Otra vez la Gendarmería en un caso de gatillo fácil

La Gendarmería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está nuevamente involucrada en un caso de gatillo fácil y violencia institucional en el norte argentino. En diciembre, en Aguas Blancas (en la frontera de Salta con Bolivia) y en el marco del polémico Plan Guemes, un bagayero de 27 años, Fernando Martín Gómez murió en un operativo. Un nuevo caso pone en mira a la fuerza de seguridad, esta vez en la provincia de Jujuy.

El pasado jueves 6 de febrero, Ivo Torres de 22 años, perteneciente a la comunidad coya de San Juan de Quillacas se desplazaba en motocicleta, mientras Gendarmería realizaba un procedimiento en la zona fronteriza con Bolivia. El joven fue perseguido y acribillado. Murió en el lugar inmediatamente.

Ivo recibió dos disparos: uno en el brazo y otro en la espalda. La moto presentaba siete disparos. Nueve balas utilizadas en el operativo que solo duró unos minutos. En declaraciones judiciales los miembros de Gendarmería dijeron que solo se había realizado “un tiro preventivo”. Sin embargo esto quedó desestimado.

Si bien al principio se decía que el joven estaba armado, rápidamente fue desmentido por familiares y amigos. Ivo solo llevaba hojas de coca y otros artículos que había comprado en Villazón para su comunidad, donde se desempeñaba como agricultor y era estudiante de turismo.

Por el hecho cuatro gendarmes del Escuadrón 21 de la Quiaca están imputados de homicidio agravado. Ellos son: el subalférez Alexander Gunther, el sargento Walter Daniel Álvarez, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Enciso. Dados los hechos la causa pasó al juzgado federal. Las cuatro personas imputadas quedaron con prisión preventiva.

El abogado de la familia de la víctima, el Dr. Carlos Sebastián Espada habló con El Destape y opinó: “Es un caso de violencia institucional pocas veces visto en la historia de nuestra provincia. Una persona que iba en su motocicleta que se cruza con un vehículo de Gendarmería donde iban cuatro efectivos, le dieron el orden de alto (según lo que dicen) y se inicia una persecución y se abre el fuego” señala el letrado.

Espada además rescata el accionar del Juez que comprendió la magnitud del hecho al disponer la prisión preventiva para los cuatro miembros. “Se formalizó la acusación de domicilio agravado por alevosía en la condición de que son miembros de seguridad, es la calificación legal que nosotros esperábamos. Fue importante y acertado dadas las inconsistencias de sus declaraciones”.

Y agregó: “La jueza remarcó la magnitud del caso de lo insólito de que una persona por no responder una orden de "alto" sea agredida por disparo de fuego, que le cueste la vida a un joven”, resalta Espada. 

¿Discriminación y crimen de odio?

El abogado de la familia expresa que la medida fue querer intimidar al joven: “Mi impresión es que como no le hicieron caso al orden de alto se lo quiso adoctrinar” resalta Espada. Sin embargo grupos originarios de la zona acusan a las fuerzas de discriminar a los jóvenes del lugar y exigen justicia.

Fabiola Suarez referente de la mesa coordinadora contra violencia institucional en dialogo con el Destape dijo “Fue muy impactante el caso de Ivo porque es un jovencito de 22 años y estamos viendo que desde que asumió el gobierno a más de un mes de la muerte de Gómez en Oran ahora sucede esto pero no nos sorprende y es el resultado de los discursos de odios del Gobierno y su brazo ejecutor son las fuerzas nacionales”. Y agregó: “Es un crimen de odio porque es un joven originario de condición humilde y es adonde apuntan, por eso lo mataron”.