La Corte Suprema ya está en condiciones de resolver si confirma la condena contra CFK y la envía a prisión. El momento no puede ser más oportuno para el presidente Javier Milei, que hace unos días dio por hecho que CFK irá presa. Al igual que Mauricio Macri, Milei contará con el lawfare para tapar los desfalcos y el descarrío de su política económica. Al igual que a Macri, a Milei eso no le va alcanzar, pero espera que los titulares de CFK presa distraigan aunque sea un rato la atención sobre la verdadera corrupción que existe en la Argentina: la bicicleta financiera organizada por segunda vez por el ministro Luis Caputo; la primera, que ya ejecutó en 2018, no tuvo condena y quedó impune. Comodoro Py cuando quiere es una ameba, cuando quiere una chita. Al igual que Macri, Milei intenta llegar a las elecciones con fondos frescos de un FMI reticente a que vuelvan a rifar su dólares y la oposición silenciada. Y todos estos elementos, y no las pruebas ni el Código Penal, son los que determinarán el destino de CFK, hoy en manos de una Corte amañanda entre jueces del lawfare, representantes de las grandes empresas y puestos a dedo sin cumplir con la Constitución.
Que el caso tenga apenas unas horas en la Corte no es óbice para que resuelvan. Hay que recordar que el máximo tribunal no resuelve los expedientes por orden de llegada sino de forma discrecional y arbitraria, sin que exista una cronograma de casos trascendentes ni nada similar. Los cortesanos no tienen plazos ni controles, simplemente firman y resuelven cuando quieren.
¿La Corte tendría que explicar su decisión? No. Entre tantos privilegios la Corte Suprema puede resolver los casos mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal. Quienes conocen la jerga judicial lo llaman “planchar” el expediente. Para los mortales significa que dejan el caso tal como está sin justificarlo. Sí, el máximo tribunal del país puede resolver así un caso de tanta trascendencia como la confirmación de una condena a prisión a CFK y no son pocos los que aventuran que lo harán de esta forma.
Hay, de hecho, un antecedente no menor: el de Amado Boudou. El ex vicepresidente fue condenado en la causa Ciccone, tan armada y disparatada como Vialidad, el caso por el que condenaron a CFK. A Boudou lo acusaron de haberse quedado con una fábrica de billetes cuando la única fábrica de billetes que tocó es la que tenían Héctor Magnetto y otros empresarios y que se dedicaba a estafar a los jubilados a través de las AFJP. El mecanismo era sencillo: las empresas crearon AFJPs, con ellas captaban aportes de millones de trabajadores y ese dinero lo traspasaban de las AFJP a sus propias empresas a través de la compra de acciones a precio inflado. O sea, usaban la plata de los futuros jubilados y la inyectaban en sus otras compañías.
El pecado de Boudou fue la idea de estatizar las AFJP. “Fue la medida más importante de mi primer gobierno” escribió CFK en su libro “Sinceramente”. Y recalcó que lo fue “en todo sentido: simbólico, económico y político”. Se le puede sumar que imperdonable para el poder que usufructuaba esos mecanismos. Y se lo cobraron.
En el caso de Boudou fue incluso más burdo: tal como reveló El Destape, el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, el testigo clave para lograr la condena. Nada importó. El juez Ariel Lijo, que hoy pelea por un lugar en la Corte, lo metió preso apenas comenzó la causa; luego un tribunal lo condenó; y finalmente la Corte Suprema confirmó la condena sin justificar su decisión, amparándose en artículo 280. Es más que probable que este sea el derrotero de CFK.
¿Quienes resolverán el caso? Hay tres jueces que intervendrán seguro. Uno es Ricardo Lorenzetti, que se promocionaba como benévolo en su voto a cambio de que los senadores peronistas habilitaran la llegada de su aliado Ariel Lijo al máximo tribunal. No era un argumento jurídico sino de poder: Lorenzetti quiere recuperar la presidencia de la Corte y pretende que Lijo, hombre de su escudería, llegue al tribunal para sumar un poroto en la votación interna por el control de la cabeza del Poder Judicial.
Lorenzetti no le explicó a nadie, o nadie le preguntó, porque desandaría el camino del lawfare que lo tuvo como uno de sus principales constructores. En criollo, Lorenzetti fue quien diseñó la fase judicial de la persecución política y ahora prometía contradecirse a cambio de un favor. Poco creíble.
Ese favor aún tiene un capítulo a definirse este jueves, cuando el Senado trate el pliego de Lijo. Ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, pero la clave está en el plenario donde la Constitución exige dos tercios de los senadores presentes para aprobar su llegada a la Corte. Los bloques del peronismo creían tanto en la promesa de Lorenzetti como en la de Lijo de que votarían a favor de CFK cuando se dirimiera la posibilidad de su prisión y por eso no rechazaron su postulación. Es probable que ya hayan comprendido que no era una buena solución. Tienen 34 de 72 votos, así que tienen la capacidad de bloquear la llegada de Lijo a la Corte.
Los otros dos jueces que seguro serán parte de la definición del destino de CFK son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ambos aceptaron violar la Constitución cuando Macri los designó por decreto aunque luego se sometieron al procedimiento legal para llegar a sus cargos, algo que lograron con el apoyo del bloque peronista de entonces.
Si Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte, fue el ideólogo del lawfare, Rosatti y Rosenkrantz, que lo sucedieron en el trono que controla el máximo tribunal, fueron los garantes de que continuara hasta hoy.
La duda es qué sucederá, en principio, con Manuel García Mansilla. Los abogados de CFK ya plantearon su recusación porque es evidente que no está garantizada su independencia e imparcialidad. El motivo es sencillo: García Mansilla fue designado “en comisión” por Milei, algo ilegal. Su continuidad, además de lo que resuelva el Senado este jueves, depende de que el propio Milei decida, por ende, está condicionado a lo que ponga en sus votos. Los abogados de CFK recuerdan que en la charla que tuvo con Luis Majul y Horacio Cabak (asiduo visitante de Olivos en las noches de ópera y debate que convoca el presidente), Milei dijo varias veces que CFK terminaría presa. Y ahora el juez que puso a dedo podría intervenir en esa decisión.
"Me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo puede designar jueces en comisión y que fallen en favor de los intereses del Poder Ejecutivo aún cuando entren a la Corte aún en el plazo corto de un año. Sí, es posible", dijo García Mansilla en la audiencia que tuvo en la Comisión de Acuerdos en el Senado. Ahora pasa exactamente eso: fue designado en Comisión y el presidente la pide públicamente que vote por meter presa a CFK.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a CFK en esta causa, presentaron el recurso de queja ante la Corte. Es el último intento de revocar la condena que le dictó el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tras la acusación del fiscal Diego Luciani. Un buen motivo para anular la condena sería recordar que el juez Giméńez Uriburu jugaba el fútbol con el fiscal Luciani en un torneo organizado en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri. Otro que los jueces de la Cámara de Casación que confirmaron la condena fueron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, asiduos visitantes de Macri en Olivos y la Casa Rosada, tal como reveló El Destape.
En el escrito de 10 páginas de 26 renglones cada una (tal como marca el reglamento), los abogados de CFK plantearon 6 motivos. El primero, que en todas las instancias judiciales “se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal”. El segundo, que los jueces del tribunal que la condenó “incorporaron a su sentencia supuestos argumentos y pruebas de cargo nunca planteados por la Fiscalía”, o sea, de los que CFK nunca se pudo defender y sobre los que no se discutía.
El tercer planteo es que “se violó gravemente el principio de congruencia toda vez que CFK fue condenada por una conducta por la cual no fue indagada ni procesada ni requerida su elevación a juicio, consistente en haber ordenado el cese ejecutivo del delito (hecho 6 definido por los fiscales como ‘plan limpiar todo’).” Y agregaron: “Para peor, esta falsa imputación fue construida a partir de un informe pericial producido en otro proceso, sin el control de esta defensa (presuntos mensajes de texto extraídos de un teléfono celular atribuido a José López) y sin que se le permitiera a CFK ejercer su derecho a ser oída en torno a esta cuestión”.
En cuarto lugar argumentaron “la existencia de otras graves violaciones al derecho de defensa en juicio” ya que, valga la redundancia, no le permitieron a CFK defenderse como corresponde ni hubo, por ejemplo, pericias a toda la obra pública supuestamente investigada. En quinto que “ se vulneró la garantía de la cosa juzgada al restarse toda entidad a un pronunciamiento de mérito firme que descartó la ilicitud de cuarenta y nueve de los cincuenta y un contratos de obra pública aquí enjuiciados”. Por último, los abogados de CFK plantearon que se violaron los principios de legalidad, culpabilidad e inocencia.
En resumen, CFK fue víctima de una causa armada, llevada adelante por jueces con estrechos vínculos con el macrismo, que descartaron cualquier tipo de investigación y a la vez tomaron retazos de expedientes donde la ex presidente fue declarada inocente para armar un escenario que les permitiera inventar una condena que ahora tiene que revisar la Corte en este contexto donde Milei necesita dólares para sostener el año electoral.
¿CFK podrá ser candidata? ¿Quiere serlo? Por ahora sólo dio indicios de que mantiene la inexplicable interna con Axel Kicillof que la hace no ser oficialista en la provincia de Buenos Aires ni, por supuesto, en la Nación. Pero lo cierto es que su futuro político ahora depende de esta Corte y de este contexto.
Cerrar sesión