Alrededor de 20 millones de argentinos y argentinas tienen deudas con bancos y billeteras virtuales. Según información que brindaron desde el Frente Renovador bonaerense, “el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa”, y de ese porcentual, “el 76% no está en condiciones de realizar un pago regular”. La irregularidad bancaria en créditos a familias en 1 año “se multiplicó por 4”, y esa la deuda pasó de representar 1,5 a “3,5 salarios promedio en tres años”, destinada a alimentos, alquiler, tarifas y medicamentos. El peronismo se aglutina detrás de esta problemática y presenta distintos proyectos para dar solución a ello.
Ante dicha crisis de época generada por las medidas políticas del gobierno nacional, la diputada massista bonaerense, Sofía Vannelli, propone modificar la “Ley de Consumidores provincial N°13.133 para incorporar el crédito responsable, la ficha estandarizada del crédito, un mínimo vital protegido, un proceso administrativo gratuito en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y un proceso judicial de rehabilitación”.
La legisladora explicó que los créditos que otorgan las fintech y billeteras virtuales son “créditos irresponsables”, ya que están “sin topes de tasas, es decir, tienen tasas excesivas". En ese sentido, también apuntó al acoso de los cobradores, que en la Provincia pasó de 393 a 1.237 denuncias: “Esto de estar llamando a cualquier horario no va, de estar contactando a tu empleador tampoco, y esto de estar contactando a tu familia menos”, agregó.
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Dentro del sistema judicial, la diputada propone un proceso en el área de Competencia Civil y Comercial o Justicia de Paz del domicilio real de la persona consumidora. El primer beneficio sería el de poder litigar sin generar gastos. El objetivo sería que se abra un proceso en 10 días en donde se disponga la suspensión de ejecuciones, subastas, intereses moratorio y punitorios, y haya un cese de gestiones extrajudiciales de cobro.
Respecto de los acreedores, se los citaría para que en el plazo de 15 días se verifique el cobro y pueda presentar una oposición. Se realizaría un informe técnico sobre el crédito otorgado (mala fé) y luego de ello, se convocaría a una audiencia en 10 días para buscar un acuerdo de pago con quitas, reducciones, reordenamiento o esperas. El Plan de Pagos debería realizarse en base al mínimo vital protegido (homologación).
Más proyectos en la Legislatura
El primer proyecto a esta problemática lo presentó el año pasado la diputada provincial del MDF, Ana Balor, quien propone modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios e incorporar el concepto de “sobreendeudamiento”. Además, establece una instancia prejudicial para bajar la morosidad actual.
El expediente D 1748/25-26 ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense en agosto de 2025 y debe tratarse en la comisiones de Derecho del Consumidor, Asuntos Municipales y Legislación para luego pasar al recinto. En diálogo con El Destape, la autora del proyecto contó que “es una situación que veníamos viendo hace varios meses en la calle. Muchos vecinos nos contaban que tenían una deuda, no podían cubrirla, tomaban otra deuda y los intereses se iban por las nubes”.
El objetivo es que, en el inicio de actuaciones administrativas por sobreendeudamiento y reestructuración de deuda, se “suspendan las actuaciones judiciales por cobro de los créditos y préstamos para el consumo adeudados, por un plazo de 90 días hábiles, contados desde el inicio de las actuaciones administrativas hasta el dictado de la resolución definitiva”. De esta manera, se evitaría que la morosidad aumente y se llegaría a un plan de reestructuración posible para poder afrontar el pago de la deuda en su totalidad.
Dentro del protocolo planteado se propone que la persona afectada deba acreditar “la relación de consumo con el acreedor proveedor”, “su situación patrimonial”, y “el estado de sobreendeudamiento”, aportando la documentación necesaria . De esta manera, la autoridad deberá citar a los acreedores dentro del plazo de 5 días hábiles.
Según se detalla en los fundamentos, “el hecho de recurrir a instrumentos financieros para diferir el pago de consumos básicos o, incluso, financiar su pago en cuotas, expuso a muchas familias con poca o ninguna educación financiera al riesgo de tener que cumplir con esos vencimientos al tiempo que debe continuar afrontando los gastos cotidianos”.