federal, que realizó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer los alcances de las restricciones impuestas. "En caso afirmativo, informar los fundamentos esgrimidos por la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) para acompañar o rechazar el Decreto 780/2024", indicaron los legisladores.
A través de un proyecto de resolución, y a instancias de una iniciativa de Margarita Stolbizer, la bancada que preside Miguel Pichetto expresó "preocupación" ante un hecho que considera que "desvirtúa el espíritu de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública".
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, detalló en diálogo con Radio Provincia que el espacio presentó "un proyecto de resolución en contra del decreto" y explicó: "Ellos lo disfrazan como una reglamentación del contenido de la ley" para que se tome como una "atribución del Poder Ejecutivo".
El diputado de Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, realizó una crítica a través de su cuenta oficial en la plataforma X y calificó al Gobierno como "los menos liberales del mundo": "Es notable como los 'liberales, menos liberales del mundo' se extralimitan en reglamentar e interpretar las leyes de manera tan restrictiva y peligrosa. El derecho a la información es un derecho ciudadano que no puede ser encarcelado por decreto ni aplicado a merced de los gobiernos de turno; sólo puede ser regulado por una ley del Congreso. ¿Dónde quedó el tan defendido derecho a la información?".
La diputada radical Karina Banfi, por su parte, señaló que "el acceso a la información pública es un derecho humano". "En el gobierno de Cambiemos logramos que la información sea ciudadanos. El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no", subrayó.
También la exdiputada del PRO y miembro del Consejo Nacional del partido amarillo Laura Alonso pidió "no retroceder" con medidas que afecten el acceso a esa información. "Avanzamos en 2016 con la ley de acceso a la información pública después de muchos años de opacidad. No retrocedamos", escribió en su cuenta de la red social X.
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