La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nª2, Marta Elba Pascual, hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad y suspendió en la provincia de Buenos Aires por dos meses la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada en febrero de 2026 en el Congreso.
La magistrada habló sobre el fallo en radio Now 97.9 y aclaró que “no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años” aunque defendió su decisión y subrayó que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados. “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó.
El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y modifica las condiciones para la aplicación de las penas. Pascual puso el foco en la capacidades de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.
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En ese sentido, la jueza dijo que “nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14 años” y explicó que “no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad”.
La funcionaria contó que en sus fallos aplica la “justicia restaurativa”, que apunta a “restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos”. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. Hoy está al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
En esa línea, reclamó por mecanismos relacionados “con oficios, actividades adentro, terapia” y consideró que “si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”.
“Esto quiere decir: ¿Qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?”, preguntó. Al respecto, consideró que “hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente”.