La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños y dependiente del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, está siendo desguazada, un ajuste que no solo afecta las políticas de difusión de Memoria por la Verdad y la Justicia, sino que puede derivar en un estancamiento de los juicios de lesa humanidad por los crímenes de la última dictadura cívico militar.
A fin de año, el Gobierno nacional anunció que el Centro Cultural Conti, ubicado en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como un centro clandestino de tortura y exterminio durante la dictadura, cerraría desde el 2 de enero. Por ese motivo, enero de 2025 llegó agitado: tras el abrazo a la ex ESMA del 27 de diciembre, el 4 de enero se hizo un festival masivo en contra de estas políticas contra la memoria.
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Son cerca de 50 los telegramas de despidos que llegaron a trabajadores del Conti, indicaron a El Destape desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia. Estos nuevos despidos se sumarían a los más de 250 que se realizaron desde marzo de 2024 en el área de derechos humanos. "Estamos tratando de tener una respuesta de la gestión, que suele ser bastante despiadada y dura con los trabajadores", agregaron las fuentes de ATE.
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Antes del primer abrazo al Conti, las redes sociales del centro cultural expresaron: "Muchos de ustedes saben, conocen y suponen el trabajo que la Secretaría de Derechos Humanos llevó adelante en las últimas décadas. Saben, por ejemplo, que se ocupó de ser la querellante principal en los juicios por delitos de lesa humanidad. Saben también que en el archivo nacional de la memoria se guarda, ordena y cuida una parte imprescindible de la historia de este país. Las palabras de las personas comunes que cuentan y piensan nuestra vida como pueblo". Y agregaron: "Cerrar la Secretaría es atacar una historia que no solo costó sangre, sino también debates y consensos dificilísimos. Encima lo hacen con cobardía, con la complicidad de la inercia de esta época".
Cómo puede afectar a los juicios de lesa humanidad
En 2025, a casi 50 años del comienzo de la última dictadura, siguen los juicios de lesa humanidad contra los represores. Mientras algunos genocidas condenados reclaman para que les den el beneficio de la prisión domiciliaria con el apoyo público de funcionarios y dirigentes del oficialismo de Javier Milei, otros todavía son juzgados por las atrocidades que hicieron entre 1976 y 1983. Muchas de ellas, en la entonces ESMA.
Sin embargo, tarde o temprano, estos juicios van a verse afectados por el brutal recorte en las políticas de derechos humanos. "Limita enormemente las investigaciones, la obtención de datos probatorios para los juicios, el impulso por parte de la Secretaría como querellante, y todo quedará en manos de los fiscales y de sus recursos propios, bajo las directivas del procurador general de la nación, que es (Eduardo) Casal", alertó en diálogo con El Destape Ciro Annicchiarico, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en los juicios de lesa humanidad.
ATE se declaró en estado de asamblea permanente
En medio de los despidos masivos en el Estado, ATE declaró la asamblea permanente en toda la administración pública a partir del lunes. La medida se anunció después del festival que se hizo en la ex ESMA contra el cierre del Conti. "Atacan las políticas de derechos humanos porque son negacionistas y quieren legitimar los crímenes atroces de la dictadura cívico militar. Frente a esto tenemos que evitar el cierre y defender todos los espacios de la memoria. Detrás de cada puesto de trabajo que se elimina en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que pierde la sociedad", declaró el secretario general del gremio de estatales a nivel nacional, Rodolfo Aguiar.
En medio de un ataque sistemático a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, con represores exigiendo beneficios a pesar de estar en unidades penitenciarias vip y con un ministro de Justicia que no tiene reparos en regodearse de sus embestidas contra los organismos de derechos humanos, las protestas por las políticas pro dictadura de algunos funcionarios copan la agenda de conflictividad. Por ahora, el Gobierno hace oídos sordos.
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