El Gobierno nacional difundió los proyectos de ley elaborados por el Consejo de Mayo en los últimos meses del 2025: algunos de ellos serán tratados en el período de sesiones extraordinarias de diciembre y otros deberán esperar algunos meses para su debate, con el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso. La ley de "inviolabilidad a la propiedad privada" entra en ese último grupo pero, a pesar del tiempo que pasará hasta su tratamiento, quedó claro que los especuladores del sector inmobiliario son uno de los grandes grupos beneficiados.
La iniciativa incluye varios cambios a las legislaciones actuales para facilitar los desalojos, dándole nuevas atribuciones a las fuerzas de seguridad y acortando plazos. Más abajo en el documento, se profundizan las intenciones de cambios a las normativas, con el objetivo de ayudar a distintos sectores que rara vez pierden.
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La especulación inmobiliaria
Uno de los apartados del documento modifica el régimen de que regula el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), cuyo objetivo debería ser el uso social de las viviendas incluidas en el programa estatal. "La finalidad de la primera adjudicación de las viviendas regularizadas será la de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, contemplando el comercio familia", explicó, antes de poner el foco en el tema que preocupa a los especialistas. "Las ventas y/o transferencias y/o transacciones y/o actos de disposición de los inmuebles que se efectúen posteriormente, podrán celebrarse a cualquier persona humana y/o jurídica, y sin limitación alguna en relación al fin y/o destino que el nuevo propietario decida darle", establece el proyecto de ley del Gobierno.
El Gobierno busca dar pie a que se incremente la especulación financiera, ya que autoriza a que estos terrenos a cualquier persona humana o jurídica, mientras que en la legislación actual está especificado que solo se pueden transferir a personas humanas. "La reforma a la Ley de Integración Socio Urbana esconde un mecanismo de gentrificación detrás de un discurso de propiedad. Si bien el proyecto garantiza cuotas accesibles para la primera adjudicación de viviendas, introduce una modificación letal para el tejido social: permite que, inmediatamente después, esas viviendas sean vendidas a corporaciones inmobiliarias sin ninguna restricción de uso o destino", explicó en diálogo con El Destape la ingeniera María Eva Koutsovitis, integrante de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
"Esto transforma el suelo de los barrios populares en un activo financiero especulativo. Al permitir la venta a personas jurídicas para cualquier fin, se abre la puerta a desarrolladores que comprarán lotes regularizados para expulsar a los vecinos y construir proyectos de lujo. Este desplazamiento de la comunidad original mediante la presión del mercado, se conoce como gentrificación", agregó Koutsovitis.
Esta reforma propone un "modelo de reurbanización vía mercado", opinó el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. "Otorga títulos de propiedad con facilidades de pago iniciales muy protectoras (tope del 20% de ingresos), pero diseña el sistema para que, una vez titulado, el suelo pueda ser absorbido sin trabas por el capital inmobiliario corporativo, eliminando el carácter de 'suelo social' a perpetuidad y permitiendo que las familias deban afrontar en soledad la presión del mercado inmobiliario", consideró y agregó: "También se deroga la obligación de adjudicar el 25% de las obras a cooperativas. Una decisión a favor de las grandes constructoras”.
Además, la iniciativa tiene la intención de eliminar el artículo que obligaba a que todas las obras que se hagan en barrios populares estén realizadas por cooperativas en un mínimo de 25%. "Borran a las cooperativas", señaló en diálogo con El Destape Fernanda García Monticelli, ex subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), antes de repudiar el permiso para que personas jurídicas, como por ejemplo grandes empresas, puedan comprar los terrenos: "Los barrios, que eran barrios populares, terminan con la presión inmobiliaria. Los terminan comprando los desarrolladores para hacer en esos lugares barrios cerrados".
Las elecciones de octubre envalentonaron al Gobierno: con la primera minoría en la Cámara de Diputados y un aumento considerable de bancas en el Senado, buscan impulsar las reformas a las que, de alguna forma u otra, un sector de la sociedad les pudo poner un freno en la primera mitad del mandato libertario. Por eso, el desafío inmediato de la oposición es evitar estos avasallamientos que busca legalizar el oficialismo.
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