Después de que este lunes saliera publicado en el Boletín Oficial el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma de movilidad jubilatoria, la abogada Valeria Carreras presentó una denuncia contra el jefe de Estado. La demanda, que alcanza también al director del PAMI, Esteban Leguizamo, es por "la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"Como es de público y notorio en los últimos 10 días se han sucedido una serie de hechos desde el Poder Ejecutivo contra los adultos mayores de la República Argentina, más precisamente los beneficiarios de la seguridad social, jubilados y pensionados. Me refiero tanto al veto presidencial de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación (con voto favorables de todos los espacios políticos exceptuando el oficialismo LLA), como al recorte de cobertura al 100% en más de 44 medicamentos para beneficiarios del PAMI", comenzó la abogada al relatar los hechos.
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Y siguió: "Ambas medidas configuran un ataque a la población más vulnerable, la que viene más golpeada históricamente, por sus magros ingresos. En esta ocasión el perjuicio es mucho más peligroso que una fórmula matemática dentro del presupuesto nacional, porque en esta ocasión se vulnera el derecho a la salud de nuestros mayores y acarrea un aumento del riesgo de vida de cada uno de ellos".
Además, marcó que "vía" la inflación y la devaluación, "sus ingresos mensuales no les alcanzan ni siquiera para 'sobrevivir' y quedaron alejados en forma absoluta de la canasta básica $563.507,63". "Siendo que la mayoría de los adultos mayores perciben una jubilación o pensión mínima, la cual con ayuda del bono apenas llegan a los $300.000, la ecuación es simple, no pueden cubrir las necesidades básicas, me refiero a 'alimentación'", continuó.
"Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significaría un aumento ínfimo pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una fórmula de actualización mínimamente realista, estamos frente a una conducta que podría tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino también frente a conductas que podrían encajar en un plan sistemático contra los pasivos de nuestra sociedad, tal vez como un modo de 'equilibrar los números'", siguió la abogada, quien agregó que no deberá investigarse como un hecho aislado, "sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor".
Por otra parte, pidió que sea investigada "la quita de cobertura al 100% de medicamentos para afiliados a PAMI". "Los abuelos se quedarán no solo sin el poder adquisitivo mínimo e indispensable, sino que también quedarán sin medicación gratuita, entonces sin la debida alimentación y sin cubrir los tratamientos farmacológicos para sus enfermedades crónicas, quedan expuestos al peor final, o al adelanto del final que todos tendremos, la muerte".
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