Un proyecto de ley elaborado por el legislador entrerriano, Guillermo Michel, promueve avanzar con la terminación del Convenio para Evitar la Doble Imposición firmado entre Argentina y el Reino Unido. La iniciativa parlamentaria insta al gobierno de Javier Milei a dejar sin efecto los privilegios a los que acceden las empresas británicas en materia de los impuestos sobre las rentas y el capital. Los beneficios fiscales que otorga el acuerdo firmado en 1996 le cuestan alrededor de 50 millones de dólares anuales.
El Convenio de Doble Imposición entre Argentina y Reino Unido otorga privilegios a las empresas inglesas que obtienen rentas en el país. Las compañías británicas se benefician con la cláusula del acuerdo que establece un tope para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías. “Hay más de 500 contribuyentes del Reino Unido que han utilizado en los últimos años los beneficios fiscales del Convenio, y muy pocos argentinos que han efectuado el beneficio de manera recíproca. Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina”, expresó el diputado peronista Michel.
El mecanismo para dar de baja esos beneficios multimillonarios es mediante la “denuncia” del convenio. Se trata de un mecanismo que se encuentra expresamente contemplado en el propio Convenio. El artículo 31 establece que cualquiera de los Estados puede denunciar por canales diplomáticos, mediante una comunicación efectuada con al menos seis meses de antelación a la terminación del año calendario, y determina los plazos a partir de los cuales la denuncia produce efectos respecto de los distintos tributos.
El legislador que promueve los cambios legislativos remarcó que “Argentina cuenta con instrumentos destinados a proteger sus derechos soberanos y sus recursos naturales”. El legislador se refirió a las leyes que establecieron el régimen de prohibiciones y sanciones aplicable a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente ( la Ley 26.659, posteriormente modificada por la 26.915).
En ese sentido, el diputado peronista manifestó que “la decisión del Gobierno de retomar la aplicación de este régimen frente a las actividades hidrocarburíferas ilegítimas debe ser acompañada por una política integral y coherente respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral”.
Desde la perspectiva del legislador que durante muchos años se desempeñó en roles prominentes en la AFIP y Aduana, “si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”.
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El proyecto de ley impulsado por Michel propone poner fin al tratamiento tributario preferencial derivado del Convenio bilateral para evitar la doble imposición en tanto la persistencia de acciones unilaterales británicas que afectan los derechos soberanos argentinos y permiten la explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía resulta incompatible con el mantenimiento de un régimen bilateral que otorga beneficios tributarios recíprocos entre ambos Estados.
“No resulta coherente proclamar el endurecimiento de las sanciones frente a quienes participan de la explotación ilegítima de recursos naturales argentinos y, al mismo tiempo, mantener inalterados instrumentos que conceden beneficios tributarios en la relación económica bilateral con el Reino Unido. La defensa de la soberanía requiere consistencia entre la posición diplomática argentina, la protección de nuestros recursos naturales y los instrumentos que regulan la relación económica con dicho país”, concluyó.