El Gobierno de Río Negro licitó la construcción de 30 viviendas en Viedma junto a la Cooperativa de Vivienda Santa Clara, a la que el 21 de agosto recibió en la Casa de Gobierno y presentó como una entidad activa, con Felisario Melillán como su presidente. Sin embargo, tres días después, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales estableció que la cooperativa no presenta “visos de regularidad” desde 2015, tiene retirada su autorización nacional para funcionar y avanza hacia su disolución y liquidación.
Según una investigación del medio local 2920, consignada por el sitio Realpolitik, la contradicción está documentada y expone al Gobierno de Alberto Weretilneck a un cuadro que excede lo administrativo: fondos públicos millonarios, viviendas licitadas muy por encima de referencias de mercado, una cooperativa cuestionada que intervino en la selección de beneficiarios, y una desconexión entre organismos de la misma administración provincial.
El vínculo entre la provincia y Santa Clara se formalizó el 15 de mayo de 2024, cuando Weretilneck presentó el programa Camino a Casa y firmó un acuerdo para construir 50 viviendas sobre terrenos de la cooperativa. La primera etapa, de 20 unidades, fue adjudicada en septiembre de ese año: Sylpa SRL había ofertado 1.157 millones de pesos y Oriente Construcciones SA, 1.223 millones.
Esas viviendas se entregaron en marzo de 2026. Según documentación relevada por el medio Noticias Río Negro, el costo final ascendió a 1.671 millones de pesos: unos 83,6 millones por unidad, para monoambientes evolutivos de apenas 36 metros cuadrados.
El 19 de agosto de 2026, el IPPV licitó las 30 viviendas restantes. En esa misma publicación, el organismo reconoció que "los adjudicatarios de las futuras 30 viviendas ya fueron seleccionados por la Cooperativa Santa Clara". No fue, entonces, un socio secundario: aportó los terrenos, intervino en la distribución de lotes y eligió a las familias que accederán a viviendas financiadas con fondos públicos. El Gobierno no exhibió hasta el momento los criterios de esa selección, ni actas, ni controles sobre las nóminas.
Monoambientes por encima del precio de mercado
La apertura de sobres para las 30 nuevas unidades se hizo el 21 de agosto. Oriente Construcciones ofertó 2.921 millones de pesos, y Sylpa, 3.177 millones: unos 97,4 y 105,9 millones por vivienda, respectivamente. Sobre el mismo prototipo de 36 metros cuadrados, eso equivale a entre 2,70 y 2,94 millones de pesos por metro cuadrado.
Noticias Río Negro relevó una vivienda privada terminada en Viedma, de 38,6 metros cuadrados con dormitorio independiente, baño completo y cocina-comedor, valuada en 1,80 millones por metro cuadrado. Contra esa referencia, la oferta de Oriente resulta un 50% más cara, y la de Sylpa, un 64%. La comparación es todavía más desfavorable si se considera que las unidades privadas están terminadas, mientras que las de Camino a Casa son monoambientes que las familias deberán ampliar por su cuenta. Según testimonios de adjudicatarios, las primeras 20 viviendas se entregaron sin artefacto de cocina, termotanque ni calefactores, y sin habitaciones separadas.
A eso se suma que el costo no incluye la compra de los terrenos: pertenecen a la propia cooperativa y ya contaban con servicios ejecutados por programas previos del IPPV y el municipio de Viedma.
MÁS INFO
La disposición 0222/2026, firmada por el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Posse, se originó en un reclamo de asociados de Santa Clara que cuestionaron decisiones asamblearias. El texto confirma que el INAES había retirado la autorización de la cooperativa mediante las resoluciones 879/2024 y 1364/2024, en los términos de la ley 20.337, y que la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo nacional ratificó ese marco sancionatorio en junio de 2026. La provincia describió la situación como un "estado irremediable de disolución y liquidación".
Pese a eso, el 21 de agosto funcionarios provinciales permitieron a Melillán participar de la apertura de sobres, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el titular del IPPV, Mariano Lavín; el legislador de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; y el intendente de Viedma, Marcos Castro. Lavín llegó a agradecer la participación de la cooperativa y afirmó que la provincia había salido "al rescate" del proyecto.
Queda sin respuesta cuándo fue informado el IPPV sobre las resoluciones del INAES, qué dictamen permitió sostener el convenio pese a esa información, quién verificó la capacidad jurídica de Santa Clara para seleccionar beneficiarios, y si la subsecretaría de Cooperativas comunicó las irregularidades a los otros organismos involucrados.
La segunda etapa todavía no fue adjudicada, por lo que no puede hablarse de un sobreprecio efectivamente pagado. Pero el Gobierno deberá explicar si avanzará con ofertas hasta 64% superiores a una referencia privada, con una cooperativa que la propia provincia ya había declarado en disolución.